Condenaron a cinco años y medio a un sujeto por narcotráfico y lavado de activos
La Justicia Federal de Rosario condenó a Marcelo Álvarez por narcotráfico y lavado de activos tras una pesquisa de la Fiscalía 9 de Pergamino en 2023, con secuestro de drogas y armas de fuego.
Marcelo Matías Álvarez, de 41 años, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por narcotráfico y lavado de activos, además de otros delitos vinculados con armas y encubrimiento.
La investigación de la Fiscalía 9 de Pergamino permitió reunir pruebas sobre la comercialización de drogas y el origen ilícito de bienes y dinero.
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Investigación por narcotráfico
La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de información aportada por vecinos sobre una presunta actividad vinculada con la venta de estupefacientes en un domicilio ubicado sobre calle Francia, entre Balboa y Magallanes, en el barrio Centenario de Pergamino.
La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía 9 de Pergamino, encabezada por el fiscal Juan Tomás Godoy, junto con los funcionarios judiciales Marcos Polo y Selva Correa.
A partir de las primeras averiguaciones se dispusieron distintas medidas para determinar quiénes intervenían en la actividad y establecer la modalidad utilizada para la comercialización.
El personal especializado de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino logró individualizar a Álvarez como uno de los principales sospechosos.
Las tareas incluyeron vigilancias, seguimientos y monitoreos electrónicos, que permitieron reconstruir parte del movimiento relacionado con la presunta venta de estupefacientes.
Con el avance de la investigación, los elementos reunidos fueron incorporados al expediente y sirvieron como fundamento para solicitar órdenes de registro sobre distintos inmuebles relacionados con el imputado.
Drogas y armas secuestradas
Los procedimientos se concretaron en varios domicilios de Pergamino, entre ellos uno de calle Francia, entre Balboa y Magallanes; otro situado sobre calle Pico, entre Alsina y las vías; y un tercer lugar ubicado sobre avenida Paraguay, en inmediaciones de la zona rural.
Las medidas judiciales se desarrollaron luego de que Álvarez fuera interceptado en la vía pública cuando se desplazaba a bordo de una camioneta utilitaria Fiat Fiorino de color blanco.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cocaína de alta pureza, tanto en trozos compactos como fraccionada en envoltorios que, de acuerdo con la acusación, se encontraban preparados para su comercialización. También fueron incautados varios envoltorios de marihuana y un ladrillo de esa misma sustancia.
Entre los elementos encontrados también había cinco armas de fuego de distinto calibre. Una de ellas registraba un pedido de secuestro vigente, circunstancia que posteriormente fue incorporada a la imputación penal.
Además de las drogas y las armas, los investigadores encontraron una importante cantidad de dinero, pagarés, tarjetas de débito pertenecientes a terceras personas, documentación relacionada con vehículos y papeles correspondientes a distintos inmuebles.
Lavado de activos investigado
Uno de los aspectos centrales de la causa fue la incorporación de la figura de lavado de activos. Para la Fiscalía, los bienes y valores detectados no solamente constituían elementos relacionados con el patrimonio del imputado, sino que existían indicios que permitían vincularlos con fondos provenientes de la comercialización ilegal de drogas.
La acusación sostuvo que Álvarez habría intentado introducir en el circuito económico formal parte de las ganancias obtenidas mediante el narcotráfico a través de la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes.
La importancia del fallo radica precisamente en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de Rosario hizo lugar a ese planteo y consideró configurado el delito de lavado de activos de origen ilícito, además de los delitos relacionados con la tenencia y comercialización de estupefacientes.
De esta manera, la resolución judicial no se limitó a sancionar la actividad vinculada con las drogas, sino que también contempló el mecanismo utilizado para intentar dar apariencia lícita a parte de las ganancias obtenidas de esa actividad.
La prueba del narcotráfico
El tribunal federal rosarino valoró especialmente el conjunto de elementos reunidos durante la investigación. Las tareas de campo, los seguimientos, los monitoreos y los resultados de los allanamientos permitieron sostener la acusación presentada por la Fiscalía.
Durante el trámite del juicio abreviado, Álvarez reconoció su responsabilidad frente a los jueces respecto de los hechos atribuidos. Ese reconocimiento, sumado a las pruebas incorporadas al expediente, permitió arribar al acuerdo que finalmente fue homologado por el tribunal federal rosarino.
La investigación permitió encuadrar la conducta del acusado dentro de distintas figuras contempladas por la Ley 23.737, que establece el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con estupefacientes.
Condena por lavado de activos
Finalmente, el juez Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de Rosario, condenó a Marcelo Matías Álvarez a cinco años y seis meses de prisión.
La sentencia lo consideró autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, encubrimiento agravado y lavado de activos de origen ilícito.
Según surge del fallo, el monto alcanzado por la maniobra de lavado fue estimado en aproximadamente 30.000 dólares y 11.036.400 pesos, valores que fueron considerados dentro de la operatoria investigada por la Justicia Federal.
A la pena de prisión se sumó una multa superior a los 30 millones de pesos, además de la inhabilitación correspondiente por un período equivalente al de la condena.
El tribunal también dispuso la destrucción de los estupefacientes secuestrados durante los procedimientos y la remisión de las armas incautadas al organismo competente para su correspondiente disposición.
El fallo constituye el cierre de una investigación iniciada en Pergamino que permitió no solo acreditar una estructura vinculada con la comercialización de drogas, sino también avanzar sobre el destino de los recursos obtenidos ilegalmente y determinar judicialmente la existencia del delito de lavado de activos.