San Nicolás: la Justicia intimó al Municipio por el acceso al RAFAM y advirtió sobre sanciones
El Ejecutivo municipal tiene dos días para acreditar que habilitó el acceso al sistema financiero a concejales opositores, tal como ordenó una medida cautelar.
La Justicia volvió a intimar a la Municipalidad de San Nicolás para que cumpla con la orden de habilitar el acceso completo al sistema RAFAM a concejales de la oposición. El juzgado fijó un plazo de dos días para acreditar que la medida fue implementada y advirtió que podría aplicar sanciones económicas si persiste el incumplimiento.
La Justicia fijó un plazo de dos días para cumplir con el RAFAM
La nueva resolución se produjo luego de que el Municipio informara, el pasado 18 de septiembre, que se encontraban en marcha las tareas necesarias para dar cumplimiento a la medida cautelar. Sin embargo, según consta en el expediente, había transcurrido más de un mes sin que se comunicara formalmente la finalización de esos trabajos.
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Ante esa situación, el juzgado resolvió intimar nuevamente al apoderado municipal para que acredite el cumplimiento de la orden judicial, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas destinadas a garantizar su ejecución.
El conflicto gira en torno al acceso al sistema de Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el Ámbito Municipal (RAFAM), una herramienta que permite consultar información contable, presupuestaria y financiera de los municipios bonaerenses.
Su utilización resulta fundamental para analizar ingresos, gastos, modificaciones presupuestarias y movimientos de fondos públicos, entre otros datos necesarios para fiscalizar la administración de los recursos municipales.
El conflicto comenzó durante la Rendición de Cuentas 2025
La disputa se originó durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio económico 2025, cuando concejales opositores denunciaron dificultades para acceder a la documentación necesaria para controlar el manejo de los fondos municipales.
En ese contexto, ediles de Fuerza Patria recurrieron a la Justicia para solicitar que se garantizara el acceso completo al sistema. La presentación derivó en una medida cautelar favorable, que ordenó al Departamento Ejecutivo habilitar de manera inmediata el ingreso solicitado.
La decisión judicial se fundamentó, entre otras disposiciones, en las resoluciones 449/2011 y 15/2016 del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, vinculadas con la disponibilidad de información financiera para los concejos deliberantes.
Entre los documentos cuyo acceso fue cuestionado figuran registros de proveedores, decretos de modificaciones presupuestarias y documentación respaldatoria de distintas partidas. Según los concejales que impulsaron la presentación, las restricciones dificultaron el análisis integral de la información correspondiente al último ejercicio económico.
Federico Chouhy también cuestionó las restricciones de acceso
Las dificultades para ingresar al RAFAM también fueron denunciadas por el concejal Federico Chouhy, de Alianza La Libertad Avanza, quien manifestó que continuaba sin disponer de las claves necesarias para consultar el sistema, pese a sus reiterados pedidos.
El edil cuestionó las condiciones en las que los integrantes del Concejo Deliberante deben desarrollar sus tareas de fiscalización y sostuvo: “Falta control y también ponen trabas cada vez que se intenta controlar”.
De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, Chouhy también expuso la situación durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada el 18 de mayo. En esa oportunidad, señaló que no contaba con las credenciales para ingresar al sistema y que había presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
La controversia mantiene en discusión el alcance del acceso a la información financiera municipal y las facultades de control de los concejales. Ahora, el Ejecutivo deberá acreditar ante la Justicia que cumplió con la medida cautelar dentro del plazo establecido, mientras permanece latente la posibilidad de sanciones económicas ante un eventual incumplimiento.