San Nicolás: multaron a dos comercios por contratar seguridad privada sin habilitación
La Provincia aplicó sanciones económicas a Hierro San Nicolás y Venta Mat San Nicolás por utilizar servicios de vigilancia de empresas no autorizadas. Los prestadores también fueron multados e inhabilitados por 20 años.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sancionó a dos comercios de San Nicolás por contratar servicios de vigilancia privada sin contar con la habilitación correspondiente. Las multas, que superan los cinco millones de pesos para cada establecimiento, fueron establecidas en resoluciones publicadas en el Boletín Oficial bonaerense.
Multas millonarias por contratar seguridad privada ilegal
Los establecimientos sancionados son Hierro San Nicolás y Venta Mat San Nicolás. En ambos casos, los expedientes se iniciaron a partir de inspecciones realizadas por personal policial el 7 de septiembre de 2022, cuando se constató que los comercios utilizaban servicios de vigilancia prestados por empresas que no contaban con autorización provincial.
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La Provincia dispuso una multa de $5.132.239,22 para cada comercio. Además, los responsables de las empresas de seguridad involucradas recibieron sanciones económicas de $51.322.392,20 cada uno y una inhabilitación por 20 años para desarrollar actividades comprendidas en la normativa provincial.
Las resoluciones fueron incluidas en la edición del Boletín Oficial del 18 de noviembre y forman parte de los avisos publicados entre el 12 y el 18 de ese mes.
Qué pasó en Hierro San Nicolás y Venta Mat
Uno de los procedimientos se realizó en Hierro San Nicolás, ubicado sobre avenida Juan Domingo Perón 1254. Según la resolución RESO-2026-1304-GDEBA-DPGSPMSGP, durante la inspección se detectó a una persona que cumplía tareas de vigilancia y vestía un uniforme con el logo de Protección A y G.
La autoridad provincial determinó que el titular de esa firma no tenía habilitación para prestar servicios de seguridad privada en territorio bonaerense. Tampoco estaban autorizados el objetivo ni el personal afectado al establecimiento.
Por este motivo, el prestador recibió una multa de $51.322.392,20 y la inhabilitación por 20 años. A su vez, Hierro San Nicolás fue sancionado con $5.132.239,22 por contratar y utilizar un servicio de seguridad sin autorización.
El expediente señala que el prestador presentó un descargo a través de un apoderado, aunque las autoridades consideraron que sus argumentos no lograron desvirtuar la infracción. El comercio, en tanto, no presentó su defensa dentro del plazo establecido.
El segundo caso corresponde a Venta Mat San Nicolás, ubicado sobre avenida Presidente Juan Domingo Perón 1525. En este establecimiento, la inspección policial identificó a Brawnius Video Vigilancia como responsable del servicio de seguridad privada.
De acuerdo con la resolución RESO-2026-11414-GDEBA-DPGSPMSGP, la firma tampoco contaba con habilitación para desarrollar esa actividad en la provincia. Por esa razón recibió la misma sanción económica y la inhabilitación por 20 años. Venta Mat San Nicolás, por su parte, fue multado con $5.132.239,22.
En este expediente, tanto la empresa de seguridad como el comercio dejaron vencer el plazo previsto sin comparecer para presentar sus respectivos descargos.
Qué establece la Ley de Seguridad Privada bonaerense
Las sanciones se encuadran en la Ley provincial 12.297, que regula la prestación de servicios de seguridad privada en territorio bonaerense. La normativa establece que las empresas y los prestadores deben contar con una habilitación oficial para desarrollar tareas de vigilancia y protección.
También contempla responsabilidades para los establecimientos que contratan y utilizan servicios de seguridad prestados por firmas que no cumplen con los requisitos legales.
Las resoluciones del Ministerio de Seguridad reconocen a los sancionados la posibilidad de presentar recursos administrativos, entre ellos la revocatoria con recurso jerárquico en subsidio y la apelación, dentro de los plazos previstos por la legislación vigente.
Por el momento, la publicación de las disposiciones oficiales no permite establecer si las multas quedaron firmes ni si los comercios o las empresas involucradas presentaron impugnaciones.

















