Discapacidad: cómo la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores moldearon el acuerdo que destrabó la ley en Diputados
El oficialismo debió aceptar modificaciones para conseguir los apoyos. Karina Milei siguió el cierre del debate desde el Congreso y el proyecto pasa al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, tras varios días de negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. Para conseguirlo, La Libertad Avanza debió modificar su propuesta original.
Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora pasa al Senado.
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El origen: una iniciativa opositora y dos dictámenes enfrentados
El proceso comenzó con la presión de la oposición para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino derivó en que el pleno de Diputados fijara plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento.
En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo que proponía prorrogar la emergencia por un año.
Esa diferencia abrió una negociación que se extendió durante varias semanas.
El rol de la Iglesia
En ese escenario adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida. Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.
En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de esas reuniones fue “compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”. Varios de esos planteos terminaron incorporados a la negociación parlamentaria.
Herrera Ahuad y el peso de los gobernadores
La reunión decisiva se produjo el martes por la noche. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además del misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Oscar Zago, del MID. Allí se discutieron las diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre las modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.
La intervención de Herrera Ahuad resultó determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, un peso parlamentario que lo convirtió en interlocutor necesario para un oficialismo que precisaba ampliar su base de apoyo.
El legislador explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad: entre ellas, la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.
Qué cambió: de la emergencia transitoria a un régimen permanente
El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793 pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.
Se incorporaron además disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores. Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.
Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.
El texto contempla también la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles, y establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.
Las voces del debate
El presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición oficialista desde el recinto: “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”.
En la misma línea, la diputada libertaria Lorena Villaverde señaló: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.
El entendimiento no eliminó todas las diferencias. Los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.
Lo que viene: el Presupuesto 2027
El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la semana próxima. El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.
Así, La Libertad Avanza consiguió transformar una iniciativa impulsada inicialmente por la oposición en un proyecto respaldado por una amplia mayoría. Pero para lograrlo debió aceptar reclamos de las organizaciones del sector, de la Iglesia y de legisladores vinculados a gobernadores provinciales. La media sanción cerró la negociación en Diputados; la discusión sobre cómo garantizar el financiamiento permanente del sistema continuará en el Senado y durante el debate presupuestario.