San Nicolás: hoy se define el juicio contra Cabaleyro por el conflicto con una empresa de San Pedro
El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás dará a conocer su decisión este miércoles desde las 12:30, en una audiencia virtual por la causa de extorsión y turbación de la posesión.
El juicio contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro llegará este miércoles a una instancia decisiva con la lectura del veredicto del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás. La audiencia se realizará de manera virtual desde las 12:30, luego de que la fiscalía solicitara 10 años de prisión efectiva y la querella reclamara una pena de 15 años por los hechos denunciados por la empresa Rey Distribución, de San Pedro.
Veredicto contra Maximiliano Cabaleyro: cómo será la audiencia
La resolución judicial se conocerá después de un proceso en el que se analizaron las acusaciones por extorsión y turbación de la posesión vinculadas con el conflicto que el Sindicato de Camioneros mantuvo con la empresa Rey Distribución en febrero de 2022.
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La audiencia de este miércoles tendrá como eje la decisión de los jueces sobre la responsabilidad penal de Cabaleyro, dirigente local del gremio, a partir de los hechos que fueron objeto del debate oral. La lectura está prevista para las 12:30 y se desarrollará bajo modalidad virtual.
La causa se originó por los acontecimientos registrados entre el 22 y el 26 de febrero de 2022, cuando integrantes del sindicato permanecieron frente al acceso a la planta de la firma sampedrina. La denuncia de los propietarios derivó en una investigación penal que avanzó hasta el juicio oral.
Durante las últimas audiencias se incorporaron testimonios y registros relacionados con aquellos días, con el objetivo de reconstruir cómo se desarrolló el conflicto y determinar si las conductas denunciadas encuadran en los delitos atribuidos a los acusados.
Qué penas solicitaron la fiscalía y la querella contra Cabaleyro
Las fiscales Verónica Marcantonio y María del Valle Viviani solicitaron que Cabaleyro sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. También reclamaron su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período y la revocación del arresto domiciliario.
En relación con otros acusados vinculados con la empresa, las representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional.
La querella, representada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), adhirió al planteo de la fiscalía, aunque solicitó una pena mayor para el dirigente camionero: 15 años de prisión.
Durante sus alegatos, las fiscales sostuvieron que las pruebas reunidas permitían acreditar las amenazas y las intimidaciones que, según la acusación, habrían tenido como finalidad obligar a la empresa a efectuar pagos bajo la advertencia de que no podría trabajar. También plantearon que existió un plan común y atribuyeron participación conjunta a Cabaleyro y a Espíndola.
Además, señalaron que los hechos investigados excedían el ejercicio del derecho de huelga y consideraron acreditados los elementos necesarios para sostener la acusación por extorsión.
La defensa de Cabaleyro, integrada por los abogados Mauricio Gugger, Analía González e Ignacio Baldarenas, pidió la absolución. La misma postura adoptó la defensa de los exempleados de la firma, representada por el abogado Gabriel Ruiz.
Los defensores cuestionaron la suficiencia de las pruebas y señalaron presuntas contradicciones en los testimonios y en la reconstrucción de los acontecimientos. En sus planteos, solicitaron que sus representados no sean condenados.
Ariel Rey pidió una condena ejemplar por el conflicto sindical
En la antesala de la definición judicial, Ariel Rey, propietario de la empresa cuya denuncia dio origen a la causa, expresó que espera que el resultado tenga un alcance que trascienda la situación particular de su firma.
“Esta causa tiene que ser ejemplar para la Argentina más que para nosotros”, sostuvo el empresario en declaraciones a Infobae.
Rey cuestionó las prácticas que, según su interpretación, se desarrollaron durante el conflicto y planteó que el derecho de huelga no debe confundirse con acciones extorsivas, bloqueos o exigencias de pagos. También afirmó que seis trabajadores fueron involucrados en los hechos por decisión de los dirigentes sindicales.
El empresario insistió en que el proceso puede marcar un precedente en la discusión sobre los límites de las medidas sindicales y las consecuencias penales de las conductas denunciadas.
Con las posiciones de la fiscalía, la querella y las defensas ya expuestas, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás deberá comunicar su decisión. El veredicto determinará el resultado de un juicio que se inició a partir del conflicto ocurrido en febrero de 2022 y que tuvo repercusiones tanto en San Pedro como en el ámbito sindical y empresarial.