Argentina, país de campañas obscenas y dinero negro

Antes de adentrarnos en el laberinto de la financiación de los partidos políticos, debiéramos reconocer que las campañas proselitistas en la Argentina insumen una cantidad obscena de millones, escandalosa, no solo para un país empobrecido como el nuestro sino que visto desde naciones más ricas también.

Todos los partidos comienzan “pisando el palito” para recaudar los fondos para solventar los gastos de campaña pero inexorablemente continúan desviando recursos del Estado para uso particular. Lo hemos visto en el peronismo K con el revoleo de bolsos, que empezó para juntar fondos para la “alimentar” y perpetuar el modelo en cada comicio pero más de uno cayó en la tentación de seguir reuniendo dinero para bolsillos propios, de allí tanta causa judicial y tanto dirigente detenido. Lo vimos en Cambiemos con los aportantes truchos a la campaña bonaerense, tema que se investiga actualmente en la Justicia.

La realidad es que todos sabemos que parte del financiamiento de las campañas está compuesto por dinero negro y fondos de dudosa procedencia –por no decir ilegal-; los políticos siempre lo reconocen en la intimidad, lejos de los micrófonos. Lo que en la práctica, como vemos, no ha hecho ninguna diferencia, porque más allá de que lo expresaran públicamente, la falta de controles ha permitido que cuando se termina cada campaña y los partidos rinden cuenta se den como válidas horribles rendiciones donde las desprolijidades saltan a la vista. Es que nadie está limpio en esta materia, entonces nadie denuncia, nadie se queda y todos aprueban. Como nunca se ha castigado este mal comportamiento, se sigue haciendo. Y lo peor es que quien no lo hace, queda relegado en sus chances, es decir, corre con gran desventaja.

Somos hijos del rigor, y cuando este no se hace presente, somos huérfanos de las buenas prácticas. Sucede en la política algo similar a lo que se ve en los deportes. Hay gran diferencia entre aquellos en los que hay rigurosos controles antidoping y entre los que no. En los primeros se cumple con las normas porque es claro que si en un control sorpresa salta una sustancia prohibida se viene la sanción, como sucede en el fútbol. No así, por ejemplo, en otras disciplinas, donde no hay regularidad ni rigor en los exámenes y si de repente un día los hubiera, se constataría de manera masiva que algunos deportistas compiten bajo la “ayuda” de estimulantes prohibidos. Y allí donde no hay controles, ¿qué otra cosa puede hacer un competidor más que consumir como la mayoría para no partir en desventaja? La única manera para que un deportista de estas disciplinas poco afectas a los controles pueda competir sin drogarse y en igualdad de condiciones es que el rigor se impusiera y se exigieran antidoping en cada carrera o certamen. Del mismo modo deben funcionar los controles en todos los partidos políticos, no solo en la norma escrita sino en el ejercicio de esos controles. Ya sabemos que por más que haya una ley que marque las pautas de cómo deben financiarse los partidos, si no se está encima del asunto, es letra muerta.

El tema es que nadie controla porque, evidentemente, todos tienen y pretenden mantener, la misma manera de financiarse. 

Es importante también que la sociedad madure y entienda que así como las personas, las empresas pueden tener una preferencia por la continuidad o el cambio de un gobierno y, en consecuencia, quieran aportar dinero a tal o cual candidato. Pero hoy no lo hacen “en blanco” porque estiman que la sociedad, independientemente de la calidad del servicio que brindan, los saque de sus preferencias de compra por la orientación política. Ejemplo: ¿qué pasaría si Coca Cola Argentina hiciera un aporte de campaña para Cambiemos? Seguramente sería víctima de una campaña de desprestigio, con todo tipo de adjetivos, por los antimacristas. ¿Y si la Lan Argentina aportara a un candidato K? Sin dudas sobrevolaría la sospecha de concesiones de rutas ganadas por “acomodo” y tantas cosas más. Porque los argentinos estamos curtidos y adivinamos que detrás de cada acto de gobierno hay “gato encerrado”, nos cuesta creer que algo se haga sin segundas intenciones y desprestigiamos todo según de quién venga y de qué lado estemos de la vereda.

Con esta inmadurez social es muy difícil que se cumpla con una buena ley de financiamiento de partidos políticos, que sería lo que nos evitaría los bolsos con efectivo y el blanqueo de dinero mal habido que se han hecho popular por las denuncias a funcionarios K (ante la profusión y las cifras millonarias que se manejaban), pero que también ha sido parte de la campaña bonaerense de Cambiemos.

Como los escándalos por los fondos de campaña se destapan uno detrás de otro y envuelve a todos los partidos, el Gobierno nacional presentará ante el Congreso un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. Porque lo que más se presta a la corrupción es que circule el dinero físico en estos casos, porque se sabe que el dinero no tiene identificación.

El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias. Y la bancarización es uno de los puntos que tienen mayor nivel de consenso, siempre buscando establecer mejores mecanismos de control y de transparencia.

En realidad, la bancarización absoluta de los aportes va en línea con lo que están haciendo muchos países del mundo, a los efectos de mejorar el control en el financiamiento de los partidos políticos, porque no se trata solo de un mal argentino. País donde no se controla termina en problemas para las campañas políticas.

Ahora bien, el Estado argentino financia en parte las campañas electorales, estando obligado a dar a cada partido político una suma por voto recibido en la anterior elección. Desde que el Instituto Nacional Electoral se dio a conocer que el proyecto de financiamiento para las actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos y candidatos independientes que contenderán el próximo año por la Presidencia, Diputaciones y Senadurías contempla un presupuesto de 6.788 millones de pesos. No hay error en la cifra, hablamos de casi siete mil millones de pesos para repartir entre los partidos políticos. La cifra es alta porque además la inflación ha hecho el resto y en comparación con el anterior, de 2.000, implica un alza de 150 por ciento real más.

Para nuestro país, en las actuales condiciones, es una fortuna y sin embargo para los partidos es apenas una parte de la carrada de millones que planean gastar.

Habida cuenta que se trata de normas de rango constitucional -aunque en otros países el Estado no apoya con fondos a los partidos políticos que se presentan a una elección- lo menos que podemos exigir a los dirigentes es transparencia en el manejo de lo que se les da del Tesoro y sobre todo sumo cuidado con la forma en que recaudan más fondos para la labor proselitista. 

La bancarización absoluta de los dineros para la campaña será un importante paso adelante, pero no nos garantiza que si no se ejercen los controles como corresponde, no siga corriendo el dinero físico, en negro y vaya a saber de qué procedencia. Necesitamos de las dos cosas: la norma y el organismo de control para poder quedarnos medianamente tranquilos.