Impuestos a las exportaciones Un productor frente al Estado: la batalla por las retenciones llega a la Corte
Un productor de Pergamino llevó a la Corte Suprema su reclamo contra las retenciones y pide recuperar US$84.169. El caso abre debate sobre quién puede reclamar.
Marcelo Risso atiende su estudio en Pergamino con la misma disciplina con la que administra el campo familiar. Agricultor de quinta generación y abogado por vocación tardía, decidió hace un año y medio que su doble condición le daba una herramienta que pocos productores tienen a mano: la posibilidad de litigar sin intermediarios. Con esa ventaja armó un amparo contra el Estado nacional por los impuestos a las exportaciones (retenciones), lo llevó a un juzgado federal y, tras perder dos veces, lo empujó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Soy el único productor que, a título individual, promovió un amparo contra las retenciones”, resume Risso en declaraciones al diario La Nación, y en esa singularidad radica buena parte del interés que despierta su caso. No se trata de una presentación colectiva impulsada por una entidad del campo, sino de la iniciativa solitaria de un particular dispuesto a recorrer todas las instancias judiciales.
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Un presupuesto que nunca se aprobó
El argumento de fondo tiene un punto de partida preciso: el rechazo del proyecto de Presupuesto 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Para Risso, esa falta de aprobación dejó caducas las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de derechos de exportación, de modo que todo cobro posterior carecería de respaldo legal. Sobre esa base pidió, ante el Juzgado Federal N.° 1 de San Nicolás, que se declaren inconstitucionales los decretos 851/2021, 38/2025 y 526/2025, y se apoyó en el precedente “Camaronera Patagónica”, el fallo de la Corte que puso límites a la delegación legislativa en materia tributaria.
El reclamo apunta a la devolución de US$84.169, correspondientes a lo percibido entre 2022 y 2024. Formalmente, quien está obligado a pagar el derecho de exportación es el exportador, no el productor. Pero Risso construyó su planteo sobre la realidad: en la práctica comercial, ese costo se descuenta directamente del precio que el agricultor recibe por su cosecha. Para probarlo, acompañó liquidaciones de soja, maíz y trigo junto con planillas oficiales de valores FOB.
Dos derrotas sin entrar al fondo
El juzgado de primera instancia reconoció algo relevante: admitió que el tributo “se traslada” al precio que cobra el productor. Aun así, rechazó el amparo porque consideró que Risso no era el sujeto obligado a pagarlo y, por lo tanto, carecía de legitimación activa para reclamar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero contestó la demanda y pidió su rechazo; el Poder Ejecutivo, en cambio, ni siquiera respondió y quedó en rebeldía.
La Cámara Federal de Rosario confirmó después ese fallo, con un argumento similar: entendió que no se había probado una relación directa entre el tributo y el precio que recibe el productor. En ambas instancias, entonces, la Justicia evitó pronunciarse sobre la validez constitucional de las retenciones y concentró la discusión en un aspecto procesal, el de la legitimación.
La última puerta
Agotada esa vía, Risso presentó un recurso extraordinario federal, que la Cámara le denegó el 6 de agosto de 2026. Una semana después, el 13 de agosto, golpeó la puerta que le quedaba: un recurso de queja ante la Corte Suprema para que revise si ese rechazo fue correcto. Si el tribunal lo admite, podrá finalmente analizar el fondo de la cuestión (la validez de las retenciones sin ley de presupuesto); si lo rechaza, la sentencia de la Cámara quedará firme y el planteo constitucional seguirá sin respuesta.
Una promesa incumplida y un reclamo de justicia
Risso vincula su decisión de retomar la batalla judicial con una promesa incumplida: la de Javier Milei de llevar las retenciones a cero. Dice que, mientras tanto, los costos del campo subieron con fuerza y los márgenes de la actividad se achicaron. “Cuando se gana, se gana poco, y cuando se pierde, se pierde todo”, sintetiza.
Para Risso, la eliminación de los derechos de exportación no es solo una discusión de política económica. “Siempre me pareció que este es un tema de estricta justicia”, afirma. La Secretaría de Agricultura, consultada sobre el caso, no respondió.
Lo que resuelva ahora la Corte Suprema excede la situación individual del productor de Pergamino. Si el tribunal habilita el recurso, sentará un antecedente sobre si los productores (y no solo los exportadores) tienen derecho a discutir judicialmente el cobro de las retenciones. Es, en definitiva, la pregunta que ni el juzgado de San Nicolás ni la Cámara de Rosario quisieron responder.