Giro judicial en la millonaria sucesión de la hacendada Zulma Estallo Sánchez: la Cámara Civil revocó la validez del testamento
El tribunal alertó que dos testigos del instrumento habrían negado su presencia y firmas, en medio de causas conexas en los fueros civil y penal.

En un pronunciamiento de fuerte impacto patrimonial e institucional, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino resolvió revocar la aprobación formal del testamento por acto público atribuido a la hacendada Zulma Estallo Sánchez. Con esta decisión unánime, firmada por los camaristas Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, la Justicia frenó la entrega de la posesión hereditaria y suspendió las transferencias de fondos que beneficiaban a María Paula, Guillermo Gonzalo y Verónica Gabriela Giménez, tres sobrinos de la causante, que habían sido instituidos como herederos en primera instancia.
El fallo hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Casorla Yalet en representación de Silvia Graciela Giménez, hija y continuadora de la acción de Leonor Benita Estallo Sánchez —hermana de la hacendada, fallecida en abril de 2017—. Leonor batalló judicialmente hasta su fallecimiento cuestionando la validez del acto sin que se la considerara heredera natural, mientras en el fuero penal la situación procesal de los sobrinos contó con doble conforme y se encuentra actualmente recurrida ante el Superior Tribunal provincial.
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Dudas sobre los testigos y vicios formales.
La controversia central que definió la postura de los magistrados radica en el incumplimiento de los recaudos legales que revisten las formas extrínsecas del testamento, confeccionado el 28 de octubre de 2010 ante la escribana María Florencia Peries.
La alzada determinó que el juez de primera instancia no podía limitarse a una verificación documental presuntiva o "prima facie" de la escritura pública. Al respecto, la Cámara remarcó que de las constancias incorporadas en la causa penal conexa surge que dos de las tres testigos instrumentales habrían declarado bajo juramento que no estuvieron presentes en el acto notarial y negaron la autenticidad de sus firmas.
Dado que el testamento fue otorgado bajo la vigencia del derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, las formalidades exigían la presencia simultánea de tres testigos hábiles, la unidad de acto y la firma conjunta, requisitos cuya efectiva concreción hoy se encuentra seriamente en entredicho.
Apartamiento del dictamen fiscal y causas conexas
Los jueces camaristas también ponderaron que el fallo de primera instancia se había apartado de manera infundada de la advertencia del Ministerio Público Fiscal. El 4 de junio de 2025, el agente fiscal interviniente había considerado prematuro expedirse sobre la validez del testamento mientras continúe abierta la causa penal conexa (IPP N° 12-00-003159-17/00). En dicho expediente penal se investigan presuntos delitos de circunvención de incapaces, estafa, falsificación de instrumento público y estafa procesal en grado de tentativa, encontrándose recurrido el trámite con quejas ante el máximo tribunal provincial.
Asimismo, la resolución subrayó que se encuentra en pleno trámite un juicio ordinario independiente por nulidad de testamento (Expte. N° 60.569), que transita la etapa probatoria. Ante ese escenario, el tribunal consideró prioritario evitar un perjuicio irreparable frente a terceros y prevenir nulidades procesales de gravedad, frenando cualquier consolidación definitiva del patrimonio sucesorio.
Alcances de la medida
En su parte dispositiva, la Cámara dejó formalmente aclarado que la denegatoria de la validez formal no resuelve de momento sobre la capacidad mental o el discernimiento de Zulma Estallo Sánchez al momento de testar —cuestión de fondo reservada al juicio ordinario de nulidad—, ni define responsabilidades penales de la notaria interviniente.
No obstante, al revocarse la validez formal del instrumento, quedó sin efecto la declaratoria de herederos testamentarios y la entrega de la posesión de la masa de bienes a favor de los tres sobrinos beneficiarios, remitiéndose los autos al juzgado de origen para que se prosiga con los trámites conservatorios y las medidas cautelares pertinentes mientras se define el litigio judicial.
















