Penas en suspenso para cuatro hackers que operaban con troyanos en Alfonzo
Mediante código malicioso infiltrado asaltaban depósitos financieros particulares y corporativos.

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Una trama delictiva que combinó ingeniería social, desarrollo clandestino y ramificaciones internacionales concluyó con una condena en la Justicia pergaminense.
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 homologó un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el abogado Franco Oldani y la Defensoría Oficial con el fiscal Nelson Mastorchio y la dirección de Cibercrimen, a cargo de José Cifuentes y su equipo técnico, que impuso penas de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso a cuatro personas investigadas por integrar una asociación ilícita dedicada al vaciamiento sistemático de cuentas bancarias.
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Las maniobras delictivas tenían su base en una vivienda de Mariano H. Alfonzo, desde donde se coordinaba la captación de fondos sustraídos mediante virus troyanos y su posterior conversión a activos digitales para diluir el rastro del dinero.
Trampas con malware
El modus operandi se apoyaba en el uso de herramientas lesivas conocidas internamente como 'la máquina'. El software malicioso era inoculado de forma encubierta en máquinas para alterar las sesiones de home banking. Al ingresar a las plataformas financieras, las pantallas quedaban congeladas o exhibían avisos engañosos de validación de datos que indicaban no apagar los equipos. Durante ese lapso en que los titulares quedaban inmovilizados, los atacantes tomaban el control de los paneles operativos y ordenaban transferencias hacia billeteras virtuales y bancos.
Entre los hechos acreditados sobresale la denuncia de José Luis Elola, quien sufrió extracciones no consentidas por 335.000 y 101.000 pesos hacia el Banco Brubank, además de un intento de rescate de fondos de plazo fijo por 1.067.124 pesos que el área de fraudes logró bloquear. Similares maniobras afectaron a Roberto Gabriel Nessi, a quien le sustrajeron un millón de pesos de su cuenta sueldo del Banco Francés mientras trabajaba en el Colegio San Pedro Claver, y a Andrea Riva Araujo, despojada de 535.000 pesos en el Banco Comafi al intentar pagar su tarjeta. El accionar delictivo alcanzó asimismo a víctimas de Mercedes, Lomas de Zamora, San Isidro y La Plata.
Red de operadores
Para consumar las defraudaciones sin encender alertas en el sistema financiero, los implicados recurrieron a una estructura descentralizada que operaba bajo nombres de fantasía como 'Contá fuerte' (CTF) o 'Cicrope'. Estas denominaciones encubrían a colaboradores a los que definían como 'los chicos', 'soldaditos' u 'operadores'. Estos individuos eran los encargados de ejecutar maniobras de phishing, supervisar los programas maliciosos y gestionar el enlace con las cuentas intermediarias.
Una pieza clave del engranaje radicaba en la captación de los denominados 'presta cuentas'. Se trataba de personas que facilitaban sus cuentas, números de CVU o datos personales a cambio de comisiones del cinco al diez por ciento del total defraudado, o bien sumas fijas de entre treinta mil y doscientos mil pesos. Una vez que el dinero ingresaba a estas cuentas de tránsito abiertas en plataformas como Mercado Pago, Naranja X o ClaroPay, se impartían directivas inmediatas para pulverizar los montos en giros sucesivos antes de que los damnificados pudieran formalizar reclamos.
Circuito de criptomonedas
El núcleo de la operatoria económica dependía de un canal transnacional orientado a la adquisición de criptomonedas. La pesquisa judicial reveló un estrecho vínculo entre la célula local y un individuo prófugo de nacionalidad brasileña registrado en los mensajes como 'Zorea 2' o 'NN Pablo'. Este sujeto suministraba las herramientas del malware y recibía la mayor tajada de los beneficios. Mediante el mercado peer-to-peer (P2P) de Binance, los fondos sustraídos en pesos eran convertidos a la divisa digital estable Tether (USDT).
Los imputados llevaban un cómputo financiero al que llamaban 'resumen'. El esquema de reparto establecía que el setenta por ciento de los criptoactivos adquiridos debía transferirse de forma perentoria a billeteras virtuales radicadas en el exterior, controladas por el proveedor del virus. El treinta por ciento restante constituía la ganancia retenida por los integrantes locales: de esa porción se deducía el porcentaje pactado para el titular de la cuenta receptora y el saldo neto se distribuía entre los miembros del grupo asentados en la región pergaminense.
Disputas del clan
La causa dio un giro decisivo tras el allanamiento concretado en calle Moreno al 200 de Mariano H. Alfonzo. En esa vivienda se incautaron siete teléfonos móviles y material informático. El peritaje de la Unidad de Análisis e Investigación Digital (UAID) de la Policía Judicial bonaerense volcó en un reporte de casi doscientas páginas decenas de conversaciones que desnudaron la jerarquía, la logística y las intensas fricciones internas del clan.
En los mensajes quedó acreditada la labor de Facundo Jacinto Fernández, quien se autodenominaba 'el chico hacker', coordinando compras de cuentas y transacciones. A su lado, su hermano Damián Ricardo Fernández participaba en balances y directivas de giro, mientras que el padre de ambos, Ricardo Jacinto Enrique Fernández, actuaba como nexo logístico, suministrando datos de cuentas en papel y retirando dinero en efectivo por ventanilla o cajero. Por su parte, Sofía Diana Otranto aparecía vinculada al uso de cuentas virtuales y pedidos comerciales enviados a Mar del Plata. Las escuchas expusieron constantes discusiones familiares por demoras en pagos y desconfianzas en la división del botín.
Fallo judicial homologado
Frente al contundente cuadro probatorio acumulado en las actuaciones, las defensas y la fiscalía acordaron la vía del juicio abreviado. El juez subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, Carlos Ariel Picco, resolvió condenar a Damián Ricardo Fernández, Ricardo Jacinto Enrique Fernández y Sofía Diana Otranto a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso como coautores del delito de asociación ilícita. Idéntica pena de tres años condicional fue dictada para Facundo Jacinto Fernández, en su caso como responsable de asociación ilícita en concurso real con defraudación informática consumada y en grado de tentativa.
Al carecer de antecedentes penales computables, el juez consideró procedente aplicar la condena condicional bajo el principio de proporcionalidad penal. Durante dos años, los sentenciados deberán cumplir pautas de conducta como fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol. El fallo ordenó además el cese inmediato de las medidas de coerción sobre Facundo Fernández y el retiro de su monitoreo electrónico.















