Inseguridad: nada ni nadie va a cambiar la realidad de la noche a la mañana, pero hay que empezar

Las cosas siempre hay que ponerlas en un contexto porque, como bien dice el sabio dicho popular, el árbol no debe tapar al bosque. Hablamos de inseguridad y de medidas espasmódicas que se aplican y rumbos que se corrigen a partir de  las estadísticas que desde hace tiempo no dan buenas noticias, amén de la tan mencionada “sensación” que no es más que la intuición (basada no en un designio divino sino en la información más la probabilidad de que algo ocurra) de que en cualquier momento vamos a ser víctimas de un delito, que pude ir desde un simple arrebato hasta ser tomados como rehenes por una banda de secuestradores.

Apuntar a que la actividad delictiva desaparezca, vale decirlo sin más vueltas, es una utopía. Nada ni nadie va a sacar de circulación de la noche a la mañana a todos los delincuentes, sencillamente porque quienes delinquen son parte de la sociedad, porque están arraigados en esa actividad y convencidos de que a través de ese modo se sustentan la vida de una manera más efectiva que trabajando en la legalidad. Pero ello no debe ser la excusa para que quienes asumieron la responsabilidad de gobernar, legislar o impartir justicia, no batallen desde todos los frentes posibles contra este flagelo que, junto a la cuestión económica, aparece al tope de las preocupaciones de los argentinos.

En Pergamino -si bien la seguridad no es un resorte que le competa a los gobiernos locales sino que es de la Provincia de quien dependen la Policía y la Justicia-, se vienen planificando estrategias tendientes a que disminuya la acción delictiva en la ciudad, pero hasta el momento no se ven resultados efectivos. De hecho acaba de renunciar el secretario de Seguridad sin que se dieran mayores explicaciones, en lo que puede tomarse como un paso intrascendente por la gestión del excomisario Walter Chamut. Rápidamente asumió el abogado Karim Dib, un estudioso de la materia, que llega para aplicar sus planes que, seguramente, son diferentes a los de su antecesor. Por caso, tal vez la diferencia mayor sea la procedencia de cada uno: mientras Chamut (también abogado) llegó a la gestión gubernamental tras pasar a retiro como policía, Dib viene desde el campo civil, con manuales para abordar el flagelo de una manera más integral. No es menor este cambio de funcionarios porque trae implícito un reconocimiento del intendente de que tal vez la elección de Chamut no haya sido una buena decisión, no porque el excomisario no fuera idóneo para la función sino porque no era lo que la gestión necesitaba en estos momentos.

Karim Dib tiene ahora en sus manos un área de alta exposición y en el entorno del intendente están convencidos de que va a estar a la altura de las circunstancias, en especial para coordinar las acciones con los ámbitos  judicial y policial, con el fin de hacer un abordaje integral del problema.

Naturalmente –vale recordarlo- la expectativa de máxima debe ser reducir a la menor expresión posible la actividad delictiva, porque apuntar al “robo 0” es una quimera, pero como tal debe imponerse cual faro en la tiniebla.

Pergamino por estos días padece de una modalidad delictiva claramente identificada. El común denominador de la mayoría de los delitos es la utilización de ciclomotores. A bordo de motos de baja cilindrada y casi siempre sin patente se desplazan generalmente dos personas. Mientras una permanece en el rodado, la otra se baja y comete al atraco, que puede ser un arrebato, un asalto a un comercio o el robo de otra moto, entre otras variantes. Con esta modalidad identificada vale preguntar por qué no se hace un control intenso, riguroso y fundamentalmente sostenido de la circulación de ciclomotores sin patente y con dos personas a bordo. Si se controla esa faceta, probablemente se gane un buen trecho en la lucha contra el delito que más se repite y que hace que vecinos se abstengan de caminar libremente por las calles.

Recientemente llegó a la ciudad, y probablemente en las próximas horas ya no estén porque no pertenecen a la Policía de Pergamino, un grupo de efectivos motorizados que actúan sobre los llamados motochorros. Los resultados que han tenido en las localidades donde se han presentado son muy buenos, pero aquí se cae en el problema de que son acciones esporádicas.

La inseguridad es uno de los temas diarios de conversación, queja, bronca e impotencia de los pergaminenses. Los delincuentes se han convertido en un flagelo social. Nada parece detenerlos: rejas, puertas blindadas, cerraduras múltiples, alarmas. Los motochorros recorren las calles buscando sus víctimas, generalmente adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos. Su osadía es tal que ni siquiera la Policía parece amedrentarlos. Y es más, los efectivos en algunas ocasiones prefieren no enfrentarlos a sabiendas de que ponen en riesgo sus vidas por nada, porque se han cansado de ver que el delincuente arrestado a la mañana estaba delinquiendo de nuevo a la tarde.

La sociedad es víctima de la inseguridad, de ello no quedan dudas, pero también es de la sociedad en su conjunto la responsabilidad. Echarle solo la culpa a una institución corrompida como la Policía es fácil, pero la culpa la tienen también los gobernantes, los legisladores, los funcionarios judiciales, los comerciantes que venden productos ilegales, o los narcotraficantes que venden drogas que hacen más violento al delincuente; los que critican y luego compran o venden mercaderías robadas, los que callan lo que saben y los que miran con indiferencia los infortunios del prójimo.

De todos modos, y con esto no se intenta ni revertir ni maquillar el argumento anterior, hay sectores con mayor responsabilidad en la lucha cotidiana contra la inseguridad, como lo son la Policía, el sistema carcelario y el judicial (y la discrecionalidad de los jueces ante leyes que dejan márgenes amplios a la interpretación porque están obsoletas), las normativas que aprueban los legisladores y los gobernantes que son los responsables de ejecutar las políticas orientadas al desarrollo social y que deberían contribuir a que el delito disminuya, estimulando el progreso y no perpetuando la pobreza con políticas con medidas que hacen ser menos pobres pero no persiguen la autosuficiencia, con el valor agregado de dignidad que ella otorga.

La inseguridad es un problema de la sociedad en su conjunto y nadie está a salvo, cada uno desde su lugar, puede ser parte de la solución. Pero para ello hay que comprometerse, cada uno con sus posibilidades, teniendo en cuenta que una sola gota puede ser insignificante, pero cuando están todas juntas, forman un océano.

Más policías, cámaras y apoyo tecnológico ayudan, pero son la estrategia y una sólida y estable política de seguridad, que tenga un norte definido y una hoja de ruta con objetivos puntuales, junto con un aparato de Justicia eficaz, las que pueden volver a generar confianza.