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Ramallo: La Cámara de Comercio rechazó el peaje de Poletti al tránsito pesado que ingresa a la ciudad

La entidad empresarial cuestionó el nuevo cobro municipal y advirtió que el sobrecosto puede trasladarse a los precios o afectar la competitividad exportadora.

23 de septiembre de 2026 a las 06:05 p. m.
El Gobierno de Mauro Poletti implementará en octubre un peaje con tarifas que alcanzan los $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales para el tránsito pesado que ingrese a Ramallo.
Foto: El Norte

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al peaje que el Municipio de Ramallo prevé implementar en octubre para el tránsito pesado que ingresa por el Acceso Sánchez y cuestionó la legalidad y el impacto económico de la medida impulsada por el gobierno de Mauro Poletti.

Peaje para camiones en el Acceso Sánchez de Ramallo

De acuerdo con lo informado, el municipio implementará el nuevo esquema a través de la Licitación Pública N° 3/25. Las tarifas previstas alcanzan los $37.000 por pesaje dinámico, a lo que se suma un cobro adicional de $25.000 para el tránsito pesado que ingrese a Ramallo.

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La medida alcanzará al ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, una vía de aproximadamente 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.

El anuncio ya había generado cuestionamientos de sectores vinculados al transporte de cargas y ahora sumó el pronunciamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que manifestó formalmente su oposición al sistema de cobro.

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La entidad empresarial calificó la iniciativa como un “esquema de cobro irregular e inconstitucional” y cuestionó particularmente las características de la arteria sobre la que se aplicará el nuevo cargo.

La Cámara cuestionó el costo y la falta de caminos alternativos

Uno de los principales argumentos planteados por la CAC es que el tránsito pesado no cuenta con rutas o caminos alternativos para evitar el Acceso Sánchez. Según la entidad, esta situación convierte al cobro en una especie de aduana interior, además de considerar que funciona como un peaje municipal encubierto.

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La Cámara también cuestionó el monto establecido y sostuvo que resulta desproporcionado en relación con los costos de conservación del tramo vial. En ese sentido, planteó que la aplicación de la tarifa genera un impacto directo sobre las empresas que utilizan el corredor para trasladar mercaderías.

La entidad respaldó además las acciones administrativas y judiciales impulsadas por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para cuestionar la medida.

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En paralelo, reclamó la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales, con el objetivo de que se analice la situación y se avance en la suspensión del nuevo esquema de cobro.

El impacto del peaje en la logística y los precios

En su pronunciamiento, la CAC advirtió que los nuevos costos asociados al transporte pueden trasladarse a distintos eslabones de la cadena económica. Según señaló, las distorsiones en los costos logísticos pueden terminar reflejándose en el precio final de los productos o reducir la competitividad de las exportaciones.

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La Cámara comparó el caso de Ramallo con determinados regímenes de recaudación aplicados en la provincia de Misiones y sostuvo que, desde su perspectiva, este tipo de mecanismos pueden transformarse en “auténticas aduanas interiores” cuando gravan el movimiento de cargas dentro del territorio.

El cuestionamiento también se suma a otros costos que ya pesan sobre el transporte en Ramallo. La CAC recordó que desde enero el municipio aplica una sobretasa del 2% por cada litro de combustible, lo que, de acuerdo con la entidad, incrementa todavía más la carga económica sobre el sector.

Otro de los puntos señalados es el costo por kilómetro que representaría la utilización del corredor. La entidad empresarial sostuvo que el valor supera ampliamente las tarifas vigentes en los principales corredores viales del país.

De esta manera, el peaje previsto para octubre continúa generando cuestionamientos entre sectores empresarios y vinculados al transporte de cargas. El debate se centra tanto en la legalidad del mecanismo como en el impacto que los nuevos costos podrían tener sobre la actividad productiva, la logística y el precio de los bienes.

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