Está bien restringir los celulares en las escuelas ¿Por qué no avanzamos también en las cárceles?

El senador provincial del PRO, Juan Manuel Rico Zini valoró positivamente la decisión- avalada por su bancada- de restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias y exigió que el Gobierno provincial avance con firmeza para “controlar las fronteras tecnológicas en las cárceles provinciales donde los dispositivos móviles son sistemáticamente utilizados como herramientas de trabajo delictivo.

“La decisión de restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias bonaerenses es una medida necesaria. Las distracciones permanentes, las dificultades de concentración y los problemas de convivencia que genera el uso inadecuado de pantallas afectan las condiciones de aprendizaje y representan una preocupación creciente para docentes y familias”, describió el legislador. Y continuó: “Por eso desde el bloque del PRO acompañamos en el Senado provincial el proyecto que regula su utilización durante las actividades escolares, permitiéndola cuando exista una finalidad pedagógica y la correspondiente autorización docente”.

“La tecnología debe contribuir a la educación, no convertirse en un obstáculo para enseñar y aprender. Pero este avance también pone de manifiesto una flagrante contradicción que la Provincia de Buenos Aires no puede seguir eludiendo, pues si el Estado bonaerense demuestra tener la capacidad logística y regulatoria para ordenar la convivencia digital en las aulas ¿Cómo se explica la falta de firmeza para controlar las fronteras tecnológicas intramuros, donde los dispositivos móviles son sistemáticamente utilizados como herramientas de trabajo delictivo?”, sostuvo.

El senador del PRO recordó que durante la pandemia, la Justicia bonaerense autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios para garantizar la comunicación de los internos con sus familiares y señaló que seis años después “la Provincia sigue sin resolver adecuadamente el control de las comunicaciones dentro de sus cárceles”.

“Las consecuencias de esto son dramática, las estafas virtuales, las amenazas y las extorsiones coordinadas desde los pabellones han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en un problema crítico de seguridad pública”, advirtió Juan Manuel Rico Zini.

Una comunicación digital supervisada

El legislador pergaminense indicó que desde el bloque del PRO impulsaron un proyecto de ley para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada en las cárceles bonaerenses.

“La iniciativa propone reemplazar los celulares particulares por un sistema institucional que permita comunicaciones con contactos registrados y verificados, sin acceso irrestricto a internet ni a redes sociales”, explicó.

Respecto de esta iniciativa abundó: “No pretende incomunicar a las personas privadas de su libertad ni desconocer sus derechos; por el contrario, busca que puedan comunicarse con sus familiares y abogados, sin que las cárceles no se conviertan en lugares desde los cuales seguir delinquiendo”.

Asimismo, mencionó que esta publicación trasciende cualquier diferencia partidaria y recordó que legisladores de La Libertad Avanza y del Frente Renovador han impulsado iniciativas para restringir el uso de celulares en establecimientos penitenciarios, sin que estos proyectos hayan podido traducirse en una solución efectiva”.

En este punto, señaló que el Estado Nacional ya implementó mecanismos de detección y bloqueo de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios federales y habilitó un programa al que pueden adherir las provincias”. Y se preguntó: “Qué está esperando el gobernador Axel Kicillof para impulsar una solución concreta? ¿Cuántas estafas y extorsiones más deben investigarse para que este problema se convierta en una prioridad?”

“El Poder Ejecutivo debe explicar qué controles se aplican actualmente, avanzar en los mecanismos tecnológicos disponibles y promover una regulación que impida utilizar celulares particulares para cometer delitos desde las cárceles. Y la Legislatura debe asumir su responsabilidad y dar tratamiento a los proyectos presentados”, consideró Juan Manuel Rico Zini.

“También sigue pendiente la reglamentación de la Ley 15.534, sancionada en 2025 para regular el uso de pantallas en las escuelas primarias, pese a que el plazo legal de 180 días ya venció. Esta mora administrativa denota una alarmante falta de prioridad en esta materia por parte del Ejecutivo provincial”, añadió.

“La educación necesita reglas claras. La seguridad también. Y en ambos casos el Estado tiene la obligación de hacerlas cumplir”, concluyó.