La Red de Jueces Bonaerenses denunció un asedio contra el juez Alejandro López de San Nicolás
La entidad repudió las críticas públicas y el pedido de juicio político contra el magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 y advirtió sobre riesgos para el Estado de Derecho.
La Red de Jueces Penales Bonaerenses expresó su enérgico rechazo a las manifestaciones públicas y a la promoción de un juicio político contra Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás. La entidad consideró que estas acciones constituyen un mecanismo de presión sobre la Justicia y advirtió que podrían afectar la independencia de los magistrados y las garantías constitucionales.
A través de un comunicado difundido el lunes 19 de octubre, con la firma de su presidente, Nicolás Schiavo, la organización cuestionó las críticas que, según sostuvo, se apoyan en informaciones parcializadas y planteó que la promoción de un jury no puede utilizarse como una herramienta para condicionar el contenido de las decisiones judiciales.
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Bajo el título «El asedio a la Justicia no puede ser una política pública», la Red sostuvo que resulta incompatible con los principios republicanos pretender que un proceso penal concluya necesariamente con el resultado que reclama una de las partes, independientemente de la valoración de las pruebas y de la aplicación del derecho.
Críticas al pedido de jury
En el documento, la entidad advirtió que impulsar el juicio político contra un magistrado por una resolución que genera cuestionamientos supone trasladar una controversia judicial al terreno de la presión política y mediática. Según su postura, ese mecanismo no modifica los efectos jurídicos de la sentencia cuestionada y tampoco reemplaza las vías de impugnación previstas en el ordenamiento legal.
La Red recordó que las resoluciones judiciales, como cualquier acto público, pueden ser objeto de críticas. Sin embargo, señaló que existen procedimientos institucionales específicos para cuestionarlas y que recurrir al jury con otros propósitos puede representar un intento de restringir la capacidad de decisión de los jueces.
En ese sentido, sostuvo que la utilización del mecanismo de remoción para enviar «mensajes simbólicos» al conjunto de la magistratura constituye una práctica impropia, porque podría instalar la idea de que los jueces deben resolver determinados casos conforme a las pretensiones de sectores políticos o económicos para evitar consecuencias sobre sus cargos.
El comunicado también hizo referencia a declaraciones de quienes promovieron públicamente el jury. De acuerdo con la interpretación de la Red, el objetivo expresado sería advertir a otros magistrados que podrían enfrentar consecuencias similares si, al analizar casos equivalentes, valoran las pruebas y el derecho de una manera contraria a las expectativas de quienes reclaman una condena.
Advertencia sobre la independencia judicial
La organización señaló que no se trata de una preocupación nueva. En pronunciamientos anteriores, recordó, ya había advertido sobre los riesgos que estas prácticas representan para el Estado de Derecho y para los pilares de la convivencia democrática.
Como antecedentes, mencionó las iniciativas de juicio político impulsadas contra jueces de garantías que se negaron a utilizar la prisión preventiva como una pena anticipada, en resguardo de la presunción de inocencia. También recordó situaciones en las que se cuestionó a jueces de ejecución por aplicar las normas vinculadas con la resocialización de las personas condenadas, contempladas en las leyes nacionales 24.660 y provinciales 12.256.
Según planteó la Red, esa modalidad de cuestionamiento se extendió progresivamente hacia los tribunales encargados de juzgar los casos penales. La entidad consideró que el riesgo consiste en instalar un escenario en el que los magistrados puedan sentirse presionados a disponer encarcelamientos cautelares, dictar condenas sin que las pruebas lo justifiquen o ejecutar penas al margen de la legislación vigente, ante la posibilidad de ser apartados de sus funciones.
Un llamado institucional
En uno de los pasajes centrales del pronunciamiento, la Red de Jueces Penales Bonaerenses advirtió que el asedio a las facultades constitucionales de los magistrados puede vaciar de contenido las garantías fundamentales.
La entidad sostuvo que, si las decisiones judiciales quedan condicionadas por las presiones de quienes ejercen el poder en cada momento, los resguardos constitucionales de la libertad y la propiedad de los ciudadanos corren el riesgo de quedar subordinados a intereses circunstanciales.
Finalmente, la organización convocó a preservar los canales institucionales y expresó su expectativa de que el diálogo entre los distintos poderes del Estado no se construya mediante presiones sobre los jueces.
El pronunciamiento, fechado en La Plata el 19 de octubre de 2026 y firmado por Nicolás Schiavo en su carácter de presidente, se inscribe en la defensa de la independencia judicial y plantea un debate sobre los límites entre la crítica legítima a las sentencias y los mecanismos que pueden convertirse en instrumentos de presión sobre quienes deben resolver conforme a las pruebas y al derecho vigente.