Inexplicable: paralizado el otorgamiento del Certificado Unico de Discapacidad

La junta evaluadora no está habilitada para funcionar en la actual situación de aislamiento y por lo tanto está frenada la entrega de nuevos CUD. Solo de atienden casos de extrema urgencia. En cuanto a la renovación de los vencidos, no hay problemas pues se determinó una prórroga de un año a partir de la fecha de caducidad.

Con la paralización de muchas actividades en el marco de las medidas de aislamiento social por la pandemia de Covid 19, fueron surgiendo inconvenientes para la resolución de trámites de diversa índole, muchos de los cuales aún continúan sin resolverse. Así es que cuestiones vitales por su necesidad como la documentación personal o el acceso a coberturas y beneficios sociales y sanitarios siguen interrumpidas.

En este universo paralelo donde todo sigue como el 20 de marzo están las evaluaciones para el otorgamiento del Certificado Unico de Discapacidad (CUD), un documento imprescindible para las personas que necesitan acreditar una discapacidad para acceder a las prestaciones, por ejemplo, de obras sociales, o a cualquier beneficio previsto por otras entidades u organismos.

En el caso de las renovaciones por vencimiento del CUD, no existen problemas pues la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) determinó una prórroga automática por un año a partir de la fecha de caducidad.

El problema, entonces, lo tienen aquellas familias que necesitan obtener el CUD y no pueden cumplimentar el trámite porque la junta evaluadora local, que funciona en el CAP Salvador Mazza, del barrio Belgrano, no está habilitada por las autoridades nacionales para actuar en este tiempo de pandemia.

De acuerdo a lo que pudo conocer LA OPINION, solo se tratan casos de “extrema urgencia” a modo de excepción, para lo cual es necesaria la acreditación fehaciente de dicha urgencia, lo cual siempre termina siendo una cuestión subjetiva y a la vez injusta pues toda persona que presenta una discapacidad necesita obtener su certificado que los acredite para recibir los beneficios sanitarios, de transporte, de accesibilidad reconocidos por ley. Las discapacidades, se sabe, tienen diferentes grados, pero todos los casos merecen ser atendidos sin dilaciones. Y si bien el personal local que integra el equipo interdisciplinario de la junta evaluadora busca ir resolviendo los casos más urgentes, aún no tiene la posibilidad de hacer las entrevistas necesarias para dictaminar el otorgamiento o no del CUD.

La situación para ciudades como Pergamino donde, al menos todavía, no hay circulación comunitaria del Covid-19, se torna inexplicable, pues siempre con las precauciones sanitarias que impone la hora, sería factible que este servicio funcionara.

Así las cosas, se conocen varios casos de familias que no pueden avanzar con el trámite y, además, no hay ninguna certeza sobre cuándo se podrá normalizar la atención.

Otras dependencias

Son varios los organismos nacionales y provinciales, de vital importancia para la ciudadanía, que continúan sin atender al público en sus oficinas. Ni siquiera en los distritos que están en Fase 5, que ya no insta al aislamiento sino que dispone el distanciamiento como medida preventiva, tal el caso de Pergamino.

Así, por ejemplo, el Registro Civil no atiende al público. La única excepción es para la inscripción de recién nacidos, para lo cual los padres son convocados telefónicamente (el nosocomio donde se produjo el nacimiento facilita al Registro la información de contacto). Al asistir con el turno otorgado se los atiende, pero la dependencia no está abierta al público. Lo mismo sucede con el Centro de Documentación Rápida (CDR) que funciona en el edificio que fuera la estación del Exferrocarril Belgrano. Allí directamente las puertas están cerradas y no hay ningún empleado en funciones. Para realizar trámites de documentación los usuarios deben ingresar a la página Web del Renaper y allí cumplimentar un formulario explicando la “urgencia” del trámite. Claro que para tramitar un DNI por esta vía es imperioso contar con una tarjeta de crédito. Hay convecinos que no pudieron acceder al IFE por no contar con su DNI por una circunstancia reciente, como robo o pérdida, y tampoco pudieron tramitar el nuevo plástico por no contar con tarjeta de crédito.

En cuanto a las oficinas de Afip y Arba, la primera en San Nicolás y 11 de Septiembre y la segunda en Alsina y Luzuriaga, ninguna cuenta con atención al público y en sus puertas se indica que los trámites se pueden realizar on line. Ergo, no hay personal en los horarios de atención habituales, pese a que ambas dependencias cuentan con un metraje considerable como para cumplir con el factor ocupacional de distanciamiento.

En el caso de Pami, hay una dotación atendiendo al público. La restricción es que solo pueden asistir personas con turno previo, que se logra llamando al 138. En gran medida las demandas de los afiliados se van resolviendo. Otra obra social estatal, Ioma, implementó un sistema similar al del Pami.

En cuanto a la Anses, después de casi 80 días con atención únicamente virtual, el lunes 8 de este mes reabrió sus oficinas de Peatonal San Nicolás al 600, aunque la actividad es restringida. Por el momento solo se va atendiendo a las personas que tenían tunos desde antes del inicio de la cuarentena. La mayoría de los trámites se puede realizar de manera virtual, pero hay muchos beneficiarios que no cuentan con los medios o los conocimientos para hacerlo y recurren a las oficinas para canalizar la inquietud. En esos casos la dotación reducida de empleados que asiste a trabajar trata de ir satisfaciendo esa demanda, que se incrementó en los últimos días debido a los trámites para cobrar el IFE.

Por otro lado, entidades de servicio como la Cooperativa Eléctrica y Litoral Gas, tienen sus puertas abiertas en el horario de atención al público y, siempre con las normas de seguridad sanitarias de por medio, permiten el acceso de personas para realizar trámites presenciales. Misma situación se da la sede del Correo Argentino.

Contradicción

Lo cuestionable, a estas alturas, es que la paralización continúe siendo generalizada para gran parte de las reparticiones públicas nacionales y provinciales cuando para determinar la reactivación de actividades, el Estado viene siguiendo criterios sanitarios geográficos. Es decir, al sector privado paulatinamente se lo habilitó a trabajar presencialmente en zonas libres de circulación viral, pero no habilita a los empleados públicos a atender en sus oficinas en estas mismas zonas.