Imponderables que ameritan una revisión de la ruta a seguir

El empleo está en el centro del debate en la Argentina. Se denuncian suspensiones y despidos que se han acelerado en el sector público y en el privado, aunque las cifras oficiales no admiten la problemática como generalizada sino como situaciones puntuales en rubros específicos. Incluso la Afip reveló que en el último año se crearon 60.000 nuevos puestos de trabajo, según surge de la recaudación por leyes sociales. Si tomamos como referencia nuestra ciudad, no se conoce que aquí se haya planteado una oleada de despidos o suspensiones sino todo lo contrario: en estos tiempos de cosecha es alto el nivel de ocupación, y en el rubro indumentaria se han hecho denodados esfuerzos para mantener el personal en este tiempo. Por eso, la cuestión laboral tiene cuestiones para explorar.

Del sector estatal, Cambiemos acusa haber despedido a 10.921 trabajadores, en la mayoría de los casos, y dada la precariedad de las relaciones laborales en el sector público que vienen del gobierno anterior y más atrás aun en el tiempo, en la mayoría de los casos lo que hizo el nuevo Gobierno fue no renovar los contratos de poco tiempo o de muchos años, que venían sosteniéndose sin que se constatara una contraprestación o que esta no pudiera ser cubierta por personal de planta. 

En el sector privado las desvinculaciones de personal a nivel nacional se registra en gran parte en la rama de la construcción: la paralización de la obra pública en diciembre generó grandes bolsones de despedidos que se podrían revertir de cumplirse las promesas de Macri en cuanto a inversiones de este tipo. Los otros rubros que registran bajas son la metalmecánica, autopartes, petróleo, comercio y minería. Y en estos casos, la causa directa no sería la recesión -que realmente existe y afecta mayormente al comercio interno- sino la enorme crisis política y económica que atraviesa Brasil, principal destino de estas producciones.

Este escenario del país vecino es el imponderable que sorprendió a la gestión de Macri. Al asumir, el presidente tenía delineado un plan de acción para modificar las variables económicas adversas que tenía el país: el común denominador de las medidas a tomar sería el shock en contraposición al gradualismo que proponían otros sectores políticos. Basta recordar que a horas de llegar al poder, eliminó el cepo y parte de las retenciones. Luego vendrían la reactivación de la obra pública parada y el sinceramiento de tarifas. Es decir, siempre hubo un plan y se fue aplicando a rajatabla pero en medio se desató la crisis en Brasil y aquellos resultados que se procuraban se vieron condicionados por esta nueva realidad. Para un país que exporta el 80 por ciento de lo que produce, a unos pocos países, que uno de estos disminuya su demanda implica un impacto directo a las industrias, con y sin valor agregado. 

No quiere decir esto que las medidas que se están tomando a nivel interno no tengan impacto directo en la sociedad, solo que parte del problema viene de la situación en Brasil, por ejemplo, los despidos. 

Actualmente nuestra balanza comercial con el socio del Mercosur está en rojo: cayó un 25 por ciento la exportación mientras que se siguen importando los productos brasileros. Como contrapartida, Brasil cerró abril con un superávit de 13.250 millones de dólares. Así de estrechamente vinculadas están nuestras economías. 

Objetivamente la situación internacional que le tocó a Macri en su primera etapa de Gobierno es mucho más compleja que la esperada, tampoco las cosechas previstas serán tales, por las inundaciones y otras problemáticas, de modo que el plan no tendrá ni por cerca el resultado buscado debido a estos imponderables.

Según la Unión Industrial Argentina, a la problemática brasilera que la reconoce como una suerte de vientos de cola inversos (a los favorables que tuvo Néstor Kirchner), hay que sumarles los tarifazos que padecen 7 mil Pymes que son las que generan el grueso del empleo y que son las que en definitiva están poniendo el hombro al ajuste. A la vista está que los despidos que se han generado pertenecen a grandes empresas e industrias, mientras que las pequeñas y medianas resisten y sostienen a su personal pese a los compromisos impositivos y los gastos cada vez más difíciles de solventar. Son las que le están dando el mayor apoyo a la nueva gestión en este sentido pero no sería así por mucho tiempo más: la UIA advierte que frente a la caída del consumo y el incremento de las obligaciones se podrían perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo. De modo que es un sector al que hay que cuidar en forma concreta, aliviando algunas de las obligaciones. El achicamiento del bolsillo y sin paritarias todavía es evidente. Los tickets son cada vez menores y las familias ya prescinden de ciertos bienes y servicios, por lo que quienes los venden, verán resentida su recaudación y, aunque no quiera, deberán prescindir de personal, tal vez poniéndose ellos mismos en el mostrador para achicar costos. Esta etapa aun no llegó de manera generalizada pero está en ciernes. 

Mientras tanto, Mauricio Macri parece seguir sujeto a su plan inicial, sin atender a las variables que le presenta esta coyuntura; afirma que no existe tal “ola de despidos” sino un momento particular, ya que prontamente se reinicia la obra pública, con lo cual se resuelve un costado importante del problema y considera que Brasil que, efectivamente, nos ha perjudicado con su crisis, se normalizará. Sus expectativas están puestas en un segundo semestre de estabilización de precios y de inicio de reactivación.

Sin embargo la oposición, en un compromiso asumido con las cinco centrales sindicales, ha decidido apoyar también en la Cámara de Diputados la propuesta del Senado, suspendiendo los despidos por 180 días y aplicando la doble indemnización cuando se dejan a un trabajador sin empleo.

Tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador consideran que la cantidad de despidos justifica la aprobación de la medida, aunque los diputados harán retoques a la propuesta de la Cámara alta, dejando a las Pymes fuera de la medida y con un beneficio si toman nuevos empleados.

Las negociaciones políticas entre senadores y diputados, que no son materia de análisis sino más bien parte de la información diaria, colocan a Macri en una situación difícil. En principio porque el Gobierno niega que esta medida mejore en nada la situación del empleo e incluso puede generar coletazos indeseados, como deprimir más el mercado laboral ante el temor empresario de tomar nuevos trabajadores por la posibilidad de que la medida se pueda extender en el tiempo u otras variables similares. Lo cierto es que el presidente anunció que vetará la ley antidespidos, si finalmente se aprueba como todo hace prever.

Un veto presidencial podría enfrentar a Macri con la estructura sindical mayoritaria de la Argentina, como deslizan los gremialistas ante esta posibilidad. Porque saben que es una decisión poco popular y llegado a este punto cada sindicalista está cuidando su “quintita”. 

Concretamente, si Macri veta la eventual norma podría desatar un clima de mayor tensión con el sindicalismo y con buena parte de la oposición política, en tanto que si no la veta su actitud sería vista como una señal de debilidad por sectores empresariales y aparecerían dudas sobre la gobernabilidad, al tiempo que podrían demorarse algunos proyectos de inversión productiva.

Los tiempos corren, la esperada segunda mitad del año está en la puerta y sin visos de que el escenario cambie, más allá del discurso persistente de Macri al respecto.

En medio, se suscitó un clima internacional adverso para la Argentina, haciendo que las medidas tomadas, intrínsecamente impopulares, tengan un efecto más negativo que el previsto. No obstante, el presidente sigue conservando una alta imagen positiva, lo que le permite seguir avanzando con su plan. La pregunta es: ante una coyuntura distinta a la esperada, ¿no habría que modificar ese programa de acciones?