Avanza una ley contra el vandalismo rural que prevé penas de hasta ocho años de prisión
Un proyecto que busca endurecer las sanciones por ataques a establecimientos agropecuarios obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla castigos por ingresar ilegalmente a campos, destruir cultivos, romper silobolsas y provocar daños a la infraestructura productiva.
La inseguridad rural constituye desde hace años una preocupación para los productores agropecuarios argentinos. Robos de animales, destrucción de instalaciones, daños sobre cultivos, roturas de silobolsas e ingresos no autorizados a establecimientos forman parte de una problemática que afecta tanto el patrimonio como la tranquilidad de quienes viven y trabajan en el campo.
En ese contexto, la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso importante hacia la incorporación de nuevas herramientas legales para combatir estos hechos.
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El martes 6 de octubre, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería aprobó un dictamen de mayoría sobre un proyecto que propone modificar el Código Penal e incorporar figuras específicas relacionadas con el vandalismo rural.
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO, obtuvo 41 firmas entre los 66 legisladores presentes. También se anunciaron dos dictámenes de minoría correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El proyecto todavía deberá atravesar las siguientes instancias parlamentarias antes de convertirse en ley.
Penas más severas por daños a la producción
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación del artículo 184 bis al Código Penal.
La disposición contempla penas de dos a ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del perjuicio ocasionado, para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen bienes vinculados directamente con la producción agropecuaria.
Entre los elementos protegidos aparecen cultivos, cereales, silobolsas, ganado, materias primas e instalaciones productivas.
La intención es establecer una respuesta penal específica frente a ataques que no solamente generan pérdidas materiales inmediatas, sino que también pueden comprometer la continuidad de una actividad económica.
Una rotura intencional de silobolsas, por ejemplo, puede provocar deterioro de granos almacenados y pérdidas económicas importantes. Algo similar ocurre con la destrucción de cultivos o el daño a instalaciones indispensables para el funcionamiento de un establecimiento.
La propuesta busca contemplar esas particularidades dentro de la legislación penal.
Ingresar sin autorización también tendría sanciones
Otro de los cambios relevantes está relacionado con el ingreso no autorizado a propiedades rurales.
El proyecto propone incorporar el artículo 150 bis, que establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales, terrenos o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de sus responsables.
La iniciativa considera que existe una manifestación de esa voluntad cuando el establecimiento cuenta con alambrados, cercos, vallas, muros o carteles que prohíben el ingreso.
También contempla excepciones, como situaciones de necesidad justificada, pedidos de auxilio o circunstancias en las que no resulte posible identificar claramente los límites de la propiedad.
El objetivo es abordar una situación que, según los impulsores de la propuesta, no siempre encuentra una respuesta adecuada en la legislación vigente.
Durante el debate parlamentario, Ardohain planteó que el ingreso a un campo con armas o perros puede quedar actualmente reducido a una contravención, aun cuando represente una situación preocupante para quienes habitan el establecimiento.
Una problemática conocida en el interior
La discusión adquiere especial relevancia en regiones agropecuarias como Pergamino, donde los establecimientos rurales ocupan una parte fundamental del territorio y de la actividad económica.
La extensión de los campos, las distancias respecto de los centros urbanos y las dificultades para mantener una vigilancia permanente generan condiciones particulares en materia de seguridad.
Los productores deben proteger no solamente sus viviendas, sino también maquinaria, animales, instalaciones, insumos y cosechas que permanecen almacenadas durante largos períodos.
A ello se suman situaciones de ingreso de personas ajenas a los establecimientos, algunas vinculadas con actividades de caza no autorizada, que pueden derivar en daños a alambrados, animales o instalaciones.
En este contexto, el debate legislativo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con herramientas específicas para abordar las características del delito rural.
No obstante, la incorporación de nuevas figuras penales constituye solamente una parte de la respuesta. La prevención, los controles, la capacidad de investigación y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia continúan siendo aspectos fundamentales.
Una legislación adaptada al campo
Durante el tratamiento en comisiones, Ardohain sostuvo que la problemática del vandalismo rural requiere una mirada particular.
El legislador cuestionó lo que definió como una visión predominantemente urbana del Código Penal y consideró necesario incorporar disposiciones que contemplen las condiciones en las que viven y trabajan las familias rurales.
La propuesta también incluye modificaciones relacionadas con daños agravados, estragos y protección de infraestructura productiva.
El argumento central de sus impulsores es que determinados ataques al campo pueden generar consecuencias que exceden el valor del objeto dañado.
La destrucción de un cultivo, por ejemplo, puede representar la pérdida de meses de trabajo e inversión. El daño sobre una instalación productiva puede interrumpir actividades esenciales y afectar ingresos futuros.
Desde esa perspectiva, la iniciativa pretende que las sanciones contemplen de manera más específica las consecuencias de los hechos.
El próximo paso será el Congreso
Con el dictamen de mayoría aprobado, el proyecto quedó habilitado para continuar su recorrido parlamentario.
Todavía deberá debatirse y obtener las aprobaciones correspondientes para que las modificaciones propuestas puedan incorporarse efectivamente al Código Penal.
La discusión también permitirá analizar los alcances de las nuevas figuras, las penas previstas y su articulación con los delitos que ya contempla la legislación argentina.
Para el sector agropecuario, el avance legislativo representa una nueva instancia de debate sobre una problemática que lleva años instalada en la agenda rural.
La cuestión de fondo es cómo garantizar mejores condiciones de seguridad para quienes producen, trabajan y viven en establecimientos alejados de los centros urbanos.
El desafío será que las herramientas legales que eventualmente se aprueben puedan acompañarse con medidas efectivas de prevención, investigación y respuesta ante los delitos rurales.