Defraudación al PAMI en Pergamino: imputados abonarán abultada fianza
Un entendimiento entre el fiscal Federal, la obra social de los jubilados y el juez de San Nicolás determinó la reparación económica del daño tras constatarse anomalías en facturaciones del centro médico local.
La Justicia Federal con asiento en la vecina localidad de San Nicolás ha dado un paso trascendental en la resolución de una causa penal que generó una enorme conmoción en la comunidad de Pergamino. Los tres directivos e integrantes vinculados a la Clínica Centro, imputados en el marco de la investigación por presuntas defraudaciones cometidas en perjuicio de la obra social de los jubilados, deberán abonar la suma total de setenta y cinco millones de pesos en concepto de fianza y reparación integral.
Este importante avance procedimental surge a partir de un histórico acuerdo alcanzado formalmente entre el fiscal federal a cargo de la instrucción, doctor Matías Di Lello, y los apoderados legales de las víctimas, representadas por el propio organismo nacional PAMI. La propuesta, negociada minuciosamente entre las partes en litigio, fue debidamente analizada y homologada en las últimas horas por el titular del Juzgado Federal de Garantías, el magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, dando marco jurídico definitivo al entendimiento.
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Conflicto familiar y expulsión de la vivienda
El caso judicial tuvo su origen formal a partir del constante trabajo de control e investigación respecto de diversas maniobras ilícitas ejecutadas presuntamente en el seno del mencionado efector de salud pergaminense. Según se logró acreditar mediante las exhaustivas pruebas recopiladas durante la etapa de instrucción, el modus operandi delictual consistía primordialmente en la falsificación deliberada de órdenes para intervenciones quirúrgicas, prácticas médicas complejas, tratamientos específicos y minuciosos estudios de diagnóstico por imágenes. Todos estos servicios eran sistemáticamente facturados a la obra social estatal a nombre de diversos afiliados que jamás habían recibido tales prestaciones ni habían asistido a las instalaciones para dichas prácticas.
Resarcimiento
La figura legal utilizada para suspender la tramitación del proceso penal es la denominada reparación integral del daño. Esta herramienta conceptual, de aplicación relativamente reciente dentro del marco normativo del derecho penal federal argentino, permite arribar a un entendimiento consensuado entre la parte acusada y la parte damnificada. Con la invalorable conformidad expresada por las autoridades nacionales de la obra social PAMI —quienes consideraron plenamente resarcido el perjuicio económico ocasionado a sus arcas— y bajo el estricto aval del magistrado interviniente, los tres procesados asumieron el compromiso formal de integrar la suma requerida.
El monto económico estipulado en este acuerdo especial no fue fijado de manera arbitraria por las partes. La cifra total de setenta y cinco millones de pesos representa el valor numérico correspondiente al cálculo global de la facturación proyectada durante todo un período semestral dentro de la mencionada institución. La normativa vigente establece con absoluta claridad que la aplicación de la reparación integral suspende de manera efectiva el avance directo del juicio oral y público por una única vez dentro del trámite de la causa.
Una denuncia reveladora
El entramado de irregularidades operativas comenzó a salir a la luz pública gracias al providencial accionar de una vecina de nuestra ciudad. La mujer ingresó a la plataforma digital oficial de la obra social nacional con el único propósito de efectuar un trámite administrativo de rutina en favor de su madre jubilada. Fue en ese momento exacto cuando advirtió con gran asombro que en el historial médico de la afiliada figuraban anotadas y cobradas diversas prácticas médicas de alta complejidad, tales como resonancias magnéticas, ecografías y placas radiográficas, las cuales jamás se le habían practicado a su progenitora.
Al ser consultada por su hija en el ámbito familiar, la propia anciana confirmó con rotundidad que jamás había acudido a la institución de salud en las fechas señaladas ni había sido sometida a ninguno de los tratamientos que figuraban asentados en el sistema informático. Inmediatamente, la familiar presentó la correspondiente alerta ante las autoridades locales del organismo. La posterior auditoría interna iniciada por los inspectores del PAMI confirmó las sospechas de estafa y derivó en la inmediata denuncia penal radicada ante la sede del fuero federal nicoleño.
Investigación de la fiscalía
Una vez recibida la denuncia formal por parte del organismo damnificado, la fiscalía conducida por el doctor Matías Di Lello inició una serie de diligencias probatorias que permitieron constatar fehacientemente, en una primera etapa, un total de veintiocho casos concretos de defraudación. En aquel momento inicial del proceso judicial, las pericias preliminares determinaron un perjuicio económico directo y comprobado que ascendía a la suma de un millón trescientos mil pesos.
Sin embargo, los investigadores judiciales trabajaron bajo la firme presunción de que la cantidad real de afiliados afectados por estas maniobras fraudulentas podía ser ampliamente superior. Aplicando el criterio de economía procesal, la fiscalía determinó que los casos acreditados formalmente resultaban más que suficientes para sostener legalmente la imputación de los delitos investigados. Los plazos legales otorgados para la profundización de las recolecciones probatorias alcanzaron su vencimiento definitivo en estos días, momento en el cual las partes decidieron volcar sus esfuerzos en la concreción del resarcimiento económico.
Acuerdo y resolución definitiva
Las complejas maniobras ilícitas perpetradas por el personal y los directivos involucrados del sanatorio local abarcaban desde la facturación ilegítima de simples consultas de guardia y seguimiento hasta estudios de alta complejidad tecnológica y tratamientos médicos prolongados que jamás se ejecutaron en la práctica.
Durante las minuciosas declaraciones testimoniales tomadas en la sede judicial, algunos pacientes habituales de los profesionales imputados negaron de forma categórica haber concurrido al establecimiento en los días asignados en las planillas oficiales.