Se cayó la denuncia de Nisman contra la presidenta y el canciller

“En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”, sostuvo el fiscal Javier de Luca dando así por concluido el recorrido judicial de la acusación del extitular de la UFI Amia.

Buenos Aires, (NA) - La acusación del fallecido Alberto Nisman contra el Gobierno por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la Amia se topó ayer con un callejón sin salida, después de que el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier de Luca, rechazara avanzar con la denuncia.

En su fallo, de 27 fojas, De Luca consideró que “no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”, tras analizar el planteo judicial de Nisman, que apuntó especialmente contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman por el memorándum de entendimiento con Irán.

“En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”, sostuvo el fiscal, dando así por concluido el recorrido judicial de la acusación de Nisman.

La denuncia había sido rechazada en primera instancia y luego por la Cámara Federal, pero el fiscal de segunda instancia Germán Moldes pidió insistir ante Casación.

La denuncia recayó en manos de De Luca, que ahora en su dictamen optó por desestimarla e hizo caer la investigación, ante la imposibilidad de recurrir a nuevas instancias, a menos que aparezcan nuevas pruebas que permitan impulsarla.

“Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa”, afirmó en su resolución, al referirse al pedido de Moldes, que la semana pasada intentó sin éxito saltear su intervención, al cuestionar la pertenencia de De Luca al espacio Justicia Legítima, alineado con el Gobierno.

Fundamentos

En su dictamen, el fiscal realizó un repaso de los fallos precedentes y realizó consideraciones específicas propias sobre la denuncia de Nisman, acerca de las supuestas negociaciones para la firma del memorándum de entendimiento firmado entre los gobiernos argentino e iraní y sobre este mismo tratado internacional.

Afirmó que “esas negociaciones o gestiones” denunciadas por Nisman “no constituyen delito en la Argentina, porque no está previsto el delito de conspiración o complot o confabulación para el encubrimiento”.

“Si se reciben denuncias del tipo ´en la casa de al lado se trafican estupefacientes´, o que ´Fulano mató a Mengano´, o de un robo de unas 25 carteras, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina (exartículo 118 CP)”, ejemplificó.

Sostuvo que “está vedado por la Constitución iniciar y mantener una acción penal para determinar si hubo un delito, cuando a simple vista la conducta no constituye delito alguno”.

Respecto del memorándum, señaló que “la firma de un Tratado Internacional entre dos potencias soberanas nunca puede ser la base fáctica ni jurídica de un delito y, las motivaciones o móviles o ultraintenciones que pudieran tener los distintos actores que intervinieron en las negociaciones previas, redacción y sanción, aprobación o ratificación, tampoco”.

“Su acierto, conveniencia o error no es asunto que incumba al Poder Judicial, porque son cuestiones políticas, no justiciables. Pues lo contrario implicaría menoscabar las funciones que corresponden a otros poderes”, distinguió De Luca. 

Un planteo “absurdo”

También señaló que “sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico” y que “si la firma de este acuerdo pudiera ser entendida (con cierto esfuerzo e imaginación) como una ayuda material a los prófugos de la Causa Amia esa acción igualmente no constituiría delito porque recaería dentro de la competencia constitucional no justiciable del Ejecutivo y del Legislativo”.

Dijo que “la conformación de una Comisión de la Verdad y la notificación a Interpol de la celebración del acuerdo internacional están escritas en el mismo acuerdo, totalmente a la vista, y fueron ratificados por el Congreso de la Nación”.

“No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos, porque está todo a la vista. Por otra parte, los delitos de tráfico de influencias o afines que pudieran haberse cometido en el decurso de toda esta historia no guardan relación jurídica con las supuestas maniobras de encubrimiento, precisamente, porque esos delitos versan sobre las conductas de falsos influyentes”, sostuvo.

Subrayó que “sólo los jueces son quienes pueden solicitar a Interpol las altas y las bajas de las capturas internacionales de personas imputadas de delitos, que dan lugar a un procedimiento reglado de Interpol”.

Petitorio de Sara Garfunkel

La madre del fiscal fallecido Alberto Nisman, Sara Garfunkel, encabezó ayer un acto junto a políticos e intelectuales en las escalinatas de los tribunales porteños, donde entregaron un petitorio dirigido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, solicitándole que mantenga abierta la denuncia contra Cristina Kirchner.

En el documento se le solicitó al Máximo Tribunal que tome las medidas que considere necesarias para impedir que se archive la denuncia hecha por el fiscal contra la presidenta por el supuesto encubrimiento a Irán en la voladura de la Amia.

Además, los manifestantes reclamaron que se acelere la investigación por la muerte del funcionario judicial.

La misiva fue acompañada por los abogados Alejandro Fargosi y Horacio Jaunarena; el ensayista Santiago Kovadloff; los diputados del PRO Sergio Bergman y Patricia Bullrich; y el periodista Alfredo Leuco, entre otros.

Además, el documento llevó las firmas de la exdiputada nacional Graciela Fernández Meijide; y el periodista Nelson Castro.