Convicto condenado por abuso sexual podría perder el beneficio de arresto domiciliario tras violentos incidentes en la casa de la madre en Colón
La Justicia suspendió el arresto domiciliario de un condenado por abuso sexual en Colón tras un episodio de violencia y daños en la vivienda familiar. La defensa tiene 72 horas.
Un condenado por abuso sexual que cumplía arresto domiciliario en la ciudad de Colón quedó al borde de perder ese beneficio luego de un violento episodio ocurrido en la vivienda de su madre, donde cumplía la medida. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino suspendió provisoriamente el régimen y otorgó a la defensa un plazo de 72 horas para proponer un nuevo domicilio.
La Justicia dio un paso decisivo para definir la situación procesal de Ennio Santiago Arroyo, condenado por abuso sexual y beneficiado oportunamente con la modalidad de arresto domiciliario. Mediante una resolución firmada por el juez Guillermo Burrone, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, se dispuso la suspensión inmediata de esa morigeración luego de que se registraran graves incidentes en la vivienda de su progenitora, ubicada en la ciudad de Colón.
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La decisión fue adoptada tras analizar la presentación realizada por la fiscal de Colón, Magdalena Brandt, quien solicitó la revocación del beneficio al considerar que el condenado dejó de reunir las condiciones necesarias para continuar cumpliendo la pena bajo esa modalidad.
Arresto domiciliario suspendido
Según surge de la resolución judicial, el episodio ocurrió el martes 28 de julio cuando, de acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, se produjo una discusión entre Arroyo y su madre en la vivienda donde permanecía alojado.
Siempre conforme a la documentación judicial, el condenado manifestó su intención de abandonar el domicilio y comenzó a preparar sus pertenencias. La situación se agravó cuando, presuntamente, tomó una masa y comenzó a golpear una de las paredes de la vivienda hasta provocarle un importante daño estructural.
Ante esa situación, la mujer decidió solicitar la intervención de la Policía para intentar controlar el conflicto y evitar que el episodio escalara.
Violencia en Colón
La resolución también describe que, al arribar los efectivos policiales, el condenado habría extraído un cuchillo que mantenía debajo de su cama y habría amenazado con autolesionarse y con agredir al personal si intentaban intervenir.
De acuerdo con el expediente, los uniformados lograron reducir la situación y secuestrar el arma blanca sin que se registraran personas lesionadas.
Tras el procedimiento, Arroyo fue trasladado y quedó alojado de manera provisoria en la Comisaría Tercera de Pergamino, donde permanecerá mientras se resuelve definitivamente su situación procesal o, en su defecto, en otra dependencia policial que determine la autoridad judicial.
Pruebas de la fiscalía
Para fundamentar el pedido de revocación del arresto domiciliario, la fiscal Brandt incorporó distintas evidencias al expediente.
Entre la documentación presentada figuran el acta del procedimiento policial, la declaración testimonial de la madre del condenado, un acta de constatación de los daños ocasionados en el inmueble y fotografías donde se observan las roturas provocadas en la vivienda, además de la herramienta que habría sido utilizada para causar esos destrozos.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, los nuevos acontecimientos demuestran que desaparecieron las condiciones mínimas de convivencia y contención familiar que habían permitido el otorgamiento del beneficio.
Resolución judicial
En su resolución, el juez Burrone sostuvo que los elementos reunidos evidencian una situación incompatible con la continuidad del arresto domiciliario en ese inmueble.
El magistrado consideró acreditados, con el grado de análisis propio de esta instancia, serios conflictos de convivencia, episodios de violencia y la imposibilidad de que el grupo familiar continúe brindando la contención necesaria para sostener el cumplimiento de la pena en ese domicilio.
Además, entendió que el regreso del condenado a esa vivienda podría comprometer la integridad psicofísica de los integrantes de la familia y aumentar el nivel de conflictividad.
Por ese motivo, resolvió suspender de manera preventiva el beneficio mientras se analiza una alternativa habitacional que reúna las condiciones exigidas por la ley.
Plazo de 72 horas
La resolución concede a la defensa un plazo perentorio de 72 horas para presentar un nuevo domicilio donde el condenado pueda continuar, eventualmente, cumpliendo el arresto domiciliario.
Ese inmueble deberá ser previamente evaluado mediante un informe socioambiental que permita determinar si existen condiciones adecuadas para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar nuevos conflictos.
En caso de que la defensa no proponga un domicilio apto dentro del plazo fijado o que el informe resulte desfavorable, el tribunal advirtió que podrá revocar definitivamente el beneficio.
Si ello ocurre, Arroyo dejará de cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y será trasladado para quedar alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde continuará ejecutando la condena impuesta por la Justicia.