Ramallo: la jueza de Faltas defendió las multas y reclamó más controles de tránsito
Sol Aroza explicó cómo se calculan las sanciones, defendió su finalidad preventiva y pidió mayor rigurosidad para reducir los riesgos viales.
La jueza de Faltas de Ramallo, Sol Aroza, salió al cruce de los cuestionamientos por una multa de $2.838.750 aplicada a un motociclista y defendió el criterio utilizado para determinar las sanciones. La funcionaria remarcó que las infracciones buscan prevenir conductas peligrosas y reclamó mayor rigurosidad en los controles en la ciudad.
Cómo se calcula una multa de tránsito en Ramallo
La controversia comenzó luego de que un vecino expresara públicamente su disconformidad con el monto de la sanción. La multa contemplaba distintas infracciones vinculadas con la documentación obligatoria, la licencia de conducir, el seguro, los elementos de seguridad y el uso del casco.
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Ante los cuestionamientos, Aroza explicó que el valor de una multa no debe analizarse en relación con el precio del vehículo involucrado, sino con la conducta que se sanciona. “No tiene que ver con el valor del motovehículo o del vehículo. Tiene que ver con la conducta”, sostuvo.
La jueza señaló además que las sanciones se determinan mediante unidades fijas de combustible. Actualmente, cada unidad tiene un valor de $2.271 y las distintas infracciones establecen una cantidad determinada de acuerdo con su gravedad. Como ejemplo, indicó que circular sin licencia habilitante contempla una sanción de 300 unidades fijas.
La jueza pidió mayor rigurosidad en los controles
Uno de los principales argumentos planteados por Aroza fue que las multas tienen una finalidad preventiva y no recaudatoria. En ese sentido, puso el foco en las posibles consecuencias de incumplir las normas de tránsito y cuestionó la falta de elementos básicos de seguridad.
“¿Tiene precio la vida de alguien?”, “¿tiene precio que no lleve seguro?” y “¿tiene precio que por no llevar casco se transforme en lesiones gravísimas?”, planteó la funcionaria al referirse a los riesgos asociados a determinadas infracciones.
Aroza también respaldó el pedido de vecinos que reclaman controles más estrictos, particularmente sobre los motociclistas. “Comparto totalmente. Hay que tener mano dura con respecto a las infracciones de tránsito”, afirmó.
Según explicó, muchos incumplimientos están relacionados con una cuestión cultural y con la familiaridad propia de una comunidad pequeña. Para la jueza, un mayor cumplimiento de las normas permitiría prevenir siniestros y disminuir la gravedad de sus consecuencias.
Vehículos secuestrados y educación vial
La jueza de Faltas también se refirió a la situación de los vehículos secuestrados que no son retirados por sus titulares. En el caso de las motocicletas, explicó que, una vez transcurridos 90 días, el Estado puede iniciar el proceso de compactación. Para los automóviles, el plazo establecido es de seis meses.
En paralelo, Aroza consideró necesario profundizar las políticas de educación vial desde los primeros años de formación. En ese sentido, planteó que la educación vial debería incorporarse como una materia obligatoria para generar conciencia sobre el cumplimiento de las normas y la prevención de accidentes.
Por otra parte, la funcionaria repudió las amenazas recibidas por el intendente Mauro Poletti y sostuvo que las diferencias políticas deben canalizarse mediante argumentos y dentro de las instituciones, sin recurrir a intimidaciones ni hechos de violencia.
Finalmente, Aroza defendió la autonomía del Juzgado de Faltas frente al Poder Ejecutivo municipal y aseguró que las decisiones adoptadas por el organismo se toman de manera independiente.