Gils Carbó apoyó la implementación del nuevo Código Procesal Penal

La procuradora general de la Nación rechazó versiones sobre injerencia del Gobierno en su área y ante una pregunta de la diputada Patricia Bullrich respondió que “a alguien se le ocurra hacer una campaña sobre esto sin fundamento es distinto de la realidad. Jamás adopté una postura oficialista y sigo siendo la misma persona”, afirmó.

Buenos Aires, (NA) - La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, expresó ayer en el Senado su apoyo a la implementación del nuevo Código Procesal Penal y aseguró que “no tienen fundamento” las versiones sobre supuestas injerencias del Gobierno en su gestión.

Gils Carbó se presentó ante la comisión bicameral que trata el paquete de proyectos de ley para poner en marcha el nuevo Código y allí realizó un resumen de su gestión, al tiempo que expresó su “opinión favorable” sobre la iniciativa de una nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, los diputados y senadores de la oposición la recibieron con preguntas que, en muchos casos, se desviaron del tema en tratamiento, como fue el caso de la diputada del PRO Patricia Bullrich, que mencionó al pasar la supuesta “injerencia del Poder Ejecutivo” en el Ministerio Público Fiscal.

“Con respecto a la injerencia del Poder Ejecutivo en mi gestión, no tiene fundamento. Que a alguien se le ocurra hacer una campaña sobre esto sin fundamento es distinto de la realidad. Jamás adopté una postura oficialista y sigo siendo la misma persona”, afirmó la procuradora.

Bullrich también le preguntó si estaba de acuerdo con que el cargo de procurador general de la Nación tuviera un plazo de seis años con una oportunidad de reelección, a lo que Gils Carbó respondió que ella está “en contra de los cargos vitalicios”.

En tanto, el senador radical Mario Cimadevilla interrogó a la procuradora sobre la situación del fiscal antilavado (Procelac), Carlos Gonella, que fue procesado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en una causa vinculada al empresario Lázaro Báez.

Al respecto, Gils Carbó defendió a Gonella y resaltó que ella le había avisado que “iba a ser el fiscal más perseguido”.

Cimadevilla también le recordó que la oposición había solicitado su presencia en el Congreso cuando se debatió el nuevo Código Procesal Penal, pero que el oficialismo había argumentado que la procuradora no concurriría por “decisión política”.

“La decisión política no fue mía, fue de la comisión y no me cursaron la invitación. Yo acato las reglas de la institución que decide invitarme o no invitarme”, respondió Gils Carbó.

Luego del interrogatorio de la oposición, la diputada oficialista Diana Conti sostuvo que las preguntas de la oposición habían sido “retrógradas y obtusas” y que “conformaron casi una interpelación”, tras lo cual agradeció la presencia de la funcionaria y destacó su labor.

Respecto de la implementación del nuevo Código Procesal, Gils Carbó manifestó su “opinión favorable” acerca del proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y destacó el paso del actual sistema inquisitivo al sistema acusatorio.

La procuradora definió al sistema inquisitivo como “el peor modelo para combatir el crimen organizado” y señaló que el nuevo Código con sistema acusatorio es “una herramienta adecuada” para esa tarea, al tiempo que afirmó que su gestión encaró un “nuevo modelo del Ministerio Público Fiscal”.

No obstante, propuso algunos cambios, ente ellos unos referido a la figura del fiscal revisor, que entrará en escena cuando haya desistimiento o archivo de una causa y la parte interesada apele esa decisión.

En este sentido, Gils Carbó propuso “que se establezca una función rotativa” para ese cargo, de modo que “rote entre fiscales de distrito”.

La defensora general 

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se manifestó ayer “de acuerdo” con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, durante su visita al Senado, aunque sugirió algunos cambios.

Ante la comisión bicameral encargada de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal, Martínez apoyo el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, que forma parte del paquete de iniciativas presentadas para la implementación de la nueva norma.

“En general estoy de acuerdo con este proyecto”, manifestó la defensora general, que argumentó que “es un logro muy importante que haya dos leyes orgánicas separadas” porque “para que sea realmente un sistema acusatorio y adversarial tiene que haber una clara división de roles: el Ministerio Público Fiscal tiene que acusar y el de la Defensa, defender”.

No obstante, Martínez sugirió algunos cambios al proyecto, entre ellos, “eliminar la palabra `instrucciones`” porque “nunca hubo instrucciones que interfirieran en la labor de defensa técnica”.

En cambio, propuso cambiar ese término por el de “indicaciones” y limitar esto “únicamente a los casos en los que las indicaciones se den para mejorar el servicio de la defensa”.

Martínez también celebró la creación de un consejo asesor, que actuará como órgano de consulta e integrará el Ministerio Público de la Defensa junto con la Defensoría General de la Nación y las Defensorías, Tutoría y Curaduría Públicas.