Un mal histórico

Los índices de precios volvieron a prender las alarmas sobre el estado de la economía nacional, que más allá de la reactivación en determinados sectores volvió a demostrar que la elevada inflación sigue lastrando el desarrollo del país.

La aceleración de la tasa de inflación en junio a 3,7% en la medición del Indec estuvo en línea con las previsiones del consenso del mercado, al haberse conjugado el efecto parcial de la devaluación del mes, con aumentos en las tarifas del transporte y alzas estacionales de precios de bienes y servicios.

Con esta tasa, que hace a un acumulado en el semestre de 16 por ciento, se desbordaría al finalizar el año, en más de dos puntos porcentuales, la “banda centro de inflación” de 27 por ciento acordada con los técnicos del FMI para lograr el mega acuerdo de préstamo contingente por 50.000 millones de dólares; y también el límite superior que se fijó en 29.

Pero quizás lo más preocupante no fue este número estacional, sino que se aceleró lo que se denomina “inflación núcleo” , impulsada por el reciente salto del dólar y el ajuste tarifario definido por el Gobierno. Ello provocará, según la mayoría de los expertos, un efecto arrastre, que hará que veamos nuevos aumentos en góndolas y servicios en los próximos meses.

La clase dirigente de nuestro país parece seguir sin entender lo pernicioso que han sido para todo el sistema productivo casi 70 años de elevada inflación sostenida, con escasos y cortos períodos de estabilidad, insuficientes para romper con una cultura que parece haberla asumido como un dato más de la realidad. No ha sido así en el resto del continente. Excepto Venezuela, casi todos los países vecinos, tengan gobiernos de centroizquierda o conservadores, mantienen desde hace al menos una década planes de contención de precios que les han permitido obtener tasas de inflación razonables, menores al 7 por ciento anual.

El origen de la inflación argentina es siempre el mismo: la tendencia de los gobiernos a aumentar el gasto público y financiarlo emitiendo dinero, siempre pensando que en un futuro impreciso “las cosas se acomodarán” y se volverá al virtuosismo fiscal sin pagar costos políticos. Aunque la propuesta de Cambiemos es justamente “cambiar” radicalmente esta filosofía de gestión (y de la vida misma de los argentinos), no está encontrando la fórmula para hacerlo sin que el país entre en un estado recesivo preocupante y que, encima, la inflación no ceda ni un ápice. Se entiende la intención pero no es evidente que no conocen cómo lograrlo sin que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Tal vez, mirar lo que hacen otros países con historia similar a la nuestra podría ayudar a encontrar una hoja de ruta apropiada, tanto al momento que se vive como a la idiosincrasia de productores y consumidores argentinos, al fin, en Latinoamérica todos tenemos historias muy semejantes. Siempre es bueno  mirar qué han hecho otros antes frente a una situación similar, tanto para imitar los éxitos como para eludir cometer errores en que otros han incurrido.

Pueden distinguirse tres principales estrategias históricas que han asumido gobiernos argentinos de distintas tendencias ante la inflación. La primera consiste en pisar el dólar, tarifas y demás precios de la economía, sin frenar la maquinita, realizada en gobiernos populistas. La segunda, en administraciones más liberales, precios libres, tipo de cambio unificado y tasa de interés como nuevo ancla también sin dejar de emitir dinero. La tercera, usada por ambos sectores políticos, consiste en recurrir al endeudamiento externo para frenar la monetización del déficit, sin reducirlo.

Todas ellas han sido utilizadas en algún momento de nuestra historia y ninguna ha funcionado para salir de esta estructura viciada. Así, la persistencia histórica del problema ha generado una verdadera cultura inflacionaria en los argentinos, que se activa apenas recrudece el fenómeno: refugio en el dólar, remarcaciones “preventivas” a todo nivel, bicicletas financieras aprovechando los cambios de tasas y el tipo de cambio, acumulación de stocks y especulación entre productores e industriales y puja distributiva, entre otras.

Sin embargo, todas estas estrategias que hemos ido adoptando para amortiguar el efecto nos han curtido pero no han logrado que la población deje de ver a la inflación como el gran problema económico. Según varias encuestas recientes, el alza de precios es visto como el principal problema del país, superando la inseguridad, la pobreza y la corrupción. Lo peor es la creciente pérdida de confianza de la población en la efectividad de las medidas. Igual percepción se advierte en el mundo; los inversores españoles que se reunieron este año con el presidente Mauricio Macri lo señalaron sin eufemismos: “Nos preocupa la inflación, es el principal problema para invertir” deslizaron.

Mantener altas tasas de inflación complica la meta del Gobierno de reducir los índices de pobreza. Según un estudio de Idesa, solo para reducir del 26 por ciento actual a 20 el nivel de pobreza, debería bajar la inflación al 5 por anual, meta irrealizable en el corto plazo.

Buena parte de la credibilidad del gobierno se juega en la lucha para domar la inflación. Sin un esfuerzo sostenido por bajar el gasto público ordenando las cuentas estatales, eliminando programas que se superponen en los niveles nacionales, provinciales y municipales; dejando de financiar las estructuras políticas y clientelares con dinero público y con una reforma integral del sistema previsional e impositivo parece imposible alcanzar la meta de inflación a niveles normales que genere un sistema económico sano. Pero todo eso será para los argentinos tan o más doloroso que la inflación mismo. Y a Macri y su equipo se les está agotando el crédito para sobrellevar, sin costo institucional, tantas malas noticias.