Nicaragua y su endeble democracia

Nicaragua se ve sacudida por manifestaciones masivas, encabezadas por ciudadanos que exigen el fin del gobierno corrupto del presidente Daniel Ortega. Las fuerzas de seguridad, cuyo régimen está bajo presión, detuvieron a miles de manifestantes.

Las protestas cesaron después de que Ortega, con la intermediación de la Iglesia católica, acordara reunirse con la oposición, pero no se llegó a ningún acuerdo, de modo que la gente otra vez ganó las calles. Por la brutal represión se estima que unos 300 manifestantes perdieron la vida y que hay unos dos mil heridos.

El régimen, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, no da señales de estar dispuesto a renunciar a la arbitrariedad y permitir que se haga justicia. Tampoco se ha comprometido realmente a buscar una salida pacífica y democrática ante su absoluta pérdida de legitimidad y gobernabilidad. El resultado de esta actitud, más que crítico, es trágico.

Durante una visita de inspección a Nicaragua, efectuada este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) documentó un pavoroso saldo de personas fallecidas a manos de fuerzas militares, en su mayoría jóvenes; centenares de heridos y detenidos, en particular estudiantes, defensores de los derechos humanos y periodistas.

En su informe, divulgado el mismo día cuando concluyeron las indagatorias, la Cidh no vaciló en condenar “enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias”, producidas “especialmente durante los primeros días de las protestas” y denunció la censura a medios de comunicación y los “tratos crueles, inhumanos y degradantes” que, según abundantes testimonios, fueron utilizados contra muchos de los detenidos.

El documento concluye con 15 recomendaciones, entre ellas cesar de inmediato la represión; garantizar las libertades de expresión, reunión y manifestación; establecer un mecanismo de investigación internacional e independiente, que identifique a los responsables para llevarlos ante la justicia; desmantelar los grupos parapoliciales, y facilitar la visita y desempeño de los representantes de organismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y las Naciones Unidas.

La espiral represiva que ha generado tanto dolor comenzó luego de que, a mediados de abril, Ortega impusiera, sin previas negociaciones, una drástica reforma al calamitoso sistema nacional de pensiones, próximo al colapso. La medida generó masivas protestas. El Gobierno, lejos de afrontarlas mediante una actitud civilista que precediera un posible diálogo sobre el tema, acudió de inmediato al uso desbordado de la fuerza, no solo desde la Policía, sino también utilizando grupos paramilitares o turbas, controlados por él. Pero esta brutal estrategia, en lugar de contener, alentó un movimiento de rechazo que muy pronto pasó de las reivindicaciones concretas a una exigencia de cambio político que se extendió por todo el país.

Acorralado, el régimen suspendió la reforma en las pensiones y creó una supuesta “comisión de la verdad” sin independencia alguna, al tiempo que incrementaba la represión. Nada de esto complació a los manifestantes, quienes exigen un verdadero cambio en la composición del gobierno, incluyendo la salida de la pareja presidencial. En el clímax de los enfrentamientos, la Iglesia católica convocó a un “diálogo nacional” mediado por ella, con participación del Gobierno, estudiantes, activistas y empresarios, y Ortega autorizó el ingreso de la Cidh. Luego dijo estar dispuesto a acatar sus 15 recomendaciones.

El diálogo sigue abierto y quizá rinda frutos tangibles; sin embargo, en el terreno, la situación no ha cambiado. La represión y el uso del miedo como herramienta continúan; incluso, los obispos denunciaron que tanto ellos como varios sacerdotes han sido amenazados de muerte. Ortega no ha dado muestra alguna de apertura hacia una transición democrática, que saque al país de la crisis y abra el camino para un relevo ordenado y a corto plazo. Esta parece ser la única vía posible para traer normalidad y evitar que la tragedia crezca y el país se paralice.

El pueblo nicaragüense, que tanto ha dado de sí y tanto ha demostrado su rechazo a la arbitrariedad, merece un decidido respaldo de la comunidad internacional en sus afanes democráticos y civilistas. La propia OEA debe salir de su pasividad y tomar una actitud firme ante el régimen y activar sus mecanismos, incluso la posibilidad de invocar la Carta Democrática, para tomar acción. A la vez, Estados Unidos y la Unión Europea deben ser más enfáticos en sus condenas y presiones contra Ortega y Murillo.

Por otro lado, para que la endeble democracia de Nicaragua tenga posibilidades de subsistir, los distintos grupos de la oposición deben unirse en una misma agenda para negociar con el presidente. Su objetivo deberá ser restablecer el Estado de derecho a través del fortalecimiento de instituciones independientes y democráticas. Su meta a largo plazo deberá ser la remoción de Ortega, pero mediante elecciones.

El fracaso para llegar a un acuerdo con Ortega resultará en más protestas callejeras y, finalmente, en más represión. Con rapidez, Nicaragua podría convertirse en otra Venezuela. Ojalá no se llegue a tanto.