Andreina Quiroga publicó su versión sobre la causa por los hechos en la Comisaría Tercera

Andreina Belén Quiroga, una de las 14 integrantes de la Policía bonaerense que deberán afrontar un juicio oral por los hechos ocurridos el 29 de agosto de 2023 en los calabozos de la Comisaría Tercera de Pergamino, difundió un extenso descargo público para dar a conocer su versión de lo sucedido. La publicación apareció en una cuenta de Facebook creada para expresar su derecho a réplica, luego de que Diario La Opinión informara sobre la reciente resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que confirmó la elevación de la causa a juicio.

La mujer, que al momento del episodio investigado se desempeñaba como oficial de servicio en la dependencia policial del barrio Acevedo, decidió romper el silencio y cuestionar lo que considera una cobertura periodística parcial de la investigación. En su exposición, además de reconstruir las circunstancias que, según su relato, motivaron la intervención policial dentro de los calabozos, describió las dificultades personales, familiares y de salud que afirma haber atravesado durante los últimos años.

El pronunciamiento se conoció después de que este diario publicara el contenido del fallo de los camaristas Gladys Hamué y Martín Morales, quienes confirmaron la decisión de que los 14 efectivos policiales involucrados sean sometidos a debate oral para esclarecer las circunstancias de un procedimiento desarrollado cuando había 17 personas detenidas alojadas en la Comisaría Tercera.

Su versión del procedimiento

Quiroga comenzó su descargo situando los acontecimientos en la jornada del 29 de agosto de 2023. Según explicó, se encontraba cumpliendo funciones como oficial de servicio cuando un compañero le comunicó que se estaba produciendo una pelea entre personas alojadas en los calabozos.

En ese sentido, sostuvo que la dependencia tenía una capacidad habilitada para nueve detenidos, aunque aquella jornada había casi el doble de personas alojadas. También hizo referencia a los conflictos que, según su interpretación, se venían produciendo dentro del sector de detención y a las declaraciones de otros internos incorporadas al expediente.

La mujer aseguró que durante el enfrentamiento uno de los detenidos habría formulado una amenaza vinculada con la posibilidad de provocar un incendio en los calabozos. Para contextualizar esa situación mencionó un antecedente ocurrido en 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino, que involucró a un hermano de esa persona.

De acuerdo con su relato, frente al riesgo que representaba la continuidad del conflicto se tomó la determinación de separar al detenido del resto de los alojados para evitar que la situación terminara en una tragedia.

Quiroga también afirmó que las autoridades judiciales fueron informadas de lo que sucedía dentro de la dependencia y planteó que su intervención estuvo relacionada con la necesidad de prevenir consecuencias mayores.

En particular, cuestionó la utilización de términos como tortura y las referencias al supuesto empleo de una picana o dispositivo de aplicación de corriente eléctrica. Sostuvo que ese elemento nunca existió y aseguró que las pericias incorporadas al expediente arrojaron resultados negativos.

También puso en discusión las lesiones que se mencionan en la investigación y reclamó que se conozcan las constancias médicas y los resultados de los estudios periciales que, desde su perspectiva, no respaldarían algunas de las afirmaciones difundidas.

En este punto, la mujer cuestionó especialmente la manera en que se presenta públicamente su situación procesal y advirtió sobre las consecuencias que pueden generar las publicaciones periodísticas antes de la realización del debate oral.

Quiroga relató que permaneció 32 días alojada en dependencias de la Policía Federal y aseguró que durante ese período no recibió la atención médica que necesitaba. Entre otras situaciones, mencionó que solicitó medicamentos para aliviar dolores de cabeza y que no se los proporcionaron.

También manifestó que atravesó el embarazo sin los controles médicos que consideraba necesarios y con la preocupación por el estado de salud del bebé que esperaba.

Según expresó, su hijo nació a las 35 semanas de gestación y debió permanecer siete días internado en neonatología por una insuficiencia cardíaca, con asistencia de oxígeno. Además, señaló que durante el embarazo había presentado complicaciones vinculadas con la presión arterial.

En su publicación también recordó que en diciembre de 2024, cuando el niño tenía cuatro meses, debió ser intervenido quirúrgicamente por una malformación congénita en uno de sus pies.

La mujer aseguró que durante ese período perdió sus ingresos salariales y la cobertura de su obra social, una situación que, según describió, repercutió directamente en la economía familiar y en las posibilidades de afrontar los gastos médicos.

En ese contexto, relató que el 8 de diciembre de 2025 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internada en la Clínica La Pequeña Familia de Junín.

De acuerdo con su exposición, el equipo médico, los abogados del establecimiento asistencial y su defensor particular solicitaron al Servicio Penitenciario Bonaerense que retirara temporalmente la tobillera electrónica para posibilitar la realización de una resonancia magnética.

Sin embargo, sostuvo que durante los seis días que permaneció internada no se concretó el retiro del dispositivo y, por ese motivo, no pudieron realizarle el estudio solicitado.

Asimismo, cuestionó las restricciones que, según manifestó, encuentra para realizar actividades cotidianas, entre ellas acompañar a sus hijos o retirarlos de los establecimientos educativos. Aclaró que recientemente pudo concurrir a la comunión de su hija con autorización judicial.

Manifestó su preocupación por la construcción de una imagen pública antes de que se desarrolle el juicio y sostuvo que la difusión de determinadas informaciones podría influir en la percepción de quienes eventualmente deban intervenir en el debate.

La mujer también puso el acento en las consecuencias que una investigación penal puede tener sobre los integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias, especialmente cuando se producen interrupciones laborales, pérdida de ingresos y dificultades para sostener la atención médica.

Finalmente, pidió que se conozcan todas las versiones de lo sucedido, que se analice la totalidad de las pruebas y que se respete su derecho a ejercer la defensa.

La decisión de los camaristas Gladys Hamué y Martín Morales constituye una resolución procesal que habilita la instancia de debate oral para que se analicen las pruebas, las circunstancias de los procedimientos y las responsabilidades que pudieran corresponder a cada uno de los imputados.

En ese marco, resulta necesario distinguir entre la información periodística sobre las decisiones adoptadas por los órganos judiciales y las responsabilidades penales que deberán determinarse durante el juicio.

La publicación de Diario La Opinión estuvo vinculada con la difusión de una resolución judicial de acceso público, compartida en el sitio de consulta de sentencias de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Dar a conocer el contenido de ese pronunciamiento no implica emitir una valoración anticipada sobre la culpabilidad de las personas involucradas.

El derecho a réplica ejercido por Quiroga permite incorporar su versión de los acontecimientos y sus cuestionamientos a la cobertura periodística, mientras la investigación ingresa en una nueva etapa judicial en la que deberán esclarecerse los hechos ocurridos hace más de tres años en la dependencia policial del barrio Acevedo.