Niegan salidas laborales a condenado por cometer abusos contra una menor
La Cámara departamental desestimó pedidos de empleo extramuros gestionados en favor del colonense César Ricardo García.
La justicia penal del Departamento Judicial Pergamino ratificó la denegatoria de los pedidos de salidas laborales efectuados en favor de César Ricardo García, vecino de Colón de 78 años que purga arresto domiciliario tras haber sido condenado a casi una década de prisión por gravísimos delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. La resolución, dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, puso un freno categórico a las pretensiones de la defensa técnica y ratificó plenamente lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, consolidando los límites impuestos al encierro en su vivienda.
El litigio en torno a las salidas laborales se originó a partir de una presentación efectuada por el letrado particular del imputado, Germán Brescovich Levy, quien solicitó que a García se le permitiera egresar de su domicilio bajo el régimen de salidas para desempeñar tareas laborales. Dicho reclamo, tramitado en el marco del incidente de ejecución correspondiente a la causa PE-749-2024, fue desestimado por el Tribunal en lo Criminal N° 1, cuyos magistrados evaluaron que la naturaleza de los delitos imputados, la magnitud de la condena recaída y la ausencia de los presupuestos indispensables tornaban inviable la concesión del beneficio pretendido.
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Reversa en la Cámara
Frente al rechazo originario, el letrado colonense dedujo un recurso de apelación que elevó las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino. El tribunal de alzada, integrado por los camaristas Martín Miguel Morales y Gladys Mabel Hamue, con la secretaria Sabrina Beatriz Erviti, analizó el legajo registrado bajo el N° 9021-2026 y resolvió confirmar íntegramente la decisión del tribunal de juicio, sosteniendo la validez y razonabilidad del criterio que cerró las puertas a las salidas extramuros del sentenciado.
Lejos de conformarse con el pronunciamiento adverso, la defensa de García interpuso un recurso de casación en los términos del artículo 450 del Código Procesal Penal bonaerense. En su escrito, el profesional denunció una supuesta afectación de garantías consagradas en la Constitución Nacional, invocando preceptos atinentes a los derechos de las personas mayores y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas vulnerables. Con base en dichos argumentos, el defensor adujo una situación de gravedad institucional y arbitrariedad manifiesta que, a su criterio, habilitaba de forma excepcional la intervención del Tribunal de Casación Penal.
Sin embargo, en su examen de admisibilidad, la Cámara departamental clausuró dicha vía al declarar inadmisible el recurso de Casación. Los jueces Morales y Hamue recordaron pacífica jurisprudencia provincial que sostiene que las decisiones vinculadas a incidentes de ejecución no habilitan un doble recurso ordinario, en tanto la garantía del doble conforme ya quedó satisfecha. Para sortear ese estándar, la defensa debía demostrar una arbitrariedad palmaria o un riesgo grave para la vida o la dignidad humana, extremos no acreditados mediante meras argumentaciones dogmáticas. No obstante, se tuvo presente la reserva del caso federal.
El juicio oral
El trasfondo de este litigio remite al juicio oral desarrollado en junio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino. En aquella sentencia, el órgano colegiado presidido en el debate por la jueza Marcela Santoro halló a César Ricardo García culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil, imponiéndole una condena de 9 años y 8 meses de prisión efectiva.
El veredicto condenatorio coronó un prolijo trabajo de investigación penal preparatoria impulsado por la fiscal de Colón, Magdalena Brandt, titular de la UFIJ Descentralizada N° 1. La fiscalía reunió un cuadro probatorio que permitió desenmascarar una prolongada trama de sometimiento ocurrida en Colón y que permaneció oculta hasta que la joven denunciante logró exteriorizar el infierno padecido al alcanzar la mayoría de edad.
Durante el debate oral, la víctima brindó un estremecedor testimonio de más de una hora. Sentada frente al tribunal, respondió con detalle a las preguntas de la fiscal Brandt y de los defensores Germán Brescovich y Joaquín Fraga. Con un relato lúcido, coherente y desgarrador, describió cómo fue captada cuando apenas tenía catorce años, transformándose en víctima de un hostigamiento y una sistemática manipulación que se prolongó durante casi ocho años.
Evidencia digital clave
Uno de los pilares determinantes que apuntaló la acusación pública radicó en las pericias tecnológicas efectuadas sobre los soportes electrónicos secuestrados al imputado. Los peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal llevaron a cabo un certero análisis forense mediante el cual recuperaron material de alto valor incriminatorio. Dichos archivos confirmaron la tenencia y manipulación de registros de representación sexual de menores de edad, brindando una corroboración material incontrovertible a los dichos de la víctima.
A las pericias informáticas se sumaron informes psicológicos concluyentes sobre los graves traumas emocionales y el estado de extrema vulnerabilidad de la víctima frente al accionar perverso de un hombre maduro que abusó de su asimetría de poder. Esas pruebas desarmaron por completo la estrategia de la defensa, que intentó sostener una supuesta relación consentida.
Perspectiva de género
Al fundamentar el fallo, la jueza Marcela Santoro remarcó la obligación de juzgar con perspectiva de género y protección de la niñez. La resolución destacó que en delitos cometidos en la intimidad, la palabra de la víctima tiene valor primordial al estar respaldada por evidencias periféricas y peritajes científicos coincidentes.
La magistrada consideró acreditados los delitos de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de material de representación sexual infantil. Aunque declaró prescripta la producción de dicho material debido al tiempo transcurrido previo al cambio legal, ello no alteró la gravedad de la pena fijada.