Pedirán pericias psicológicas y psiquiátricas a los dos galgueros acusados de matar al ñandú
El fiscal Nelson Mastorchio avanzará con nuevas medidas contra los imputados por la cacería del ñandú en La Violeta. El juez Fernando Ayestarán recalificó los delitos y rechazó las detenciones.
El fiscal Nelson Mastorchio solicitará pericias psicológicas y psiquiátricas para Matías Matkovich y Nahuel Martínez, los dos galgueros acusados de ingresar sin autorización al establecimiento rural El Tauro, en la zona de La Violeta, y matar a un ñandú que había sido criado como mascota durante casi tres años. El episodio ocurrió el domingo 30 de agosto y tomó trascendencia pública luego de que se difundieran imágenes de la cacería con perros galgos.
La Fiscalía N° 3 también deberá avanzar en los próximos días con la citación de ambos imputados a una audiencia indagatoria para formalizar las acusaciones por los delitos establecidos por el Juzgado de Garantías N° 3. Los sospechosos continúan vinculados a la investigación, aunque el juez Fernando Ayestarán rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal Mastorchio.
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La resolución judicial modificó la calificación legal inicial de robo en despoblado y encuadró el episodio como violación de domicilio, daño y actos de crueldad animal. Los tres delitos fueron considerados en concurso ideal, por lo que la conducta atribuida a los acusados deberá ser investigada bajo ese marco legal.
Pericias a los galgueros
Entre las medidas que impulsará el Ministerio Público Fiscal se encuentran las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas de los dos imputados. Estas diligencias se incorporarán al conjunto de actuaciones destinadas a profundizar la investigación sobre lo ocurrido en el establecimiento rural y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponderles.
La Fiscalía N° 3, a cargo de Nelson Mastorchio, deberá convocarlos a prestar declaración indagatoria, instancia en la que se les comunicará formalmente la imputación y podrán ejercer su derecho de defensa. La atribución de responsabilidad se sostiene, por el momento, en calidad de coautores, de acuerdo con el encuadre judicial informado.
La investigación tuvo un avance significativo después de los allanamientos realizados en los domicilios de Matkovich y Martínez. Durante los procedimientos se secuestraron elementos que, según las actuaciones, resultan de interés para establecer las circunstancias de la muerte del ave y la eventual participación de ambos acusados.
En la finca de Nahuel Martínez, los investigadores incautaron dos patas y restos de un ave silvestre identificada como ñandú. También secuestraron dos cuchillas que habrían sido utilizadas para faenar al animal: una tenía mango de madera y la otra, mango de goma blanca.
En el procedimiento realizado en el domicilio de Matías Matkovich, en tanto, fueron secuestradas dos pezuñas de ñandú y un teléfono celular iPhone 17 con funda gris. Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones para su correspondiente análisis y valoración dentro de la causa judicial.
El juez recalificó los delitos
Uno de los puntos centrales del expediente fue la decisión del juez de Garantías Fernando Ayestarán de apartarse de la calificación inicial propuesta por la Fiscalía, que había encuadrado el episodio como robo en despoblado.
Al analizar los elementos reunidos, el magistrado consideró que no se encontraban acreditados los requisitos necesarios para sostener esa figura penal. En particular, señaló la ausencia de pruebas suficientes que permitieran establecer que los imputados hubieran actuado con la intención de apropiarse del animal y ejercer sobre él un poder de disposición propio de quien se considera dueño.
La resolución también contempló que no se había constatado el empleo de violencia sobre las cosas para ingresar al establecimiento. Según los fundamentos expuestos, no se acreditó la rotura de alambrados perimetrales ni de otros elementos del campo para concretar el acceso.
Para el magistrado, la conducta investigada se corresponde con el ingreso no autorizado a una propiedad rural ajena, presuntamente con el propósito de realizar una cacería furtiva mediante la utilización de perros galgos. A partir de esa interpretación, dispuso una nueva calificación legal para los hechos atribuidos a Matkovich y Martínez.
El cambio no implica el cierre de la investigación ni una declaración de inocencia de los imputados. Por el contrario, la causa continúa abierta y deberá avanzar con las medidas probatorias pendientes para establecer las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad penal de los acusados.
Violación de domicilio y daño
El primero de los delitos establecidos por el juez es el de violación de domicilio, previsto en el artículo 150 del Código Penal. La figura se relaciona con el ingreso presuntamente ilegítimo al establecimiento El Tauro, sin autorización de sus responsables y sin permiso para transitar por el predio.
A esa calificación se sumó el delito de daño, contemplado en el artículo 183 del Código Penal. En este caso, la resolución tomó en consideración la muerte del ñandú, que pertenecía al encargado del campo, Raúl Fleitas, y que había sido criado por él desde su nacimiento.
El tercer delito corresponde a actos de crueldad animal, contemplados en los artículos 1° y 3°, inciso 7°, de la Ley Nacional N° 14.346. Esta figura se vincula con los sufrimientos que habría padecido el ave durante el acoso de los perros galgos y con su posterior muerte y faenamiento.
Los tres delitos fueron encuadrados en concurso ideal, de acuerdo con el artículo 54 del Código Penal. Este criterio jurídico contempla la posibilidad de que un mismo hecho quede comprendido en distintas figuras penales, cuya aplicación deberá evaluarse conforme al desarrollo de la investigación y a las circunstancias que finalmente se acrediten.
Rechazaron las detenciones
El juez Fernando Ayestarán también rechazó el pedido de detención que había solicitado el fiscal Nelson Mastorchio para ambos imputados. Como consecuencia de esa decisión, Matías Matkovich y Nahuel Martínez continúan vinculados al expediente sin prisión preventiva.
La negativa a detenerlos no significa que hayan quedado desvinculados de la causa ni que las acusaciones hayan sido desestimadas. Ambos siguen sometidos al proceso y deberán afrontar las instancias judiciales que correspondan mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas.
La resolución de Garantías delimitó así el marco penal bajo el cual se investigará el episodio y estableció las figuras delictivas que, de acuerdo con el análisis judicial, se ajustan a los hechos atribuidos. La Fiscalía deberá ahora profundizar las actuaciones, avanzar con las indagatorias y producir las medidas que considere necesarias para sostener la acusación.
El reclamo de Raúl Fleitas
El caso alcanzó notoriedad pública después de que Raúl Fleitas, encargado del establecimiento rural El Tauro, denunciara lo sucedido y difundiera su reclamo por la muerte del animal. La circulación de imágenes de la cacería en redes sociales, a través de grupos de galgueros de Facebook y WhatsApp, contribuyó a que el episodio trascendiera el ámbito rural y generara repercusiones.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, los acusados habrían ingresado al campo y soltado a sus perros para perseguir al ñandú hasta alcanzarlo. Posteriormente, el ave habría sido faenada. La filmación de la secuencia y su difusión en grupos vinculados a la actividad constituyeron elementos relevantes para reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.
Para Fleitas, la muerte del animal tuvo una dimensión que excedió la pérdida de un ejemplar de fauna silvestre. El encargado lo había criado desde que se encontraba dentro del huevo, acompañó su nacimiento y siguió su crecimiento durante casi tres años dentro del establecimiento.
El ñandú se había convertido en una mascota y formaba parte de la vida cotidiana del campo. Esa relación explica el impacto que tuvo el episodio para su cuidador, quien hizo público lo sucedido para reclamar que se investigara el ingreso al predio y la muerte del animal.
La investigación judicial continúa ahora con los imputados en libertad, a la espera de las próximas medidas de la Fiscalía N° 3. Las pericias solicitadas, las declaraciones indagatorias y el análisis de los elementos secuestrados serán parte de una nueva etapa destinada a esclarecer el episodio ocurrido el 30 de agosto en el establecimiento El Tauro, en la zona rural de La Violeta.