Inadmisible

El proyecto de cinco senadoras kirchneristas que plantea dejar sin efecto las prisiones preventivas en causas de corrupción cuando se considere que los medios han influido “en la percepción de inocencia de los acusados”, confirma la obsesión que existe en ciertos sectores políticos en el control de la comunicación para anular la labor del periodismo investigativo, que afortunadamente ha concitado un fuerte rechazo en todo el arco político, incluyendo a sectores del oficialismo.

El Gobierno salió a despegarse del tema, señalando que era una iniciativa personal de las firmantes y que no había aval político, aunque es preocupante que uno de sus voceros haya señalado que coincide “con la idea general” de que los periodistas influyen negativamente en los fallos judiciales.

No sorprende la postura del kirchnerismo. Es coherente con el relato según el cual perdió las elecciones de 2015 producto del “engaño” al que fue sometido el pueblo argentino mediante una conspiración mediática y judicial. El texto de la senadoras habla de “verdaderos linchamientos mediáticos” contra funcionarios K procesados y algunos condenados por corrupción y abona la teoría del “lawfare” según la cual medios, jueces, dirigentes opositores manipularon el sistema judicial para desacreditar y perseguir a “dirigentes populares”. En la iniciativa de ley, señalan que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” si se verificara “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva, que pudieran haber afectado la percepción pública del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

El proyecto ya fue considerado inconstitucional por la mayoría de los especialistas. En primer lugar, porque al permitir que la información falsa o incorrecta pueda ser usada como defensa de un imputado de otro delito favorece la censura indirecta y afecta la libertad de expresión, protegida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, ya que permitiría acusar a los periodistas de ser “cómplices” por el solo hecho de informar. Además, los abogados penalistas recordaron que en la reciente reforma del Código Procesal Penal el uso de la prisión preventiva ya fue morigerado: se toma como última alternativa y hay nueve medidas posibles anteriores. Además, violaría la igualdad ante la ley, ya que establecería una ventaja para los “famosos” acusados de delitos, porque la prensa se ocupa de sus causas.

Las principales entidades de prensa del país denunciaron que la iniciativa busca “deslegitimar y limitar” el rol del periodismo de investigación, vulnerando la libertad de expresión y promoviendo la autocensura, ya que ante la amenaza legal muchos medios podrían abstenerse de difundir detalles de causas sobre corrupción. “Busca desincentivar la labor periodística, reducir los niveles de transparencia y en definitiva, favorecer la impunidad”, señaló la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El texto además evidencia el atraso de buena parte de la clase política sobre el rol y la influencia de los medios masivos, al considerarlos todopoderosos en los procesos de formación de la opinión pública, ignorando los avances de los últimos 40 años de investigación académica y las transformaciones de la comunicación pública, producto de la revolución digital y las redes sociales, entre otros fenómenos. Sería interesante conocer cómo y con qué parámetros se medirían los “niveles de afectación de la percepción pública” de la información de un medio.

Sin dudas hubo enormes falencias en las investigaciones de corrupción. No en todos los casos, pero hubo un uso a veces arbitrario y abusivo de las prisiones preventivas, del testimonio de arrepentidos y de la influencia indebida de organismos de inteligencia. Al fin y al cabo, estamos hablando de actores humanos, falibles, subjetivos y por qué no influenciables por su entorno y pensamiento ideológico. Sin embargo, los remedios para estas malas praxis humanas están en el propio sistema judicial, en los tribunales superiores, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, no en disparatados proyectos autoritarios, sin sustento jurídico y que afectarían seriamente el ejercicio del periodismo, clave en las democracias modernas.