No se trata solo de saturación

Suele tener efectividad en el momento y no a largo plazo, pero es una medida a la que cada vez se echa mano más seguido ante la creciente inseguridad. Más de 12.000 policías bonaerenses van a volver a saturar los puntos más calientes del Conurbano, donde la inseguridad tiene en jaque a la gente de a pie.

Los intendentes y las autoridades provinciales, en este caso sin que medien las eternas diferencias políticas, se pusieron de acuerdo con bastante rapidez. Tienen en claro que gobiernan distritos donde ya se siente la recesión, el trabajo escasea y la inflación trepa que da miedo, como en toda la Argentina pero quizá con más intensidad allí. Cuando a esta problemática económica se le suma el flagelo de la inseguridad, el cóctel es explosivo para el vecino y en esto los jefes comunales intentan más que nunca mostrar que están haciendo algo. Lo mismo que María Eugenia Vidal, que sufre el castigo en las encuestas por la baja de la actividad económica en la provincia.

Los policías que pondrán a disposición serán 12.301, según la precisión de los datos presentados a los jefes comunales, y van a saturar por sorpresa esquinas, avenidas, peatonales y rutas estratégicas del Conurbano, esas que conectan a las ciudades más populosas con sus periferias, de acuerdo a un mapa del delito actualizado que el Ministerio de Seguridad de la Provincia confecciona en el día a día. En principio, durará un mes según han establecido.

Los pergaminenses conocemos esta mecánica porque en nuestra ciudad se han hecho varias veces estos operativos de saturación, el último no hace mucho, precisamente para controlar un poco la calle.

Allí se vigilarán con presencia de agentes de a pie, patrullajes intensivos y retenes sorpresivos en avenidas pero también en calles secundarias.

Los intendentes del Conurbano afirman que cuando aumenta el problema social, crece primero la violencia intrafamiliar, luego el consumo de drogas y finalmente la inseguridad. Describen en estos tres pasos cómo se vive en esos grandes conglomerados la entretela de las crisis que cíclicamente vive la Argentina. Algunos intendentes pidieron también que la Provincia vuelva a interceder ante Nación para que les envíen más gendarmes, justo en este momento en que el presidente Macri decretó la asignación de tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Ese punto necesita alguna aclaración entre las partes: Nación dice a Provincia que tiene 6.000 gendarmes en el Conurbano y los intendentes afirman que no llegan ni a la mitad de ese número. En paralelo, esperan que la Nación envíe al Conurbano los 1.000 gendarmes que ahora salen de la custodia de lo que el gobierno llama “objetivos estratégicos” -centrales hidroeléctricas, por ejemplo- y que serán reemplazados por militares. Ya les dijeron que sí, pero que lo harán gradualmente, entre agosto y diciembre próximos.

La gobernadora Vidal recorre el Conurbano escuchando las quejas por la inseguridad pero dicen desde su entorno que  sabe que afronta la batalla contra la inseguridad con una herramienta en la que aún no confía del todo como es la bonaerense. Porque pese a los cambios en la Policía siente que todavía falta mucho. Porque es el sistema tal y como está armado parte del problema, más allá que haya policías corruptos.  

A las preocupaciones que -dicen- tiene la gobernadora con la Policía como herramienta para combatir el delito, hay que agregarles otras que surgen de una realidad que no parece tener muchas chances de cambiar.

Porque como hemos visto en Pergamino, estos operativos de saturación alivian el momento para que cuando se van los uniformados desde los motochorros hasta los dealers pasando por los especialistas en entraderas, vuelvan a su frecuencia de actividad habitual. Mientras están superpobladas las calles de efectivos en mayor medida, pero también con las dotaciones regulares, las detenciones se producen, pero al poco tiempo los mismos protagonistas vuelven al acecho delictivo. Esto demuestra que no están claros los pasos a dar después de ese vendaval de policías que se tiene por tiempo limitado. ¿Qué hace la Justicia con los detenidos en estos operativos?, ¿hay espacios en las alcaidías para alojar a los apresados? (podríamos preguntar si hay alcaidías incluso, ya que aquí no tenemos). Porque es muy importante lo que sucede después de estos operativos, si la Justicia se hace cargo del rol que le toca respecto de todos los que, a raíz de estas movidas, son descubiertos y apresados.

No es un tema menor porque si se organizan grandes operativos espasmódicos para combatir la inseguridad pero luego quedan en la nada misma, se configura el peor escenario de impunidad. Ya que si tras el gran despliegue policial de la saturación luego no queda nada en la zaranda, los delincuentes terminan envalentonados. Es menester que la Justicia acompañe la movida con la energía necesaria.

Un capítulo aparte es la infraestructura del Estado en materia de seguridad; no provee  cárceles con la cantidad de camas necesarias para que la Justicia tenga donde alojar a los presos, tampoco las alcaidías para los muchos encausados sin sentencia firme que no pueden ser alojados en un penal pero tampoco pueden -por seguridad pública- aguardar su sentencia en la calle. Ni siquiera esta falta de cárceles puede circunscribirse en la discusión sobre si la reclusión es la solución de fondo o no. Esta infraestructura escasa ni siquiera se corresponde con el crecimiento poblacional del país. Si en los últimos 20 años la población se incrementó, estimativamente, en 10 millones de habitantes y por ende se construyeron más viviendas, hospitales y escuelas, lo mismo debe pasar con las cárceles. Porque si hay más gente, inexorablemente hay más delincuentes.

Sabemos que no estamos frente a problemáticas fáciles las que tienen que ver con la inseguridad, sin embargo no vemos de qué manera vamos a avanzar si no vamos solucionando los problemas estructurales y sistémicos que tenemos en esta dificultosa cuestión.