En un lugar donde la gente carga el celular en el enchufe de la escuela, el que tiene electricidad se cree jefe de la comunidad
Ramiro Otermín terminó matando al joven Juan Benítez en su afán por instalar el terror para apoderarse de espacios ajenos donde criar sus animales en Paraje Pujol.
El trágico homicidio de Juan Ignacio Benítez en manos de Ramiro Otermín conmocionó al paraje Juan Pujol. Este violento hecho visibilizó un trasfondo de marginalidad, falta de servicios básicos, usurpación de tierras y abusos de poder que azotaba a la comunidad rural de la Escuela 35 desde hacía varios años.
Un feudo en la impunidad
La apacible cotidianeidad del paraje Juan Pujol se vio drásticamente alterada por un crimen que, para los vecinos de la zona, era una tragedia anunciada. El asesinato de Juan Ignacio Benítez no fue un hecho aislado, sino el desenlace desgarrador de un sistema de sometimiento e intimidación constantes impuesto por Ramiro Otermín, un habitante del lugar que actuaba como un verdadero dueño y señor de las tierras.
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En este rincón rural, marcado por la vulnerabilidad social, la falta de empleo formal y la subsistencia a base de changas esporádicas, la falta de infraestructura pública se convirtió en una herramienta de dominación. Frente a la inacción oficial, las disputas territoriales y el control de los recursos elementales terminaron desatando una espiral de violencia sin retorno.
La luz como herramienta de poder
Una de las postales más tristes de la precariedad que se vive en los alrededores de la derruida estación ferroviaria es la rutina diaria de sus pobladores. Sin acceso a la red eléctrica en sus humildes hogares, hombres y mujeres deben acudir periódicamente a la galería exterior de la Escuela 35 únicamente para enchufar y cargar las baterías de sus teléfonos celulares.
En ese contexto de absoluta carencia, Ramiro Otermín ostentaba un privilegio único: era el único habitante con suministro de energía eléctrica. Para justificar su dominio sobre los inmuebles ferroviarios abandonados, exhibía un dudoso contrato de comodato firmado en 2012 a nombre de un tercero por la extinta firma FCA Belgrano Cargas S.A., un documento sin validez jurídica que manejaba como si fuera una escritura pública plenipotenciaria.
Años de amenazas y violencia
Afincado en el lugar desde hace más de una década, Otermín edificó su poder a fuerza de violencia física y amenazas con armas de fuego. Moviendo alambrados a su antojo y usurpando lotes ajenos para criar caballos, ovejas, cabras y cerdos, fue arrinconando a los vecinos. Aquellos que no se sometían a sus reglas arbitrarias terminaban marchándose del paraje por miedo a represalias.
La relación con la familia Benítez, con quienes compartía vecindad desde hacía tres años, estuvo atravesada por la tensión constante. En un principio, Otermín les proveía electricidad mediante una conexión clandestina, pero tras una disputa meses atrás, les cortó los cables y los dejó a oscuras, obligándolos a sumarse a la lista de vecinos que debían ir hasta la Escuela 35 para mantener sus teléfonos comunicados.
El desenlace trágico
La tensión escaló drásticamente el mediodía del miércoles tras acusaciones cruzadas por la pérdida de animales porcinos y el ingreso de caprinos en terrenos ajenos. Lo que comenzó como una feroz discusión verbal con promesas de muerte, se convirtió en una carnicería horas más tarde cuando Otermín regresó al lugar armado con una carabina, un revólver y un cuchillo para atacar a Gustavo, Eduardo y Juan Ignacio Benítez.
En una confrontación física que duró escasos minutos, Otermín disparó a sangre fría: asesinó de manera instantánea al joven Juan Ignacio e hirió de gravedad a su padre Eduardo y a su tío Gustavo.
Evidencia clave en la causa
Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por la viuda de la víctima. Esta filmación, donde se observa claramente a Otermín irrumpiendo en la vivienda y abriendo fuego contra la familia, se convirtió en la prueba central del caso.
El fiscal Francisco Furnari, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, solicitará formalmente al juez de Garantías César Solazzi que incorpore el material audiovisual como evidencia de cargo en el expediente judicial. Mientras tanto, la comunidad de las zonas linderas a Guerrico y La Violeta reitera sus reclamos por la desprotección histórica que sufrieron, recordando que en reiterados foros ciudadanos ya se había alertado sobre la peligrosidad del agresor sin haber obtenido respuesta alguna.