La Cámara Federal ordenó liberar a cuatro excolaboradores del matrimonio Kirchner
Se trata de los exsecretarios: Roberto Sosa y Daniel Álvarez, el exjardinero Ricardo Barreiro y al ex recaudador Raúl Copetti. Bonadio había procesado con prisión preventiva al considerar que tuvieron el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos.
Buenos Aires, (NA) - La sala I de la Cámara Federal resolvió ayer excarcelar a cuatro excolaboradores del matrimonio Kirchner que se encontraban detenidos con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz, en el marco de la causa de los cuadernos por coimas en la obra pública.
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Se trata de los exsecretarios de los mandatarios Néstor y Cristina Kirchner Roberto Sosa y Daniel Álvarez, el ex jardinero Ricardo Barreiro y al ex recaudador Raúl Copetti.
La medida del tribunal también alcanzó al ex secretario Fabián Gutiérrez, pero ya estaba en libertad tras haberse acogido a la figura del arrepentido.
Luego de haber confirmado el procesamiento de la ex presidenta por considerarla jefa de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio del direccionamiento de la obra pública, la Cámara Federal evaluó que no hay pruebas para que los cinco ex colaboradores sigan involucrados en la investigación.
Falta de mérito
Por eso, los jueces Leopoldo Bruiglia y Pablo Bertuzzi les dictaron la falta de mérito y dispusieron sus excarcelaciones.
En tanto, en el caso de Gutiérrez y Álvarez, los magistrados decidieron procesarlos por el delito de encubrimiento.
A Copetti, el exrecaudador del Frente para la Victoria en Santa Cruz, se le confirmó el procesamiento por tenencia de arma de guerra, ya que en el allanamiento al ser detenido se le encontró una pistola Beretta 9 mm, un rifle y una pistola Tanfoglio 9 mm.
El juez federal Claudio Bonadio había procesado con prisión preventiva al considerar que tuvieron “el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente”.
A los cinco el magistrado los había señalado por participar en las maniobras de “traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido” por las coimas pagadas por empresarios a exfuncionarios a cambio de ser favorecidos con la obra pública.