Los ciudadanos condenaron a un padre poderoso por los abusos a su hijo e hicieron justicia por el niño
Los doce ciudadanos del jurado popular en un fallo unánime encontraron culpable del delito de abuso sexual a un rosarino de 37 años por los vejámenes contra su hijo.
Luego de cinco extensas e intensas jornadas de debate oral en la sala del Tribunal en lo Criminal Nº 1, la causa judicial por abusos sexuales contra un menor de cuatro años de edad culminó con la declaración de culpabilidad contra el padre de la víctima.
Sin embargo, más allá de la estricta discusión técnico-jurídica, en el ambiente del juicio flotó de manera constante una asimetría socioeconómica insoslayable entre las partes implicadas.
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Por un lado, se juzgaba a un individuo perteneciente a un acaudalado y poderoso clan familiar de la ciudad de Rosario; por el otro, a una madre perteneciente a una tradicional y reconocida familia dedicada a la actividad comercial de la clase media de Pergamino.
A lo largo de los días en que se expusieron las pruebas, el jurado popular, integrado por doce vecinos de nuestra ciudad y de Colón, debió abstraerse de las presiones indirectas que genera la confrontación entre dos realidades tan dispares.
La fiscalía, del fiscal Nelson Mastorchio, junto a la instructora judicial María José Suárez y el abogado querellante Maximiliano Brajer, representó la acusación contra el imputado, en un entramado procesal donde la disparidad de recursos disponibles fue un factor recurrente tras las bambalinas del recinto judicial.
Supuestas especulaciones sobre la fortuna rosarina
Durante el juicio oral, la defensa técnica del imputado, a cargo de la abogada Georgina Tolosa, intentó sostener una hipótesis basada en pretendidas especulaciones económicas de la madre. La representación legal del santafesino buscó instalar la idea de que la acción penal respondía a un despecho o a una intencionalidad de obtener réditos financieros dada la holgada fortuna del acusado y de su grupo familiar en Rosario. Para respaldar esta estrategia, el entorno del acusado desplegó un numeroso cuerpo de peritos privados y psicólogos de renombre nacional destinados a desacreditar las pruebas fundamentales.
Frente a esa estructura pericial de alto costo, la acusación basó su postura en la solidez técnica de las pericias oficiales y en la validez del testimonio brindado por el niño en la Cámara Gesell, la cual había sido realizada cuando la víctima tenía apenas cuatro años. La confrontación de las evaluaciones psicológicas e informes psiquiátricos en la jornada del miércoles se convirtió en la encrucijada determinante del proceso, al lograr los acusadores rebatir los intentos de la defensa por invalidar las declaraciones del menor.
Verdad contra recursos
El letrado querellante, Maximiliano Brajer, graficó la complejidad del juzgamiento al señalar las diferencias en la disponibilidad de medios. La labor acusadora consistió en contrarrestar con elementos probatorios objetivos todo el arsenal procesal volcado por el poderío económicamente dominante de la familia del santafesino. Las valoraciones ciudadanas en el recinto reflejaron esa constante tensión entre la relevancia social que la querella posee en Pergamino por el reconocimiento a la trayectoria de sus allegados comerciales y la fuerza económica de la familia empresaria de Rosario.
Finalmente, los integrantes del tribunal popular, tras recibir las instrucciones del juez técnico Guillermo Burrone y retirarse a deliberar por más de una hora, alcanzaron la unanimidad en el veredicto. La resolución determinó la responsabilidad del acusado por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo en calidad de ascendiente. Al anunciarse el fallo, desde la zona exterior de las dependencias judiciales se escucharon gritos e insultos del imputado manifestando su disconformidad con la decisión unánime de los ciudadanos.
Proceso para la sentencia
Con el veredicto condenatorio dictado por los ciudadanos, la causa ingresó en su tramo procesal final para dirimir el quantum de la condena aplicable. El imputado permanece detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2023 en un establecimiento penitenciario, luego de que se denegaran en reiteradas oportunidades los pedidos formulados por su defensa para que se le otorgase la morigeración de un arresto domiciliario.
Las partes intervinientes cuentan con un plazo formal de 72 horas hábiles para presentar el material probatorio complementario de cara a la audiencia de cesura. Dicha instancia judicial se llevará a cabo el próximo viernes 21 de agosto a las 10:00 en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, donde el juez técnico Guillermo Burrone escuchará los pedidos de agravantes y atenuantes de las partes. Allí, tanto el fiscal Nelson Mastorchio como la querella formalizarán la solicitud de pena en base a la escala penal correspondiente.
