Dilma en jaque, acorralada por la corrupción y la violencia

La imagen positiva de Dilma Rouseff, que el año pasado ganó su reelección en Brasil, está en su punto más bajo. La aprobación del Gobierno de la presidenta brasileña bajó al 8 por ciento y el rechazo a su gestión aumentó a un 71 por ciento, según una encuesta divulgada por el Instituto Datafolha. Si bien en su país la corrupción ha sido por años moneda corriente, el electorado parece haberse agotado de esta enfermedad endémica que se lleva muy buena parte del dinero de los brasileros.

La crisis política y económica brasileña se agrava a razón de día a día. La nueva detención de José Dirceu, hombre fuerte del primer Gobierno de Lula —en arresto domiciliario por su participación en el caso Mensalao (el soborno de diputados por el PT a cambio de sus votos), e implicado ahora en el escándalo de corrupción de Petrobras—, fue seguida de esta encuesta que sitúa a la presidenta, Dilma Rousseff, como la líder más impopular de la historia de la democracia y de una derrota parlamentaria del Ejecutivo a la que contribuyeron con sus votos los propios diputados del partido en el poder: se aprobó una subida salarial para los altos funcionarios que va en dirección opuesta a la política de austeridad que trata de aplicar Rousseff.

Los tres hechos confirman el descrédito del PT y el aislamiento de la presidenta en un momento crucial para que Brasil corrija el rumbo y vuelva al crecimiento. Pero también apunta a dos factores que podrían resultar decisivos para salir del actual marasmo. Primero, hay que destacar que en las listas de la Operación Lava Jato hay nombres de todo el arco parlamentario, y es que la relación demasiado confortable entre empresarios y políticos a la hora de adjudicar contratos ha sido un secreto a voces en el sector público desde los tiempos del Imperio. El hecho de que la Justicia esté siendo capaz de meter la tijera en ese entramado, no solo deteniendo a los presuntos corruptos sino también a los presuntos corrompidos, da al menos una buena señal del funcionamiento de una institución en la que el pueblo brasileño nunca ha confiado. Cosa que bien podemos envidiar los argentinos.

Ya antes de reasumir Dilma, fuertes críticas arreciaban por sospechas de sobrefacturación en los estadios realizados para el mundial. Así y todo Dilma ganó, pero la denuncia por la sobrefacturación se concretó y ya acumula fojas en la justicia y eso enfurece a la ciudadanía.

Lo mismo o más sucede con el “petrolao”, es decir los negociados de Petrobras, la mayor empresa de Brasil que por cuestiones de corrupción y una vez que se destaparon los pasamanos de dineros entre funcionarios y legisladores, la dejaron casi en la quiebra. Inversores que se retiran y sucursales como las de Argentina que serán vendidas a capitales nuestros que, a estas horas, están en plena puja por el precio.

La crisis política viene acompañada por una acumulación de desastres económicos que llevó a que la oposición en el Parlamento le pida recurrentemente la renuncia a lo que Dilma ha dicho que va a resistir, pese a las marchas y los ataques que está recibiendo.

Pero la situación excede el “tira y afloja” político ya que el reclamo tomó las calles. Esta semana San Pablo pasó una noche de terror con 19 muertos y siete heridos en una serie de ataques realizados por personas encapuchadas, probablemente policías y parapoliciales, en la periferia de la ciudad. Estas muertes evocan otros asesinatos, siempre con menor número de víctimas, ocurridos en lo que va del año en otros puntos de la región metropolitana de la mayor ciudad brasileña y que se los adjudican a grupos de “exterminio” (paramilitares), en los que se sospecha que hay participación de agentes policiales. No es la primera vez que estos fenómenos aparecen en Brasil, estos grupos que asesinan a la gente en la calle, en una protesta por ejemplo, generando el lógico y esperable estallido social. En mayo de 2006, el Estado de San Pablo sufrió una ola de atentados contra ómnibus, policías y comisarías, que dejaron casi 300 muertos y fueron atribuidos al Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los principales grupos del crimen organizado del país y que opera desde el interior de los presidios paulistas.

Debido a la proximidad de los incidentes, tanto física como temporal, las autoridades trabajan entonces sobre la hipótesis de que todos los crímenes están relacionados entre sí.

Además, el hecho de que la Policía que investiga el caso haya encontrado casquillos de armas habitualmente utilizadas por las fuerzas del orden en varios de los lugares donde se produjeron los incidentes apunta a la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas por parte de algunos miembros del cuerpo.

Como queda claro, felizmente para el pueblo brasilero aunque no para la clase política, el Gobierno no controla al Poder Judicial, como debe ser. ¿Pero el Gobierno tampoco controla la policía, cual es su obligación? Porque si algo le falta a Dilma para un fracaso de su segunda gestión es que a las dificultades económicas y políticas se sumen la violencia y el descontrol social. Brasil es un país que rápidamente se puede convertir en un polvorín, peor que Venezuela, donde hemos visto cómo saquean supermercados por la escasez de alimentos. 

El clima político está totalmente polarizado en Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, parece que entrará en un estado de eclosión. La oposición ha llamado a una marcha simultánea por todo el país hoy exigiendo la destitución de Rousseff, totalmente vulnerable y debilitada, con un 71 por ciento de desaprobación ascendente. La corrupción, un mal endémico que la ONU considera como una de las mayores amenazas contemporáneas, está tocando en todos los niveles del control político del país y la gente parece haber llegado al éxtasis de su hartazgo. Y todo gracias a que la Justicia allí sí actúa eficazmente y desnuda tramas que, de otro modo, permanecerían bajo la figura de sospecha. Ante los procesos judiciales iniciados, con las pruebas sobre la mesa, al brasilero no le queda duda y reacciona de un modo contundente, al punto de rechazar masivamente lo que, a la luz de las urnas, votó hace menos de un año. Dilma puede caer, como le sucedió a Collor de Mello en 1992, solo que ahora, por los nuevos componentes del ajedrez de la política internacional, podría arrastrar al régimen de Maduro, en Venezuela, al que han salpicado los referidos escándalos.

Para la Argentina no son buenas noticias, porque a la devaluación del dólar en Brasil se suman los conflictos políticos y de corrupción y es nuestro principal socio del Mercosur. No sorprende que en estos días, por ejemplo, empresas de autopartes en Córdoba hayan empezado con vacaciones adelantadas y suspensiones. Precisamente porque eso es lo que se exporta en forma masiva al vecino país. No obstante, lo que más debe preocuparnos es la cuestión social, ya que con la modalidad operativa de las fuerzas parapoliciales y una población tan numerosa y enardecida, puede ocurrir una masacre.