Febrero, clave para causas contra exfuncionarios del kirchnerismo

Apenas finalice enero y, en consecuencia, se reanude la actividad judicial, la agenda estará concentrada en el devenir de las causas por corrupción que involucran a empresarios y exfuncionarios del Gobierno anterior, muchos de los cuales se encuentran en prisión y otros procesados, entre ellos Cristina Fernández.

BUENOS AIRES, (Télam) - El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá el envío a juicio oral de la expresidenta Cristina Kirchner y los demás procesados por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, en un mes que tendrá la agenda concentrada en el devenir de las causas por corrupción que involucran a empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo.

Además, el juez federal Luis Rodríguez debe resolver la situación procesal de los demás imputados en la causa por defraudación en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (Ycrt) en la que fue detenido el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

A mediados de diciembre, el fiscal del caso Carlos Stornelli, pidió más detenciones por los delitos de “peculado” y “administración fraudulenta”, entre ellas las del ya preso en otra causa, Roberto Baratta, exmano derecha de De Vido, y la del actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, entre otros ya indagados.

Además, se espera que el juez federal Sebastián Casanello resuelva en febrero la situación procesal de algunos empresarios y exfuncionarios indagados en una de las causas que investiga las derivaciones del “Lava Jato” brasileño y la constructora Odebrecht, relativa a dos licitaciones de la empresa estatal de aguas Aysa.

En lo relativo a Odebrecht, su colega Marcelo Martínez de Giorgi tiene que decidir en el reinicio de la actividad judicial si accede a ordenar un embargo preventivo por 54 millones de pesos pedido por el fiscal del caso, Franco Picardi, contra el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento.

Sobre las causas que involucran a la actual senadora y expresidenta Kirchner, el reinicio de la actividad judicial -e incluso los últimos días de la feria de enero esta semana- llegarán con definiciones sobre su procesamiento con prisión preventiva en la causa por supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes por el atentado a la Amia, a raíz de la denuncia de Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

La sala de feria de la Cámara Federal de Casación, integrada por Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Liliana Catucci notificó el viernes a todos los procesados, querellas y al fiscal de turno en enero ante el máximo tribunal penal del país, que ya recibió las apelaciones contra los procesamientos y prisiones preventivas firmadas por el juez federal Claudio Bonadio, aunque habrá que ver si se resuelve en los tres días que restan del receso o pasa para febrero.

Se trata de recursos presentados por Cristina y su excanciller Héctor Timerman, la primera en libertad por sus fueros parlamentarios y el segundo excarcelado por razones humanitarias durante la feria judicial, y por el detenido exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini, preso en la cárcel de Ezeiza.

Paralelamente la sala de feria de la Cámara Federal porteña convocó para este lunes a los abogados de otros de los detenidos en la causa, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Luis D’Elia a una audiencia antes de resolver si concede la excarcelación a los dos primeros y la prisión domiciliaria por razones de salud a este último.

Por su parte, Bonadio avanza por orden de la Cámara Federal porteña en los trámites para enviar la causa a juicio y para ello ya cuenta con escritos de las querellas Daia y de dos familiares de víctimas, que solicitaron que los acusados sean enviados ante un Tribunal Oral.

El próximo paso será el requerimiento de elevación a juicio del fiscal del caso, Eduardo Taiano y luego se dará vista a las defensas de los doce procesados, seis de ellos con prisión preventiva incluida la expresidenta.

La sala II de la Cámara Federal recibirá la primera semana de febrero las apelaciones que presenten procesados en la causa por la muerte de Nisman, entre ellos los cuatro excustodios y el técnico informático Diego Lagomarsino, acusado como supuesto “partícipe primario” de lo que para el juez federal Julián Ercolini fue un asesinato.

El Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, analizará por primera vez esta resolución y deberá decidir si avala o no la conclusión a la que llegaron el juez y el fiscal Taiano.

En otra de las causas judiciales que se reactivarán en febrero, la sala I del Tribunal de Apelaciones fijó ya audiencia para el 8 de ese mes con el fin de escuchar a las defensas de los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en su empresa Oil Combustibles.

En esta causa también está procesado pero sin prisión preventiva por supuesto encubrimiento el extitular de la Afip Ricardo Echegaray, quien ya apeló el fallo dictado por Ercolini, que también será revisado en la instancia de apelación.

Sobre las causas que involucran a la expresidenta, además de la del pacto con Irán, el juez Ercolini la enviará a juicio en febrero por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez, también procesado en esta causa junto a otros acusados.

La actual senadora será juzgada en fecha a definir por la primera de las causas en las que fue procesada, la venta de dólar futuro al final de su Gobierno y además también Ercolini resolverá a lo largo de febrero su situación procesal en la causa Hotesur.

En cuanto al exvicepresidente Amado Boudou volverá ya excarcelado al juicio en su contra por la venta de la exCiccone Calcográfica junto a su amigo José María Núñez Carmona, también liberado en la feria judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que ambos quedaron detenidos por orden del juez federal Ariel Lijo.

Desde el 1º de febrero, comenzará a tramitar la recusación contra Lijo presentada por ambos durante enero: primero el magistrado decidirá si acepta o no apartarse de las causas en su contra y en caso de una negativa, la última palabra será de la Cámara Federal.

El 7 de febrero está citada a declaración indagatoria la exnovia de Boudou, Agustina Kampfer, imputada como supuesta testaferro del exvicepresidente a raíz de la compra de un departamento en el barrio porteño de Palermo que no pudo justificar, según la acusación.

Por otro lado, con el fin del receso de enero, comenzará a tramitarse la denuncia que presentó desde el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza el extitular del Somu Omar “Caballo” Suárez contra el ministro de Trabajo Jorge Triaca, a raíz del presunto nombramiento en el sindicato de su empleada doméstica Sandra Heredia, durante la intervención.

El juez Julián Ercolini citó al abogado de Suárez, Carlos Broitman, a ratificar la denuncia durante enero pero será el magistrado a cargo del caso, Rodolfo Canicoba Corral, quien resuelva si ordena medidas de prueba pedidas como un listado de todos los nombramientos hechos por la intervención que dispuso este mismo magistrado al detener al “Caballo”.

Desde el 23 de febrero Suárez afrontará el primer juicio oral en su contra por asociación ilícita , entorpecimiento de servicios púbicos y coacción, a cargo del Tribunal Oral Federal 4.

Además Canicoba Corral planea enviarlo a juicio en la causa por la que está detenido, como supuesto jefe de una asociación ilícita que cometió defraudaciones contra el sindicato de obreros marítimos y su obra social.