Obra Pública: piden embargar más de 140 inmuebles de Cristina Kirchner

Según indicaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se trata de una medida cautelar a aplicar sobre un total de 145 bienes raíces, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados, con confirmación de la Cámara Federal.

BUENOS AIRES (NA) - Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez federal Julián Ercoloni el embargo y tasación de más de 140 inmuebles y productos bancarios pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su Gobierno procesados en el marco de la causa por presunto fraude y direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

En su presentación, los fiscales solicitaron al magistrado que “proceda a afectar al embargo preventivo los bienes que se encuentran registrados a nombre de la expresidente”, además de los pertenecientes a Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas José López; al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; “así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito” por la exmandataria a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

Bienes

Según indicaron, se trata del embargo de un total de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados, con confirmación de la Cámara Federal.

Respecto a los activos pertenecientes a Cristina Kirchner, los fiscales basaron su pedido en el inmueble de El Calafate, además de tres cajas de ahorro en el Banco Galicia, mientras que el resto del embargo requerido recae en Máximo y Florencia Kirchner, quienes -por la cesión de la expresidenta- son quienes detentan la titularidad del resto de los bienes de la familia “que incluyen 25 propiedades” en la Capital Federal y en Santa Cruz, “acciones en las firmas Hotesur, Los Sauces y CO.MA, un vehículo automotor y dinero en efectivo”.

El pedido de embargo a Báez incluye, en tanto, un total de 81 inmuebles en Capital Federal, Chubut, Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz (en los que figura como único propietario o bien en algún porcentaje), cuatro vehículos y acciones en empresas.

En el caso de De Vido, se trata del inmueble de la calle Charcas en la Capital Federal y dos automóviles a su nombre; mientras que a López se le atribuyen siete inmuebles en Tucumán y en Santa Cruz, una embarcación y un automóvil.

Al solicitar el secuestro de automóviles y embarcaciones, los fiscales advirtieron sobre la necesidad de “conservar su valor, evitando que se deterioren por el paso del tiempo” y reclamaron a Ercolini que “designe como depositario judicial de todos ellos a alguna institución u organismo público que pueda no sólo garantizar su preservación sino también otorgarles un uso que favorezca el provecho común”.

Además, con el objeto de “evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar”, los fiscales solicitaron que se disponga “el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática”.

“La constitución de plazos fijos de renovación automática se presenta como la medida más idónea para su conservación, dado que son operaciones que no presentan ningún riesgo y que permiten devengar una tasa de interés que ayude a mantener el valor de las sumas dinerarias, máxime en contextos inflacionarios”, indicaron.

Por otra parte, “a fin de profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar”, reclamaron a Ercolini que ordene “la apertura de las cajas de seguridad franjadas, el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo de aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraren en su interior”.

Pollicita y Mahiques se refirieron puntualmente a cajas de seguridad de De Vido, López y Carlos Kirchner que fueron “fajadas en forma preventiva”: se trata de dos cajas de seguridad de De Vido en el Banco Patagonia y en el Banco Galicia; una de López en el Banco Patagonia y otras tres de Carlos Kirchner en el Banco Francés y en el Banco Santa Cruz.

Además, a fin de establecer con precisión el valor de los bienes cautelados y evaluar el monto del millonario embargo ya decretado en la causa (que respecto de algunos imputados asciende a 10 mil millones de pesos), pidieron que -paralelamente a las medidas cautelares propuestas- el juez “ordene la tasación de los bienes que serán embargados”.

“Sumado a ello, en atención a que el eventual decomiso a dictarse podrá ser decretado, pediremos que disponga la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti, y sucesión de Adelmo Biancalani SA, como así también respecto de la firma K-Sanc S.A”, se indicó.

Finalmente, solicitaron a Ercolini que “mantenga vigente la inhibición general de bienes, hasta tanto se considere satisfecho el monto del embargo” y que todos los procesados “sean convocados personalmente para que informen sobre los bienes que pueden afectarse al embargo”.