La Cámara Penal confirmó el desalojo de una propiedad usurpada en Colón
Los camaristas Gladys Hamué y Martín Morales ratificaron la medida cautelar que ordena restituir la vivienda de calle 130 entre 44 y 45 a sus legítimos poseedores.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Pergamino confirmó de manera unánime el desalojo y reintegro inmediato de un inmueble situado en Colón, el cual había sido ocupado ilegítimamente a principios de junio.
El fallo, emitido por los jueces Martín Morales y Gladys Hamué, desestimó la apelación interpuesta por la defensa oficial y convalidó la orden dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 en el marco de la Causa N° 9059-2026.
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La causa penal se originó en un incidente de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 12-01-000661-26/00, que tramita ante la UFIyJ N° 2 Descentralizada de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt. La manda judicial alcanza a Martín Nicolás González, Yanina Gabriela Díaz y cualquier otro ocupante ilegítimo de la vivienda de calle 130 entre 44 y 45.
Cadena cortada
El hecho investigado ocurrió durante la noche del domingo 7 de junio de 2026. Tras una alerta telefónica, personal policial acudió al lugar y se entrevistó con Javier Gustavo Gorosito y su hija Nayla Xiomara Gorosito, quienes manifestaron ser propietarios del inmueble con boleto de compraventa.
En el sitio, los uniformados constataron la presencia de González y Díaz en el interior de la casa, mientras que Héctor Oscar Gutiérrez se hallaba en la vereda. Al día siguiente, Silvia Graciela Cerutti formalizó la denuncia penal y narró cómo supo de la ocupación.
Entre las pruebas valoradas, la policía secuestró una cadena con un eslabón cortado y un candado intacto que aseguraban una puerta exterior, acreditando la violencia para ingresar. Asimismo, los agentes confeccionaron un inventario de los muebles y bienes de las víctimas que continuaban dentro de la vivienda, constatando la posesión efectiva y detectando refacciones en marcha. Un vecino del lugar, LEG, declaró que los ocupantes entraron ese mismo día y que con anterioridad observaba a Gorosito realizando arreglos en la propiedad.
Alegan falta de Escritura
Ante la orden de desalojo, el defensor oficial Alejandro Mazzei, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa N° 5 departamental, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Mazzei adujo falta de verosimilitud en el derecho, inexistencia de peligro en la demora y ausencia de contracautela.
Además, la defensa alegó que a González no se le tomó declaración indagatoria a tenor del artículo 308 del Código Procesal Penal y que la denunciante no acreditó la titularidad con escritura pública, sosteniendo que el boleto de compraventa de 2003 se hallaba prescripto para escriturar y que sus asistidos detentaban derechos posesorios.
Los fundamentos de la Cámara
Al emitir su voto, el juez Martín Miguel Morales —con adhesión de Gladys Mabel Hamué— rechazó los planteos defensistas. El tribunal remarcó que el artículo 231 bis del Código Procesal Penal bonaerense (Ley 13.418) faculta a solicitar el reintegro en cualquier estado del proceso, aun antes de la declaración del artículo 308, con el fin de evitar una injustificada profundización del daño derivado del delito de usurpación previsto en el artículo 181 del Código Penal. Asimismo, destacó que los imputados fueron debidamente notificados del inicio de la causa y no realizaron presentaciones ni ofrecieron pruebas.
Los magistrados subrayaron que las medidas cautelares requieren verosimilitud y no la certeza exigida en la sentencia de fondo. Recordaron que el artículo 181 del Código Penal protege tanto al dueño como al poseedor y al tenedor legítimo, incluso si la finca estuviese desocupada, ya que la posesión no demanda contacto físico continuo. La verosimilitud del derecho quedó respaldada por la documentación aportada por Cerutti: un boleto de compraventa certificado de 2003 celebrado con Carlos Hugo Ferreyra y Margarita Rosa Quiroga, escritura de la Ley 24.374, poder especial para escriturar a Gorosito y Cerutti, legajos parcelarios de la Ley 10.707, planos de propiedad horizontal y certificado de número de puerta expedido por la Municipalidad de Colón.
Resguardo de menores
La Alzada valoró que el peligro en la demora radica en la privación de uso del inmueble y el riesgo de deterioro y desvalorización, habiéndose denunciado daños corroborados mediante un video incorporado en octubre de 2026. Respecto de la contracautela, aclaró que su fijación es puramente facultativa para el magistrado.
Por último, ante la posible afectación de derechos de menores de edad, la Cámara ordenó que, al momento del desalojo, tomen intervención directa la Asesoría de Incapaces Departamental, el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y la Secretaría de Desarrollo Social de Colón, debiendo estar presentes y brindar las respuestas habitacionales correspondientes.
Publicación del fallo
La Resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Pergamino está publicada en el sitio de acceso público en Internet de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires https://sentencias-camara.scba.gov.ar/.