San Nicolás: homologaron un acuerdo por $30 millones tras una denuncia por una lesión durante una extracción de sangre
Una mujer denunció que sufrió daños en un nervio del brazo derecho durante un análisis de rutina. Cuatro años después, la Justicia de San Nicolás homologó un acuerdo indemnizatorio.
Una extracción de sangre realizada para estudios médicos de rutina derivó en un reclamo judicial en el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 3 de San Nicolás por una presunta lesión neurológica. La paciente aseguró que sufrió daños en un nervio del brazo derecho y que las molestias afectaron sus actividades cotidianas y laborales. El conflicto terminó con un acuerdo por 30 millones de pesos.
La extracción de sangre y la lesión denunciada
El episodio ocurrió el 21 de abril de 2022, cuando la mujer tenía 32 años y concurrió a un centro de análisis clínicos para realizarse estudios generales y de control, por indicación de su médica clínica.
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Según relató en la demanda, después de la extracción comenzó a experimentar adormecimiento en el brazo y la mano derecha. Horas más tarde, apareció un dolor intenso en la zona donde le habían realizado la punción.
La paciente sostuvo que recibió indicaciones médicas para tratar las molestias con calmantes y analgésicos, pero que los síntomas continuaron durante los días siguientes. Con el paso del tiempo, los episodios de dolor y adormecimiento se hicieron más prolongados y comenzaron a dificultarle distintas actividades de su vida diaria y laboral.
Ante la persistencia del cuadro, los profesionales que la atendían solicitaron una electromiografía computarizada. El estudio registró una lesión neurogénica irritativa de escasa cronicidad en el nervio mediano derecho, localizada a la altura del tercio inferior del brazo.
A partir de ese diagnóstico, la mujer comenzó un tratamiento con una especialista en neurología, recibió medicación e inició sesiones de kinesiología para intentar recuperar la movilidad y disminuir las molestias.
Qué determinó la documentación médica y qué reclamó la mujer
En su presentación judicial, la demandante también hizo referencia a una causa penal por lesiones culposas y a una pericia médico-legal incorporada a ese expediente.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda civil, el informe pericial consideró que existía compatibilidad entre el mecanismo de lesión relatado por la paciente y el daño neurológico detectado. También advirtió sobre la posibilidad de que quedaran secuelas, aunque en ese momento no era posible establecer con precisión los tiempos de recuperación.
La mujer reclamó una indemnización por distintos conceptos, entre ellos daño físico, gastos médicos y de farmacia, daño moral, consecuencias psicológicas, tratamientos y una eventual disminución de su capacidad laboral.
El planteo contemplaba tanto las consecuencias personales como las económicas que, según sostuvo, había provocado la lesión. Por ese motivo, solicitó que el monto de la reparación se estableciera a partir de las evaluaciones periciales correspondientes y de la determinación del alcance de las secuelas.
La Justicia de San Nicolás homologó el acuerdo por $30 millones
Después de cuatro años, el conflicto encontró una resolución en el ámbito civil mediante un acuerdo económico entre la mujer y los demandados. El convenio alcanzó al centro de análisis clínicos, al profesional señalado por la paciente y a la compañía aseguradora.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de San Nicolás homologó el entendimiento por un total de 30 millones de pesos y dio por concluido el litigio.
La resolución judicial tiene una particularidad: la homologación del acuerdo no implica que se hayan comprobado las responsabilidades denunciadas por la mujer. El juzgado aprobó los términos negociados entre las partes, pero no dictó una sentencia sobre el fondo de la cuestión ni determinó si la extracción de sangre fue la causa de la lesión.
Además, se estableció que las costas del proceso quedaran a cargo de las partes demandadas y de la aseguradora, de acuerdo con lo convenido.
De esta manera, el reclamo judicial iniciado por la presunta lesión durante un estudio médico de rutina terminó con una compensación de 30 millones de pesos, sin que existiera un pronunciamiento judicial que atribuyera responsabilidad profesional o institucional.