La presidenta impulsará en el Congreso la disolución de la exSide

Cristina Kirchner dijo que el decreto para convocar a extraordinarias ya está listo. El texto que se pondrá en discusión establece que la nueva Agencia Federal de Inteligencia estará encabezada por un director y subdirector, cuya designación estará a cargo del Ejecutivo, pero deberá contar con el acuerdo del Senado. 

Buenos Aires, (NA) - Luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que convocará a sesiones extraordinarias y enviará al Congreso un proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia (exSide) y reemplazarla por una Agencia Federal de Inteligencia, con el objetivo de “transparentar” el trabajo del organismo.

En un mensaje de una hora por cadena nacional transmitido desde la Quinta de Olivos, la jefa de Estado anticipó que tiene en su poder una iniciativa que reformará “el sistema de inteligencia argentino”, con la creación la “Agencia Federal de Inteligencia”.

“Debemos comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar un sistema que no ha servido a los intereses nacionales”, anticipó la mandataria.

Según precisó, el decreto para convocar a extraordinarias ya está listo, que será a partir del 1º de febrero y que el proyecto será enviado antes de su viaje a China, el próximo fin de semana.

El texto que se pondrá en discusión establece que la nueva Agencia Federal de Inteligencia estará encabezada por un director y subdirector, cuya designación estará a cargo del Poder Ejecutivo, pero deberá contar con el acuerdo del Senado, entre otros requisitos.

La presidenta detalló que las tareas de inteligencia que llevará a cabo esta nueva agencia consistirán en la “investigación sobre hechos de seguridad nacional y sus habitantes para la prevención de amenazas internacionales como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas de personas y delitos financieros”.

“En este nuevo sistema se establecen principios rectores o paradigmas totalmente diferentes. La presente ley fijará un marco para que lleven sus actividades y que deberán adecuarse a la Constitución Nacional y a toda ley de derechos humanos”, explicó.

Cristina Kirchner anunció que el proyecto, que se encuentra en manos de la Secretaría de Legal y Técnica, también establece la transferencia del sistema de escuchas del Poder Ejecutivo a la Procuración General de la Nación, actualmente a cargo de Alejandra Gils Carbó, ya que -según subrayó la presidenta- es “el único Ministerio extrapoder”.

La iniciativa del Poder Ejecutivo impone, además, penas para los empleados del Estado, fiscales o funcionarios que tengan relación con espías por fuera de los nuevos canales institucionales.

“Ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, con tal agente, no. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse va a ser la institucional con su director y subdirector, que requerirán acuerdo del Senado”, enfatizó Cristina Kirchner.

A la vez, explicó que se creará el “banco de datos, de archivos de inteligencia” y se impondrán penas no excarcelables para “toda persona que captara o desviara comunicaciones”.

En ese marco, “se establece por ley clasificación de la información que va a ser confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías”.

“Se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad”, detalló.

Maniobras

La presidenta realizó el anuncio sin mencionar directamente al exespía Antonio “Jaime” Stiuso, a quien apunta por la dudosa muerte del fiscal de la causa Amia, pero tras responsabilizar a agentes de la SI por denuncias “insólitas” y “con un ritmo de vértigo” en su contra, a partir de la firmar del entendimiento con Irán para juzgar a los iraníes acusados por el atentado.

Según denunció, luego de la firma del memorándum con Irán se empezó a “observar que desde la Side comenzaron a bombardear este acuerdo” y, a partir de entonces, “se intensifican denuncias contra esta presidenta de lo más insólitas”, maniobra en la que también incluyó a “grupos de fiscales, grupos de jueces, denunciantes anónimos y periodistas amplificadores”, lo que la llevó a tomar la decisión de “desplazar agentes que venían de antes del advenimiento de la democracia”.

Lagomarsino y Clarín

La presidenta Cristina Kirchner sostuvo anoche en cadena nacional que el excolaborador de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, “es el hermano del gerente de informática” de uno de los estudios de abogados que representa al Grupo Clarín, y reveló que tramitó el pasaporte el mismo día que el fiscal presentó la denuncia en su contra.

La mandataria vinculó así a Lagormasino, que le dio el arma a Nisman, al grupo mediático enfrentado con el Gobierno y lo calificó además como un “feroz opositor” de la Casa Rosada, en alusión a unos mensajes ofensivos contra su figura que el técnico informático había publicado en las redes sociales.

Gerardo Lagomarsino, hermano de Diego, se desempeña en el área de Administración del estudio de abogados Saenz Valiente, uno de los que representa al Grupo Clarín, según se indica en su página Web oficial.

Al respecto, la presidenta lamentó que “esos datos no salieron a la luz” mediante la prensa, cargó contra los periodistas que están investigando el caso por no haber “mencionado esto” y añadió: “El propósito es la desinformación, la confusión y que haya una gran pesimismo” en la sociedad.

El nombramiento 

Cristina Kirchner hizo además una férrea defensa de la actuación de su Gobierno en la causa Amia y aclaró que no fue el expresidente Néstor Kirchner quien nombró a Nisman al frente de la unidad fiscal especial, sino la Procuración General: “Solamente una ignorancia supina puede creer que un presidente puede designar a un fiscal en una causa”, dijo.

Al referirse además la denuncia de casi 300 fojas que Nisman hizo el 14 de este mes, en la que la acusó junto al canciller Héctor Timerman de negociar la impunidad de los acusados iraníes, Cristina Kirchner sostuvo que “no hay un solo abogado que pueda creer que eso haya sido escrito por un fiscal”.

“Es descabellado pensar que nuestro Gobierno pueda siquiera ser sospechado de eso. Es tan absurda la denuncia que no cabe delito. Nadie puede dudar de todo los que pusimos e hicimos para que esta causa siga adelante”, subrayó.

Agregó también que “las alertas rojas fueron tramitadas y sostenidas por este Gobierno” y completó: “Esta denuncia sin fundamente y asidero y la muerte de Nisman están vinculados con antecedentes del Memorándum y el atentado a la Amia. Parece que nadie quiere se que se investigue lo que pasó. Y que no quieren llegar a la verdad”.

La presidenta aseguró ayer que no se va a dejar “extorsionar, ni intimidad” y que no tiene “miedo”, en medio del escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman, al tiempo que insistió en que “es necesaria una profunda reforma también en el Poder Judicial”.

“A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien, no me interesa”, sostuvo la jefa de Estado por cadena nacional, tras anunciar el envío de un proyecto al Congreso para reformar los servicios de inteligencia.