Sobreseimiento en la causa $LIBRA: el juez cerró la investigación sobre Milei, su hermana y los otros nueve imputados
Martínez de Giorgi resolvió que los hechos no constituyen delito, a pedido del fiscal Taiano. Ninguno de los investigados había sido llamado a indagatoria.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los otros nueve imputados en la causa que investigaba el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. Resolvió que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal.
La decisión, dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 en una resolución de 60 carillas, hizo lugar al pedido que había formulado el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado dispuso además el archivo del expediente una vez que la resolución adquiera firmeza, lo que mantiene abierta la vía de una eventual apelación.
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A quiénes alcanza
El fallo benefició, además de los Milei, al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, al lobista Mauricio Gaspar Novelli, a su hermana María Pía y a su madre Alicia Rafaele, y a su socio Manuel Terrones Godoy. También alcanzó al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales, al responsable de Kip Protocol, Julian Peh, y a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El juez aclaró expresamente que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los imputados, ninguno de los cuales había sido citado a prestar declaración indagatoria.
Por qué descartó la estafa
Martínez de Giorgi analizó una por una las figuras penales que se habían investigado. Sobre la estafa, sostuvo que no se acreditó “un engaño penalmente relevante”.
El magistrado admitió que la “investidura institucional” del Presidente pudo darle al token “una repercusión y una visibilidad particulares”, pero planteó que eso no equivale a “un ardid defraudatorio”. Y advirtió contra “inferir la existencia de una maniobra defraudatoria exclusivamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas”.
Esa distribución es uno de los datos más fuertes del expediente. Según consigna la propia resolución, unas pocas billeteras retiraron alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 personas que habían comprado $LIBRA sufrieron pérdidas tras el posteo presidencial del 14 de febrero de 2025. El juez no negó esa disparidad, pero consideró que no bastaba por sí sola para demostrar la existencia de una estafa.
El tuit como “acto individual o privado”
Para descartar las figuras de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, el juez tomó en cuenta informes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General de la Presidencia —el organismo que conduce Karina Milei— y de la Oficina Anticorrupción.
Esta última había concluido que el mensaje presidencial constituyó un acto “individual o privado”, sin utilización de recursos públicos ni intervención institucional. Martínez de Giorgi agregó que el posteo parecía aludir a “las consecuencias de determinadas decisiones políticas oficialistas” sobre los mercados y lo comparó con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica”.
El rol de Karina Milei y los documentos sin firma
Respecto de la secretaria general y el presunto tráfico de influencias, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados al proyecto.
En ese análisis relativizó la prueba extraída del teléfono de Novelli. Entre esos elementos figuraba una “oferta irrevocable” de Kelsier Group, fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales, que aludía al propósito de posicionar a un grupo empresario local en los sectores de Web3, blockchain e inteligencia artificial y mencionaba la intención de establecer una asociación indirecta con el Gobierno argentino. El documento hacía referencias a Javier y Karina Milei, pero carecía de firmas.
En el mismo dispositivo se halló una nota con la leyenda, en inglés, “Hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H.”. Los peritos confirmaron que el archivo había existido en el teléfono, pero no pudieron acreditar que se hubiera enviado a terceros.
Días atrás, la Secretaría General de la Presidencia había respondido en un oficio que no guardaba registro de ningún acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y Hayden Davis.
Las pruebas que quedaron inconclusas
Un capítulo relevante de la resolución es el referido a las limitaciones de la investigación. El juez cuestionó el valor probatorio de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, al invocar un sumario administrativo que tuvo por probado “un ingreso indebido” de una empleada a documentación reservada del caso, parte de la cual “trascendió a la prensa”. Según la resolución, ese episodio afectó “de alguna manera” la cadena de custodia. No declaró nulos esos informes, pero consideró que sus conclusiones no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.
Otras líneas tampoco prosperaron. Las cajas de seguridad vinculadas con Novelli estaban vacías cuando se las allanó, aunque las filmaciones habían registrado ingresos de Rafaele y de María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento. Los informes técnicos no lograron vincular a Rodríguez Blanco y Mellino con la maniobra, pese a que se detectaron movimientos de dinero en fechas próximas.
En materia de criptoactivos, el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyó movimientos de fondos desde billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” hacia otras direcciones y plataformas de intercambio, lo que derivó en medidas cautelares, requerimientos de información y el bloqueo de determinadas billeteras. Sin embargo, las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas tareas de trazabilidad no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia.
En paralelo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente de asistencia judicial al considerar insuficientes los elementos aportados para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos.
Los antecedentes que allanaron el camino
La resolución se apoya además en dos decisiones previas. La primera, del 4 de septiembre, fue de la Cámara Federal porteña, que apartó a los inversores como querellantes al considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder. Ese apartamiento resulta decisivo en términos procesales: eran los actores que podían contradecir el pedido de sobreseimiento del fiscal.
La segunda, del 29 de septiembre, correspondió a un tribunal federal de Nueva York, que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por razones procesales y sustantivas, incluida la falta de jurisdicción respecto de algunos planteos.
Qué sigue
El sobreseimiento se dictó en los términos del artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que lo habilita cuando el hecho investigado no constituye delito. El expediente se archivará una vez que la resolución quede firme.
El propio magistrado aclaró que el fallo no supone el cierre de todas las actuaciones judiciales relacionadas con $LIBRA. La decisión generó además reacciones críticas en sectores de la oposición, que cuestionaron el alcance de la investigación.