Sentencia por el caso Tamequ: la querella destacó la condena a los policías, pero consideró insuficientes las penas
La abogada Luz Santos Morón, de la Comisión Provincial por la Memoria, analizó en Reporte La Opinión el fallo por el allanamiento ilegal y las vejaciones sufridas por la familia Glasinovich.

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La condena a cinco policías por el allanamiento ilegal y las agresiones sufridas por integrantes de la familia Glasinovich en Pergamino fue analizada en Reporte La Opinión por la abogada Luz Santos Morón, representante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino como particular damnificado institucional en la causa Tamequ.
La letrada valoró el reconocimiento judicial de la ilegalidad del procedimiento, aunque cuestionó la magnitud de las penas impuestas por el juez Carlos Ariel Picco, titular del Juzgado Correccional Nº 1.
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Durante una entrevista realizada por videollamada en el ciclo de streaming que conducen los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso, la abogada explicó los alcances de la acusación, reconstruyó las circunstancias del episodio y expuso la posición de la querella institucional frente al veredicto condenatorio conocido en las últimas horas.

El fallo impuso seis meses de prisión y dos años de inhabilitación al entonces jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino, Marcelo Garrido, mientras que cuatro integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) recibieron penas de un año y seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial.
Un operativo sin orden judicial
Santos Morón recordó que el episodio ocurrió en un predio donde la familia Glasinovich tenía su vivienda y también desarrollaba actividades laborales en un galpón. Al momento del procedimiento, durante el mediodía, algunos integrantes de la familia se encontraban trabajando en la reparación y el pulido del capó de un camión junto con otra persona.
En esas circunstancias arribaron efectivos de la DDI y del GAD en distintos móviles policiales y desplegaron un importante operativo. Según explicó la abogada, los uniformados ingresaron al inmueble sin contar con una orden judicial y terminaron protagonizando un procedimiento violento contra quienes se encontraban en el lugar.

El argumento que se utilizó para justificar la intervención era la búsqueda de personas prófugas de General Rodríguez. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la representante de la Comisión Provincial por la Memoria, durante la investigación no se logró acreditar suficientemente esa circunstancia como fundamento para desarrollar el operativo en ese domicilio.
«Lo que sí estaba claro es que no había orden judicial ni desde una fiscalía para llevar adelante este operativo en aquel lugar en particular», sostuvo Santos Morón al reconstruir los hechos.
La abogada describió que los efectivos redujeron, golpearon y esposaron a los moradores. Como consecuencia de las agresiones, las víctimas presentaron hematomas y escoriaciones, mientras que uno de los integrantes de la familia Glasinovich sufrió una fisura de costilla.
La situación adquirió mayor gravedad por las personas que estaban presentes. En una vivienda contigua se encontraba la esposa de Glasinovich junto con sus nietas menores de edad, quienes también presenciaron el despliegue policial y las situaciones de violencia.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria sostuvieron desde el comienzo que se trató de un procedimiento ilegal, ilegítimo y desproporcionadamente violento contra una familia que no representaba un riesgo para los efectivos intervinientes.

Las pruebas del debate
La representante de la querella institucional explicó que durante las dos jornadas de audiencias del juicio se incorporaron diferentes elementos que permitieron reconstruir lo sucedido y acreditar las responsabilidades penales de los efectivos policiales.
Entre las pruebas mencionó las declaraciones testimoniales de las víctimas, los testimonios de otros funcionarios que participaron de las actuaciones y la documentación médica que registró las lesiones sufridas por los integrantes de la familia después del procedimiento.
Para Santos Morón, esos elementos permitieron demostrar que el operativo había comenzado de manera irregular y que no existía una situación de riesgo concreto que justificara semejante intervención policial.
En ese contexto, el juez Carlos Ariel Picco dictó condenas para los cinco policías que llegaron a juicio. La responsabilidad del entonces jefe de la DDI, Marcelo Garrido, fue encuadrada en el delito de allanamiento ilegal, mientras que los cuatro integrantes del GAD fueron condenados por vejaciones en concurso ideal con lesiones leves.
La abogada consideró que el magistrado valoró las pruebas presentadas durante el debate y reconoció la responsabilidad de los acusados, pese a los argumentos de las defensas, que habían intentado justificar la legalidad del procedimiento y atribuir algún tipo de resistencia a los moradores.

Penas consideradas insuficientes
Aunque destacó el resultado condenatorio, Santos Morón aclaró que la Comisión Provincial por la Memoria había solicitado sanciones más severas durante los alegatos.
La querella pidió seis años de prisión para los responsables que integraban el grupo que ingresó violentamente al galpón, al considerar que existían circunstancias agravantes que debían contemplarse en la calificación legal de los hechos.
Entre los aspectos señalados mencionó la violencia ejercida durante el procedimiento, la utilización de uniformes y los rostros cubiertos de algunos integrantes del GAD, circunstancia que dificultó inicialmente su identificación, la presencia de menores de edad y la multiplicidad de personas afectadas.

También hizo referencia a las consecuencias físicas que padeció uno de los integrantes de la familia Glasinovich, cuya situación de salud se vio afectada después de las agresiones.
La representante institucional explicó que la querella pretendía que las vejaciones fueran consideradas agravadas por la violencia y las amenazas desplegadas durante el procedimiento. Esa calificación había sido planteada por la Comisión Provincial por la Memoria durante el debate, aunque no estaba contemplada inicialmente en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía.
«Entendemos que es una condena que siente un precedente muy importante frente a lo que es el avasallamiento y el accionar ilegítimo y violento de las fuerzas de seguridad en un hogar, en una casa de familia. Por otro lado, entendemos que las penas resultan insuficientes», expresó.
La abogada señaló que al momento de la entrevista todavía estaban analizando el contenido completo de la sentencia, que les había sido notificada pocos minutos antes. Por ese motivo, aclaró que la evaluación definitiva de los fundamentos judiciales requería una lectura integral del fallo.

El papel de la familia
Durante la conversación con los conductores de Reporte La Opinión, también se destacó el papel que tuvo la familia Glasinovich para sostener la investigación y conseguir que el episodio llegara finalmente a una instancia de debate oral.
Santos Morón consideró fundamental la decisión de las víctimas de denunciar lo sucedido, insistir para que se investigara y sostener su participación durante el proceso judicial, incluso al momento de prestar declaración testimonial frente a los responsables de la institución policial involucrada.
«Eso fue gracias a la familia, que se plantó y exigió justicia frente a un hecho y un avasallamiento tan brutal a sus derechos más elementales», manifestó.
La letrada destacó que enfrentar un proceso de estas características implica para las víctimas una experiencia particularmente difícil, sobre todo cuando deben reclamar justicia frente a una institución estatal cuyos integrantes son precisamente quienes aparecen cuestionados por el ejercicio ilegítimo de la fuerza.
En ese sentido, valoró que, a pesar del tiempo transcurrido desde el episodio, la familia haya conseguido mantener vigente el reclamo hasta llegar a una sentencia condenatoria.

El antecedente de Arrecifes
En otro tramo de la entrevista, los periodistas plantearon la relación entre el caso Tamequ y los recientes episodios de violencia policial registrados en Arrecifes, que también tuvieron repercusión en Pergamino por la participación de jóvenes de esta ciudad.
Santos Morón explicó que la Comisión Provincial por la Memoria trabaja en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en situaciones vinculadas con violencia policial e institucional y consideró necesario que las autoridades judiciales intervinientes en la investigación de Arrecifes adopten las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
«Lo de Arrecifes en este momento también amerita que tanto la fiscalía de San Nicolás como el juzgado de garantías nicoleño adopten las medidas necesarias para que se lleve adelante una investigación pronta, eficaz y que realmente se juzgue a aquellos funcionarios policiales que actuaron de manera ilegal», sostuvo.
La abogada remarcó la importancia de que las investigaciones avancen y permitan establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados cuando existen denuncias de actuaciones policiales ilegítimas.
La conversación permitió poner en perspectiva dos cuestiones centrales: la necesidad de investigar y sancionar los abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y la importancia del acceso a la información pública para que los medios y las organizaciones de derechos humanos puedan ejercer su tarea de seguimiento y control.

Un fallo con doble valoración
Al finalizar la entrevista, los conductores de Reporte La Opinión analizaron también los alcances del veredicto del Juzgado Correccional Nº 1 de Pergamino y la posición expresada por la querella institucional.
La condena representó un reconocimiento judicial de las irregularidades del procedimiento policial y de las responsabilidades penales de los cinco efectivos que llegaron a juicio. Sin embargo, quedó planteada la diferencia entre las sanciones finalmente impuestas y las pretensiones punitivas sostenidas por la Comisión Provincial por la Memoria.
De esta manera, el caso Tamequ tuvo un desenlace condenatorio después de un prolongado recorrido judicial y dejó un antecedente sobre la responsabilidad de los funcionarios policiales cuando, en lugar de actuar dentro de los límites legales de sus atribuciones, ejercen violencia ilegítima contra personas en el ámbito de su propio hogar.























