Las 148 viviendas, bajo la atenta mirada de la Veeduría

Desde mayo funciona este órgano controlador conformado por adjudicatarios, personal del Instituto de la Vivienda, el Ejecutivo municipal y la empresa constructora. El estado de la causa penal al Sindicato Luz y Fuerza.

Luego de que los adjudicatarios del barrio 148 Viviendas lo solicitaran, el Gobierno bonaerense les otorgó, en mayo pasado, el poder de Veeduría, hecho que les permite ser controladores e inspectores de las obras que se realizan en la zona sur de la ciudad. Dicha actividad se desarrolla en un trabajo mancomunado con la Provincia (a través del Instituto de la Vivienda), con áreas del Gobierno pergaminense, y con referentes de la empresa constructora Chico Hermanos.

Cada 20 días aproximadamente, los integrantes de la Veeduría asisten al predio a corroborar los avances que se registran en el Barrio 148 Viviendas y de manera constante tienen comunicación tanto con la entidad intermedia (Municipalidad) como con el Instituto de la Vivienda de la Provincia (Ivba).

En los últimos días, la Veeduría asistió al predio y allí pudo constatar el avance efectivo de la construcción de los inmuebles. En este marco es dable destacar que, como la entrega de la primera tanda de casas (que sumaban 50) se retrasó (iba a ser en octubre pero será entre noviembre y diciembre próximos), se está avanzando en la construcción de algunas viviendas más por lo que antes de fin de año se adjudicarían entre 60 y 70 casas.

Sistema de adjudicación

Respecto del sistema de adjudicaciones, referentes del barrio 148 Viviendas, Cristian Tesone y Luciano Bissone, explicaron a LA OPINION que no está definida la modalidad de la adjudicación de esta primera tanda de casas y de las subsiguientes hasta completar las 148 unidades. Al día de hoy, barajan dos sistemas como posibles mecanismos: “Podría ser mediante sorteo o por puntaje”, manifestaron los entrevistados y explicaron las dos variantes: “El sistema por puntos consta de citar a las familias y otorgarles un puntaje determinado de acuerdo con la necesidad que tengan para habitar la vivienda, es decir, contemplarán las necesidades reales de las familias, por ejemplo si tienen hijos, si hay algún discapacitado o adulto mayor, suma más puntos quien más necesidad tenga. Por otra parte, y en caso de proceder mediante sorteo, será de forma transparente y en el que estén incluidos los 148 beneficiarios”.

Retraso

Consultados por LA OPINION respecto de cuál es el obstáculo que se interpone y que provoca el retraso de las adjudicaciones, los entrevistados mencionaron que el principal escollo al día de hoy está en las obras de infraestructura urbana: “Lo que falta es la red eléctrica y el gas ya que contamos con las cloacas, red de agua y se están ejecutando las obras del cordón cuneta”.

Si bien la instalación domiciliaria del gas está realizada en cada una de las viviendas, existe una demora producida por la burocracia que caracteriza las tramitaciones para la red externa. “Litoral Gas está demorando las tramitaciones, entendemos que el Municipio, a través del área de Tierras y Viviendas, está haciendo todo lo posible y presentando todo aquello que de la empresa proveedora solicitan pero siempre se genera una demora. Necesitamos que nos hagan la instalación de la red externa porque la interna, en cada casa, está realizada”.

En cuanto a la red eléctrica, Bissone aseguró que “es una incógnita”. Detalló que “falta el cableado, la colocación de postes y de las luminarias” pero que existen incongruencias entre los requerimientos de las partes involucradas, lo que pone a los futuros vecinos en medio de la incertidumbre. “En declaraciones a Radio 10, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Roberto Zucarelli, indicó que no se puede proceder a la colocación de postes hasta que no esté terminada la obra de cordón cuneta. Del otro lado se encuentra la empresa constructora, Chico Hermanos, que nos dice que no puede hacer entrega de las viviendas si no es con la luz instalada y que no entiende por qué la Cooperativa se demora tanto”, explicó Bissone.

Pagar dos veces

Es importante aclarar que la inversión para realizar las obras de infraestructura fue afrontada a modo de préstamo tanto por el Gobierno nacional como por el provincial. No obstante, una vez que los beneficiarios ocupen las viviendas, con el pago de la cuota mensual de la misma, vendrá incorporado el gasto de la infraestructura. “Lamentablemente tendremos que pagar dos veces la infraestructura ya que la primera vez que la abonamos fue cuando firmamos el primer convenio con el Sindicato Luz y Fuerza, dinero que no fue utilizado para la realización de las obras. Esta situación implica -entre tantos otros- un perjuicio para todos los adjudicatarios, y como tal abre las puertas a los pertinentes reclamos judiciales”.

¿Avanza la causa penal al Sindicato?

En cuanto a los avances en la causa penal, en los últimos días llegó a manos del fiscal Nelson Mastorcchio, el informe final respecto de las tareas investigativas llevadas adelante por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (Uide). Dicho documento contempla un análisis de los hechos denunciados y las pruebas producidas en la causa penal. Luego se presenta el desarrollo de la investigación y por último se exponen las conclusiones del caso. De acuerdo con lo expuesto por los referentes de las 148 Viviendas, y según consta en el documento que compartieron con LA OPINION, “con este informe, que es claro y contundente en el análisis de los hechos investigados y las pruebas producidas, creemos que están las condiciones dadas para que los investigados -hoy imputados- sean citados a indagatoria”.

En tal sentido, y a modo de ejemplo, en la causa referida obra acreditado que “el Sindicato realizó diferentes maniobras engañosas”, por ejemplo, “en el proyecto inicial aclara que las dimensiones del terreno serían de 220 metros cuadrados, en la actualidad los lotes son de 200 metros cuadrados, situación similar se da con las medidas de las viviendas, debían ser de 58 metros cuadrados cubiertos  y en realidad son de 54”, detallaron los entrevistados. 

Además se indica que no solo sería estafa a los adjudicatarios sino también al Estado ya que según lo que explica el documento “mediante maniobras engañosas, lograron hacerle creer a los preadjudicatarios que estaban abonando las obras de infraestructura del barrio cuando en realidad el Sindicato, a sus espaldas, negociaba en forma paralela el financiamiento de la misma con el Estado”. Ello deja en evidencia la supuesta comisión del delito de Estafa. Por otra parte vale recordar que los adjudicatarios iniciaron al Sindicato Luz y Fuerza de nuestra ciudad demandas civiles por daños y perjuicios.