La tarea del Ejército que no se conoce y que podría ampliarse en la lucha contra la droga

Cuando se producen grandes catástrofes naturales, como por ejemplo las inundaciones del norte de la provincia de Buenos Aires ahora, o terremotos, o cualquier problemática de ese tipo, el Ejército suele cumplir una función de ayuda muy importante, porque tiene además los vehículos adecuados para hacerlo y es así como, en esta ocasión sin ir más lejos, fueron los que llegaron con el agua, alimentos, frazadas y las pastillas potabilizadoras a los lugares donde es casi imposible ingresar; también cumplió un rol la Gendarmería que custodió las viviendas que estaban bajo las aguas para evitar los tristemente clásicos saqueos, que terminan de dejar a la gente sin nada si quiera para secar. Dicho esto para poner de relieve un costado diferente del accionar de nuestras fuerzas de seguridad, sin dejar de reconocer la invalorable tarea asistencial de los bomberos, que son los grandes protagonistas de todos los operativos de socorro.

El Ejército, además y como sucede en todos los países de la región, comenzó este año a participar activamente en los decomisos de cargamentos de drogas. Patrullas militares desplegadas en el norte y la Mesopotamia fueron más allá del apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que se inició en 2013 con el refuerzo del llamado Escudo Norte y descubrieron lugares de acopio del narcotráfico. Las cifras oficiales de las incautaciones logradas gracias a la actividad del Ejército superan las seis toneladas de marihuana. Un volumen importante, ya que representa poco menos del 10 por ciento de los secuestros concretados por Gendarmería y Prefectura en el primer semestre.

En ese período, la Gendarmería secuestró 49,4 toneladas de marihuana. En tanto, la Prefectura informó de la incautación acumulada de 25 toneladas de esa droga. En esas cantidades se incluyen las más de seis toneladas detectadas por el Ejército, casos en los que los operativos posteriores dispuestos por la Justicia quedaron en manos de las fuerzas de seguridad. Es decir, que las fuerzas armadas se han convertido de grupos de choque contra el narcotráfico, en tanto los policías cumplen más bien un rol vinculado a la investigación judicial, son su “brazo ejecutor”.

La tarea de los militares consiste mayormente en desplegar patrullas en zonas de montes y dar aviso a las fuerzas de seguridad cuando se descubre algún sendero inusual o lugares donde aparecen restos de algún campamento. En al menos dos casos, los militares se encontraron directamente con los traficantes que huyeron y abandonaron cargas de droga al observar a los soldados armados. Obviamente que difícilmente un grupo de narcos comience un tiroteo frente a muchos soldados armados, pero no se puede descartar la hipótesis y en ese sentido, el Gobierno aún no ha dado pasos más allá, permitiendo al Ejército que haga detenciones, sino que éstas están a cargo de la Policía.

Lo cierto es que sería más efectivo dotar a los militares que participan del Escudo Norte con reglas de empeñamiento, es decir la norma que les permite el uso de armas en ciertas circunstancias, como sucede en países donde los narcotraficantes han ganados las calles. Lamentablemente, así sucede en nuestro país. Sin embargo, en el oficialismo no ven factible esa posibilidad: están más que conformes con la asistencia que el Ejército ha dado hasta ahora. Se pone como ejemplo el desastre que resultó para México el ataque frontal contra redes narcos y las advertencias al respecto desde Brasil, por la irrupción militar en las favelas de Río de Janeiro.

Sin embargo, esas problemáticas surgieron en países donde los narcos ya se habían apoderado de grandes sectores institucionales y civiles, en la Argentina no estamos muy lejos de esa realidad, huelga decir.

Pero hasta que no se produzca la decisión política, hasta cierto punto llegan los militares de Gendarmería y el Ejército. Si en ese paso, legalmente están limitados en su competencia, de hecho los jueces federales advirtieron sobre posibles nulidades de procedimientos a cargo de militares; de ahí que se mantiene la situación de encontrar la droga o a los narcos y dar la alerta a las fuerzas de seguridad. Si dan un paso más allá, todo el operativo se invalidaría, para beneficio de los cárteles. 

La oposición política también plantea la necesidad de una mayor participación del Ejército en el combate contra las drogas. En eso coinciden con un sector del oficialismo, a favor de una actividad militar más visible contra el narcotráfico. Diferente es la visión militar, que expresa más inquietudes que esperanzas sobre el uso del aparato militar en las fronteras. A los militares, también les cuesta comprometerse en una lucha cotidiana expuesta a la corrupción. Señalan lo ocurrido en varias policías provinciales -con sus jefes procesados por vínculos narco- y antecedentes poco conocidos públicamente, los lleva a pensar que no deja de ser una tarea riesgosa en ese sentido.

En Brasil se utiliza como método de control de frontera un operativo especial, realizado dos veces por año, en el que se saturan las zonas con más de 6.000 soldados y, además, se instalan en el terreno cientos de integrantes de la Justicia para supervisar las acciones militares. Una de esas maniobras, conocida como Agata 9, terminó en julio último, aunque su resultado, más allá de dar testimonio de la presencia estatal, fue bastante bajo, con cuatro toneladas de marihuana incautadas. Menos que las seis toneladas oficialmente reconocidas en operaciones de las patrullas argentinas en este primer año en que el Ejército decomisa drogas. Un fracaso realmente y la verdad que en un caso como éste lleva a sospechar que tan bajo rendimiento con semejante despliegue es raro.

El debate está planteado, el Gobierno que asuma en diciembre próximo deberá decidir si dar más participación al Ejército o no, independientemente que las fuerzas de seguridad no están tan conformes de asumir este compromiso.