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Pidieron 25 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja

El fiscal Fernando D’Elío solicitó una condena de 25 años de prisión para el imputado por abusos sexuales contra dos hermanas menores de edad en Pergamino. La defensa pidió la absolución.

19 de noviembre de 2026 a las 12:58 p. m.
Pidieron 25 años de prisión para un acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja
El fiscal Fernando D´Elío pidió al juez Ignacio Uthurry que condene al acusado a 25 años de prisión y el abogado defensor Tomás Martínez White pidió la absolución de su defendido. — Foto: COMBINACIÓN DE IMÁGENES GENERADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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Alfonso Godoy
Alfonso GodoyPeriodista

El fiscal Fernando D’Elío solicitó una pena de 25 años de prisión para un sujeto acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, hijas de su ex pareja, cuando eran menores de edad y convivían con él en una vivienda del barrio 27 de Noviembre de Pergamino.

El fiscal Fernando D´Elío pidió al juez que condene al imputado a 25 años de prisión. — LA OPINION

El veredicto del juicio oral se conocerá el miércoles 9 de diciembre, según adelantó el magistrado a cargo del debate.

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El pedido de condena fue formulado durante la segunda y última jornada del juicio oral, al concluir los alegatos de las partes. El debate fue encabezado por el juez Ignacio Uthurry, como integrante unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, mientras que la acusación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Nº 7.

El juez Ignacio Uthurry dará a conocer el veredicto el miércoles 9 de diciembre. — LA OPINION

En su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que las pruebas incorporadas durante la investigación penal preparatoria y las producidas a lo largo de las audiencias permitieron acreditar la responsabilidad penal del imputado en los hechos que llegaron a juicio.

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Por su parte, el abogado defensor Tomás Martínez White solicitó la absolución de su asistido. En su alegato sostuvo que no habían quedado demostrados los episodios delictivos en los términos planteados por la acusación fiscal y reclamó que el Tribunal resolviera en favor del imputado.

El abogado defensor Tomás Martínez White pidió la absolución de su defendido. — LA OPINION

Los hechos denunciados

De acuerdo con la reconstrucción de los acontecimientos que sustentaron la acusación, las víctimas eran dos hermanas que vivían con su madre y el entonces compañero de esta en un inmueble del barrio 27 de Noviembre. Los episodios investigados habrían comenzado cuando ambas eran niñas y se habrían extendido durante varios años.

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La imputación fiscal describió dos situaciones diferenciadas. En el caso de una de las víctimas, los abusos habrían comenzado cuando tenía siete años y se habrían prolongado hasta los 16. La acusación incluyó episodios de abuso sexual con acceso carnal, además de otras conductas de sometimiento y vulneración de su integridad sexual.

Entre las circunstancias expuestas durante el proceso se mencionaron requerimientos para que la menor se fotografiara desnuda o con ropa interior y remitiera ese material al acusado. También se incorporaron referencias a la existencia de fotografías, filmaciones y situaciones de intimidación y extorsión vinculadas con esos contenidos.

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La acusación sostuvo que algunos de esos episodios se producían mientras la madre de las niñas permanecía en otra habitación de la vivienda, sin advertir lo que estaba sucediendo.

Respecto de la segunda hermana, la Fiscalía atribuyó al imputado al menos seis episodios de abuso sexual simple, ocurridos cuando la niña tenía entre siete y diez años. Según la descripción de los hechos llevada al debate, las situaciones consistieron en tocamientos por encima de la ropa y se habrían producido cuando ambos se encontraban solos en el domicilio familiar.

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La calificación penal

La Fiscalía encuadró los hechos atribuidos al acusado en los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, en perjuicio de una de las hermanas, y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y corrupción de menores agravada, en perjuicio de la otra.

La acusación también hizo hincapié en la relación de convivencia y en la situación de guarda que el imputado mantenía respecto de las víctimas, circunstancias que fueron consideradas para sostener las agravantes contempladas en el Código Penal.

Durante los alegatos, el fiscal D’Elío fundamentó el pedido de 25 años de prisión en la valoración conjunta de los testimonios, las declaraciones incorporadas al expediente y las intervenciones de profesionales especializados que participaron de la investigación.

El valor de los testimonios

Uno de los aspectos centrales de la discusión judicial estuvo relacionado con la importancia de los testimonios de las víctimas en investigaciones por delitos contra la integridad sexual, especialmente cuando los episodios denunciados se producen en ámbitos privados y sin la presencia de otras personas.

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En ese sentido, durante el proceso tuvieron relevancia las declaraciones recibidas mediante el dispositivo de Cámara Gesell y los aportes de los profesionales que intervinieron en las evaluaciones psicológicas. Estos elementos fueron considerados por la acusación para sostener la reconstrucción de los hechos y fundamentar la responsabilidad penal atribuida al imputado.

La Fiscalía entendió que el conjunto de las pruebas reunidas permitía superar la instancia de sospecha y acreditar los delitos incluidos en la acusación. La defensa, en cambio, cuestionó que se hubieran demostrado los hechos en las condiciones descriptas por el Ministerio Público Fiscal y mantuvo su postura absolutoria.

El veredicto en diciembre

Con los alegatos de las partes concluyó la etapa de debate oral y el expediente quedó en condiciones de recibir una resolución judicial.

El juez Ignacio Uthurry adelantó que el miércoles 9 de diciembre se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1. En esa instancia deberá resolver si considera acreditados los hechos y la responsabilidad penal del acusado, y si corresponde imponer una condena.

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La diferencia entre los 25 años de prisión solicitados por la Fiscalía y el pedido de absolución formulado por la defensa constituye el eje de la decisión que deberá adoptar el magistrado. Hasta que se conozca el pronunciamiento judicial, el imputado conserva su estado jurídico de inocencia.

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