Endeudamiento: la Defensoría del Pueblo bonaerense ofrece asesoramiento para refinanciar
El organismo puso en marcha un servicio gratuito para acompañar a quienes necesitan renegociar deudas de préstamos personales o tarjetas de crédito. La gestión también puede iniciarse en la delegación de Pergamino, ubicada en Moreno 115.
En un escenario económico en el que muchas familias deben recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos, las deudas pueden transformarse rápidamente en una situación difícil de sostener. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un mecanismo de asesoramiento destinado a consumidores que necesitan refinanciar compromisos financieros derivados de préstamos personales o tarjetas de crédito.
La propuesta busca que quienes atraviesan una situación de mora o necesitan renegociar sus obligaciones no tengan que enfrentar individualmente a las entidades acreedoras, sino que puedan contar con el acompañamiento del organismo que conduce Guido Lorenzino.
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El objetivo es intervenir ante bancos, financieras y otros acreedores para procurar alternativas de pago que contemplen la situación económica concreta de cada persona. Entre las posibilidades que pueden analizarse aparecen los planes de refinanciación, la reducción de intereses, eventuales quitas y otras condiciones que permitan hacer frente a las obligaciones de manera razonable y sostenible.
“Buscamos mediar y acompañar a las y los consumidores para defenderlos ante situaciones financieras complejas. No hablamos de que la gente no pague, sino de una instancia de gestión y negociación razonable y sostenible”, explicó Lorenzino.
Para iniciar la gestión o recibir más información, los bonaerenses pueden presentar la documentación que acredite su situación económica y las deudas vigentes completando el siguiente formulario: https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/966137?newtest=Y&lang=es
El trámite desde Pergamino
Para los vecinos de Pergamino y la zona, el acceso a este servicio cuenta con una alternativa presencial. La delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense funciona en Moreno 115, donde atiende al público de 8:00 a 14:00.
Allí se pueden realizar consultas y presentaciones vinculadas con las dificultades para afrontar deudas, además de recibir orientación sobre la documentación necesaria para iniciar la gestión.
El organismo solicita información que permita acreditar la situación económica de la persona y las deudas vigentes. También habilitó un formulario online para quienes quieran comenzar el trámite de manera digital.
La intervención apunta a conocer el cuadro financiero general del consumidor para buscar una solución que no se limite a una deuda aislada y que, al mismo tiempo, permita sostener el cumplimiento de las obligaciones.
Compromiso financiero
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es precisamente dejar de analizar cada compromiso financiero como si fuera independiente del resto.
La Defensoría plantea que, cuando una persona se encuentra sobreendeudada, resulta necesario observar su situación económica de manera integral. De ese modo, un acuerdo alcanzado con un acreedor no debería terminar generando que el deudor quede sin capacidad para responder frente a los demás.
La iniciativa procura, además, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones o cargos y promover acuerdos que estén relacionados con la verdadera capacidad económica de cada persona y su grupo familiar.
En ese sentido, Lorenzino sostuvo que la intención es “ganar escala en la negociación colectiva para los bonaerenses que están desesperados” y establecer negociaciones basadas en criterios de “proporcionalidad y racionalidad” frente a situaciones que pueden derivar en prácticas abusivas.
El defensor del Pueblo también planteó la necesidad de que las negociaciones se desarrollen en condiciones adecuadas para ambas partes. “Buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”, expresó.
El proyecto de ley
El servicio que actualmente brinda la Defensoría se vincula con una iniciativa legislativa que busca darle un marco más amplio y permanente a este tipo de intervenciones.
Se trata de un proyecto presentado por el diputado Facundo Tignanelli que propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y establecer en el ámbito de la Defensoría del Pueblo bonaerense un mecanismo específico de asistencia para las personas que atraviesan este tipo de dificultades.
La propuesta contempla que el organismo pueda intervenir no solamente en la atención de casos individuales, sino también mediante una instancia prejudicial obligatoria orientada a facilitar la reestructuración de las deudas y evitar que los conflictos terminen directamente en los tribunales.
El planteo parte de una premisa: frente a una persona sobreendeudada existe una relación de fuerzas desigual entre el consumidor y las empresas, por lo que el Estado puede intervenir para generar mejores condiciones de negociación.
Negociar antes de llegar a la Justicia
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una instancia de negociación previa a una eventual judicialización. La intención es que consumidores y acreedores puedan buscar una solución antes de que el conflicto avance hacia los tribunales.
En caso de convertirse en ley, esta instancia sería obligatoria y permitiría analizar de manera integral la situación de la persona endeudada, procurando preservar condiciones razonables de subsistencia para ella y su grupo familiar.
La iniciativa también plantea obligaciones para los acreedores. La falta de comparecencia, la ausencia de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o las maniobras destinadas a dilatar el procedimiento serían consideradas incumplimientos.
Encontrar una salida posible
Además de facilitar la regularización de las deudas, el proyecto busca prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos, reducir la judicialización y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas durante los procesos de cobro.
La propuesta procura así encontrar un punto de equilibrio: que las personas puedan recuperar progresivamente su capacidad de pago sin quedar atrapadas en una cadena de intereses y cargos que haga imposible cancelar sus compromisos, pero también que los acreedores puedan conservar el crédito y cobrar dentro de condiciones posibles.
De esta manera, una problemática que muchas veces se vive puertas adentro de cada hogar comienza a contar con una instancia institucional de acompañamiento, con la posibilidad de buscar una salida antes de que las deudas se conviertan en un problema todavía más difícil de resolver.