Ramallo: alertan por el peaje de $62.000 y las sanciones al transporte de cargas
La UIPBA y la ADIBA cuestionaron el registro obligatorio para transportistas impulsado por el municipio y advirtieron sobre sanciones a las industrias. La medida se suma a un peaje de hasta $62.000 por recorrido.
El conflicto entre el sector industrial y el municipio de Ramallo sumó un nuevo capítulo tras la creación de un registro obligatorio para el transporte de cargas. Las entidades empresarias bonaerenses rechazaron las nuevas exigencias impulsadas por la gestión de Mauro Poletti y alertaron sobre el impacto que podrían tener en los costos logísticos, la circulación de mercaderías y el funcionamiento de las fábricas.
Un registro municipal que genera preocupación entre los industriales
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron la implementación del Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), aprobado mediante una ordenanza el 19 de octubre. El mecanismo establece que los transportistas deben inscribirse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito.
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Según las entidades, el nuevo esquema incorpora obligaciones administrativas similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024. Para los representantes industriales, la medida vuelve a introducir exigencias burocráticas en una actividad que había sido alcanzada por políticas de desregulación.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el régimen de sanciones previsto. Las penalidades podrían incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, las organizaciones advirtieron que las disposiciones podrían comprometer a las empresas que contratan los servicios de transporte, incluso cuando los incumplimientos correspondan a los transportistas.
La preocupación se centra en la posible responsabilidad solidaria de las industrias dadoras de carga. De acuerdo con el planteo empresario, esta condición podría generar consecuencias económicas y administrativas para las compañías, además de afectar el abastecimiento de materias primas y el despacho de productos terminados.
El peaje de hasta $62.000 por cinco kilómetros
La controversia por el registro se suma al peaje que el municipio implementó en septiembre sobre un tramo de cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. Según denunciaron UIPBA y ADIBA, el cobro oscila entre $25.000 y $62.000 por viaje, de acuerdo con las características del transporte.
Las entidades sostuvieron que el corredor constituye un acceso habilitado para el tránsito pesado sin caminos alternativos disponibles para ese tipo de vehículos. También estimaron que el esquema alcanza a más de 100 empresas y que, según la intensidad de sus operaciones, el costo anual podría llegar a los $500 millones por compañía.
Otro punto objetado es el mecanismo de administración del sistema. Según el comunicado empresario, la concesión fue otorgada a una firma privada que recibiría el 50% de la recaudación. En paralelo, el municipio comenzó a intimar a transportistas para que tramiten el dispositivo TAG y completen los procedimientos de registro.
Para las organizaciones industriales, el cobro representa una barrera económica para el movimiento de mercaderías y encarece las operaciones de compañías que utilizan el corredor para trasladar insumos, productos y cargas vinculadas con la actividad portuaria de la región, incluido el puerto de San Nicolás.
La advertencia por las “aduanas interiores” y el costo argentino
En su comunicado, UIPBA y ADIBA describieron las medidas como una suerte de “aduana interior” y las vincularon con el denominado costo argentino. Según su interpretación, la combinación de peajes, permisos y controles municipales agrega gastos logísticos sin generar un valor adicional para la producción.
Las entidades también cuestionaron que las nuevas exigencias se apliquen en un contexto en el que las industrias buscan reducir costos y sostener su competitividad. Advirtieron que las restricciones podrían repercutir sobre distintas etapas de la cadena productiva, desde el ingreso de materias primas hasta la distribución de productos terminados.
El planteo, además, excede la situación particular de Ramallo. Los representantes empresarios alertaron sobre la posibilidad de que otros municipios adopten sistemas similares, con nuevos registros y cobros que se acumulen durante un mismo recorrido y multipliquen los costos del transporte de cargas.
Por último, las organizaciones calificaron las disposiciones como inconstitucionales y cuestionaron su compatibilidad con las políticas de simplificación de la actividad logística. El conflicto abre así una nueva discusión sobre el alcance de las regulaciones municipales y su impacto en la circulación de mercaderías y el funcionamiento de las industrias bonaerenses.