La bala que mató al joven mapuche es compatible con la de Prefectura Naval

Patricia Bullrich defendió lo actuado por los prefectos durante las tareas de rastrillaje que culminaron con la muerte de Nahuel, al señalar que se trató de una “acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley”. El Obispado de Bariloche le pidió al Gobierno “que instaure canales de diálogo” para resolver los reclamos de los pueblos originarios.

Buenos Aires, (NA) - El joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel murió de un disparo con una bala 9 mm, calibre que se corresponde con las armas utilizadas por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval, confirmaron resultados preliminares de una autopsia.

El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo del joven mapuche y en una trayectoria ascendente comprometió órganos vitales como el estómago, el intestino y el hígado hasta quedar inscrustada en una costilla, sin orificio de salida.

Los resultados finales de la autopsia, practicada el domingo por la tarde en Bariloche, se conocerán mañana o el jueves, publicó un diario de Río Negro.

De esta manera, se confirmaría que personal de Prefectura fue causante de la muerte de Nahuel, de 22 años, que junto a un grupo de integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu había logrado escaparse el jueves de un operativo de desalojo de las tierras que ocupaban cerca del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

Sin embargo, los prófugos -que encontraron refugio en la ladera de la montaña- fueron ubicados el sábado por una patrulla del Grupo Albatros que, en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas judicialmente, se enfrentaron con los mapuches luego de que éstos se negaran a entregarse y dispararon con armas de fuego.

Tras el enfrentamiento (el Gobierno asegura que los mapuches tenían “armas de grueso calibre” que fueron utilizadas contra efectivos de esa fuerza), dos de ellos bajaron de la montaña con una tercera persona herida de gravedad, que era Nahuel, y quedaron detenidos.

Se trataba de Fausto Jones Huala (el hermano de Facundo); y Alejandro González, que quedaron incomunicados en el aeropuerto de Bariloche y, según indicaron en la comunidad mapuche, fueron “torturados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por haber sido los “últimos testigos del crimen”.

“Fueron tremendamente torturados. No sé cual será el estado de salud y físico de ellos”, señaló la dirigente mapuche Moira Millan.

Según relató Sonia Ivanoff, la abogada de Jones Huala y González, ellos son “los últimos testigos del crimen”, ya que bajaron a Rafael del cerro para pedir una ambulancia y “estuvieron al lado” de él “hasta que murió”.

“Cuando llegó la ambulancia, Rafael ya estaba muerto”, detalló Ivanoff, que coincidió en que sus defendidos fueron “golpeados” en la camioneta, luego de ser detenidos bajos cargos de “usurpación”.

El resto del grupo mapuche que se enfrentó a los prefectos permanecía en el monte, incluyendo a otras dos personas heridas durante el mismo episodio que determinó el fallecimiento de Nahuel.

Una de las heridas es Johana Colhuan, una soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, de alrededor de 20 años, que tiene una herida en el hombro. Un hombre de más de 30 años, conocido en la comunidad mapuche como “peñi Coña”, también tiene una herida en el brazo izquierdo.

Fuentes de la comunidad mapuche informaron que en ninguno de los dos casos las heridas revisten gravedad, por lo que no es imprescindible que abandonen el refugio para ser atendidos en un hospital de Bariloche.

El domingo, una comitiva de mediación llegó hasta el refugio oculto de los mapuches en la montaña con el objetivo, por un lado, de que los heridos puedan ser atendidos por médicos allí mismo y, por otro lado, que el juez Gustavo Villanueva pueda ingresar al lugar donde se produjo el enfrentamiento para realizar pericias, lo que anoche aún no se había concretado.

Un comunicado de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu confirmó que había “consentimiento” para “constituir una comitiva acordada con el juez” para negociar esos dos puntos, integrada por representantes legales de la comunidad y el representante del Obispado de Bariloche, Juan Chaparro.

“Hay grupos violentos”

En conferencia de prensa, Patricia Bullrich defendió lo actuado por los prefectos durante las tareas de rastrillaje que culminaron con la muerte de Nahuel, al señalar que se trató de una “acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley”.

Acompañada por su par de Justicia, Germán Garavano, Bullrich avaló la teoría de la “emboscada” mapuche contra los prefectos, aseguró que “eran 15 o 20 en formación tipo militar con lanzas y cuchillos en las puntas, con máscaras anti gas y armas blancas” e hizo una defensa cerrada del proceder de esa fuerza de seguridad.

“El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no: el Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una orden judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”, sentenció Bullrich desde la Casa Rosada.

“Le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina el carácter de verdad”, insistió la ministra, que aseguró que en el episodio registrado en Villa Mascardi este sábado hubo también “armas de grueso calibre” que fueron utilizadas contra efectivos de esa fuerza.

En cambio, Ivanoff negó que haya habido un “enfrentamiento” en el monte, y catalogó el hecho como un “asesinato”.

“No pudo haber enfrentamiento porque le dispararon por la espalda”, afirmó la letrada.

En un reportaje publicado en un diario, Ailén Tapia, una joven mapuche que quedó detenido tras el desalojo del jueves pasado, reveló que Nahuel fue “a llevarles comida a los chicos que habían quedado arriba del cerro y la terminó pagando”.

La ceremonia de entierro de la víctima se llevó a cabo durante la tarde de ayer.

Millán reveló que el 9 de diciembre se realizará una jornada de movilización en distintos puntos de Argentina y Chile para reclamar por “el fin de la violencia estatal contra los pueblos originarios en general y contra las comunidades mapuches en particular”.

Pedido de la Iglesia

El Obispado de San Carlos de Bariloche le pidió ayer al Gobierno “que instaure canales de diálogo para resolver cuestiones relativas a los reclamos de los pueblos originarios”, tras advertir que “ignorarlos durante décadas puede esconder sutilmente algún tipo de violencia institucional”.

La entidad religiosa dijo que lamentaba “profundamente” el fallecimiento del muchacho de 22 años que pertenecía a la comunidad Lafken Wincul, en la provincia de Río Negro, y manifestó su solidaridad con los familiares.

“Lamentamos profundamente la muerte de Rafael Nahuel, por lo que sabemos hasta ahora, fruto del accionar de las Fuerzas Federales en un operativo ordenado y supervisado por el Juzgado Federal de Bariloche. Queremos solidarizarnos con el dolor de sus familiares. Lamentamos también los heridos de bala en esos enfrentamientos”, indicó el comunicado.