La Justicia puso la lupa sobre el patrimonio de Adorni: 20 preguntas que deberá responder en 15 días
El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete a justificar la evolución de sus bienes tras un informe técnico que detectó inconsistencias.
El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni en la causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El documento contiene 20 preguntas concretas que el exfuncionario deberá responder en un plazo de quince días para explicar el aumento de su patrimonio.
La medida constituye el paso más significativo de la investigación hasta el momento y llega después del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJI), el organismo encargado de analizar las cuentas del exjefe de Gabinete y de su pareja, Bettina Angeletti. Según consta en el documento judicial, el análisis conjunto de la prueba reunida, cotejada con las declaraciones juradas patrimoniales integrales —públicas y reservadas— y sus rectificativas, habría permitido advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento.
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La intimación alcanza los incrementos, compras y desembolsos reconstruidos por la fiscalía que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontrarían hasta el momento explicación suficiente. Pollicita trabajó durante la feria judicial para terminar el requerimiento, que en tribunales algunos ya describen como una "indagatoria blue": un pedido de explicaciones formal previo a definir si la causa avanza hacia instancias más gravosas.
Qué analizó la DAJI y por qué
El informe técnico había sido solicitado por el propio Pollicita con un objetivo preciso: reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 —días después de la asunción del exfuncionario como vocero presidencial— hasta la actualidad. El estudio comprendió un análisis individual de cada uno y una evaluación consolidada del grupo familiar, con foco en la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada período investigado.
El organismo debía además identificar los ingresos con respaldo documental y diferenciarlos de movimientos que no representaran nuevas fuentes de dinero: transferencias entre cuentas propias, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones de terceros. Otro eje consistió en reconstruir las entradas y salidas de fondos para vincularlas con la compra de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.
Un capítulo sensible fue la operatoria con criptoactivos. La DAJI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas y transferencias, y contrastarla con las declaraciones juradas y los antecedentes bancarios y fiscales del expediente. El punto cobra relevancia por los supuestos 200.000 dólares que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin, un aspecto que habría demorado la elaboración del informe por la incorporación de nuevos estudios.
Las 20 preguntas: dólares en efectivo, Indio Cua y los pagos a Tabar
El cuestionario que Adorni deberá responder recorre prácticamente toda su vida patrimonial reciente. Deberá explicar el origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y acreditar la existencia y fecha cierta de los mutuos invocados con dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, incluyendo la efectiva entrega de los fondos.
También tendrá que precisar la fuente de los fondos usados para comprar un automotor marca Jeep, el lote 380 del Country Indio Cua y la tasa de ingreso al emprendimiento, y la procedencia de los 245.000 dólares que se habrían pagado al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda de ese lote, con recibos y constancias de respaldo. En la misma línea, deberá justificar los pagos a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550 —abonados en dólares y en efectivo— y el origen de los fondos para la compra de esa propiedad.
Otros puntos apuntan al dinero en efectivo empleado en viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y matrículas escolares; a la reiterada utilización de terceros para adquirir bienes y afrontar pagos por cuenta suya y de su familia; al detalle de su operatoria cripto y el capital inicial; y a cómo concilia el nivel de gastos acreditado en sus cuentas, tarjetas y billeteras virtuales con los ingresos lícitos del grupo familiar. La fiscalía también requirió explicaciones sobre veinte comprobantes informados ante ARCA en 2024 y 2025 por más de seis millones de pesos cuyo pago no pudo conciliarse con tarjetas ni cuentas bancarias, sobre honorarios notariales de tres operaciones inmobiliarias facturados íntegramente a Angeletti, sobre consumos de personas de su entorno como adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni, y sobre una facturación de una concesionaria automotor a su pareja por más de cuatro millones de pesos en 2026 que podría corresponder a un rodado no declarado.
Una causa en instrucción y otro expediente en paralelo
La causa por presunto enriquecimiento ilícito permanece en etapa de instrucción, y las respuestas de Adorni serán determinantes para definir los próximos pasos. Si las explicaciones resultaran satisfactorias, las inconsistencias podrían quedar despejadas; si no, la fiscalía contaría con elementos para profundizar la investigación.
En paralelo se tramita otro expediente vinculado con el viaje que el exfuncionario realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandío. Allí se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.