Desterrar el prurito de que las Fuerzas Armadas son mala palabra

El presidente Mauricio Macri anunció el lunes un cambio en la política de defensa nacional, que incluye la colaboración de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y su participación en la custodia y protección de los objetivos estratégicos.

Afirmó que es importante que las fuerzas militares puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos.

Si bien el Poder Ejecutivo no adelantó cuáles serán esos puntos de interés para la defensa nacional, trascendió que podrían incluir activos valiosos para el desarrollo, como reservas de recursos naturales, termoeléctricas, represas y edificios del Estado. En tal sentido se dijo que el Ejército actuará como “fuerza disuasiva” en los pequeños poblados de frontera para que “no haya peligro de que puedan instalarse grupos vinculados al narcotráfico y también grupos terroristas”.  Con ese objetivo se creará una fuerza de despliegue rápido con 10 mil hombres.

“Tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión”, precisó el mandatario, quien lamentó que el país sigue “con un despliegue territorial para amenazas antiguas”.

La medida consiste en modificar el Decreto Nº 727 de 2006 sobre la reglamentación de la Ley de Defensa, contemplando la intervención de las Fuerzas Armadas ante “agresiones de origen externo” y no restringirla solo a “amenazas estatales” externas; es decir, de países. Ahora abarcaría, por ejemplo, a grupos terroristas.

Todo lo esgrimido por el Gobierno encontró rápida respuesta de grupos que consideran que para el caso de utilizarse a las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interior sería peor el remedio que la enfermedad. Y si bien alegan razones atendibles, es facultad del Gobierno encontrar respuestas a flagelos nuevos, cada vez más complejos en sus entramados que, lejos de detenerse, avanza cada día un poco más, fundamentalmente cuando hablamos de narcotráfico.

En nuestro país, luego del restablecimiento democrático, mucho se trabajó para lograr un cuerpo orgánico normativo de leyes que permitiera dar a la sociedad civil un poco de tranquilidad frente al accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura. Esta discusión venía acompañada del proceso latinoamericano de restablecimiento de las reconstrucciones democráticas, y como resultado se da también un cambio de paradigma en la concepción sobre defensa nacional. En el período anterior el “enemigo interno” que impuso Estados Unidos post Revolución Cubana, conocida como “doctrina de la seguridad nacional”, permitió la intervención militar a “todo problema” de seguridad. En la nueva etapa -década del 80-, esta doctrina comienza a perder fuerza y se empieza a incorporar el concepto de seguridad humana centrada sobre los individuos como objeto de la seguridad. También se denomina enfoque multidimensional, el cual pregonaba, desde una posición intermedia, conciliar los intereses del Estado y del individuo incluyendo a ambos.

Este proceso de discusión dio como resultado las leyes de Defensa Nacional (Ley Nº 23.554 de 1988), de Seguridad Interior (Ley Nº 24.059 de 1992), del Servicio Militar Voluntario (Ley Nº 24.439 de 1994), de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (Ley Nº 24.948 de 1998) y de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520 de 2002). La Ley de Defensa Nacional apunta a garantizar el ejercicio de la autoridad civil, la no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos internos, la regulación desde una perspectiva restrictiva de la participación militar en seguridad interior; y el apuntalamiento de una organización militar de base conjunta. De forma complementaria, la Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior, garantizando que esta sea excepcional y ajustada a casos concretos.

Juristas, constitucionalistas, organismos de derechos humanos, han estado durante décadas debatiendo y defendiendo la posición vertida en estas leyes, sobre todo en lo que respecta a las fuerzas armadas en seguridad interior.

La Ley Nº 23.554 establece que la defensa nacional es “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas (Ejército, Gendarmería, Prefectura), en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. En este sentido, la definición de “agresiones de origen externo” a las que refiere la norma son las agresiones perpetradas por las Fuerzas Armadas regulares de un Estado contra el territorio de otro Estado.

Es por este aspecto entre otros, que muchas voces se han alzado y hecho eco, en contra de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en relación a la ilegalidad del uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de seguridad interna. También años anteriores se han presentado similares oposiciones a la militarización de los barrios del Conurbano bonaerense, y de la ciudad de Rosario, frente al desembarco de Gendarmería y Prefectura, de la mano del gobierno kirchnerista de Daniel Scioli en provincia de Buenos Aires, y del Partido Socialista de Hermes Binner en Santa Fe.

Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri avanzó con la idea de incorporar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, en tiempos en que la Argentina se ha convertido en un verdadero “colador” para los narcotraficantes, producto de la omisión, la inacción o la “vista gorda” justamente de muchos de los que hoy se oponen a esta medida.

Nuestro país hoy no sufre ninguna amenaza externa de otro Estado y si la tuviera no tiene tropas, ni armamento, ni tecnología militar como para hacer frente a un conflicto armado. Lo que sí padece es la invasión de cárteles o grupos terroristas que operan en el país, especialmente en las zonas de la frontera norte, que son la punta de muchas situaciones de violencia e inseguridad que luego se esparcen por el resto del país, en especial en los grandes conglomerados urbanos, aunque no por ello están exentas localidades de menor densidad como la nuestra. Por caso hay que recordar la cantidad de crímenes en la cercana Rosario atribuidos a las guerras entre narcos.

Claramente hoy el narcotráfico es “la” amenaza que viene del exterior, es el nuevo enemigo internacional, por eso tiene lógica que se utilicen las Fuerzas Armadas para contrarrestarlo, teniendo claro que no se trata de ver a los soldados persiguiendo por las calles a vendedores de drogas al menudeo sino operando en las zonas calientes.

Por otro lado, definitivamente  hay que desterrar ese prurito de que los militares son una mala palabra en Argentina. Nadie puede negar, ni ocultar, ni dejar de repudiar los golpes de Estado ni  las cruentas dictaduras a las que fue sometido el pueblo argentino a lo largo de su historia. Pero desde hace años las Fuerzas Armadas dejaron de ser una amenaza para el sistema democrático argentino y está bien que en este momento en que la coyuntura apremia, sean convocadas para colaborar con cuestiones sensibles para la sociedad.