La Argentina en la carrera global por los centros de datos: proyectos por hasta US$25.000 millones y una regulación que falta
La Patagonia concentra el interés de desarrolladores internacionales. El Gobierno apuesta al Súper RIGI, pero los avances concretos siguen siendo limitados.
La expansión mundial de la inteligencia artificial puso a la Argentina en el radar de los desarrolladores de centros de datos. La Patagonia concentra el interés por una combinación de factores —clima frío, disponibilidad energética y territorio— y el Gobierno impulsa un régimen de incentivos específico para captar esas inversiones.
El contraste entre los anuncios y las obras, sin embargo, define el estado actual del asunto: los montos proyectados son enormes y los avances verificables, acotados.
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Por qué la Patagonia
Las condiciones que atraen a los desarrolladores son concretas. Las bajas temperaturas reducen de manera significativa el costo de refrigeración, que constituye uno de los mayores gastos operativos de estas instalaciones. A eso se suma la disponibilidad de gas no convencional de Vaca Muerta, el potencial de generación eólica y solar, y extensiones de territorio con baja densidad poblacional.
En el caso específico de Neuquén se agrega el acceso al agua del río Limay y la capacidad de generación de la central hidroeléctrica Piedra del Águila.
Los proyectos en carpeta
El más resonante es Stargate Argentina. En octubre del año pasado, OpenAI firmó una carta de intención con la empresa argentina Sur Energy, liderada por Emiliano Kargieman —fundador de Satellogic—, para desarrollar un centro de datos de 500 megavatios con una inversión estimada de hasta 25.000 millones de dólares. Sería el décimo nodo de la red global Stargate y el primero en América Latina.
En ese esquema, OpenAI actúa como comprador de capacidad de cómputo y no como inversor directo. Según declaró Kargieman, el objetivo era comenzar la construcción este año para tener el complejo operativo a principios de 2027.
Pampa Energía contempla abastecer un centro de datos de hasta 500 megavatios junto a la central térmica Loma de la Lata, en Neuquén.
FlexDomes, de Estados Unidos, analiza un proyecto de 120 megavatios en la misma provincia, con una inversión inicial de 1.400 millones de dólares.
Green Capital, de origen polaco, proyecta un centro de 300 megavatios en Chubut, con posibilidad de escalar hasta los 3.000 megavatios apoyado en parques eólicos y solares.
A esa lista se suman reuniones del Gobierno con directivos de Tesla —que evalúa un desarrollo en Neuquén en asociación con YPF Luz— y de DayOne Data.
El Súper RIGI
La herramienta con la que el Gobierno busca captar estas inversiones es el denominado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio, pero en septiembre no consiguió dictamen en el Senado y su tratamiento sigue pendiente.
El esquema propone beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que superen los 1000 millones de dólares, e incluye de manera explícita a los centros de datos para inteligencia artificial, la infraestructura digital estratégica, los semiconductores y la biotecnología avanzada. A diferencia del régimen original, está diseñado exclusivamente para actividades nuevas: quedarían excluidas las ampliaciones de proyectos existentes.
Lo que todavía no está
Hay tres frentes abiertos que condicionan el desenlace.
El primero es la infraestructura. La Patagonia dispone de energía y territorio, pero carece de parte de las condiciones necesarias: líneas de transmisión eléctrica con capacidad suficiente y conectividad de fibra óptica con la redundancia que exigen estas instalaciones.
El segundo es la regulación. La Argentina no cuenta con normativa específica para centros de datos, ni en materia comercial, impositiva ni ambiental. Mientras el Súper RIGI no sea aprobado, el único marco disponible es el RIGI vigente, que es un régimen de incentivos y no un instrumento de regulación sectorial. En la Patagonia, además, distintas comunidades expresaron preocupación por el consumo de agua y por el impacto ambiental en una región donde el derrame económico de la actividad petrolera sigue siendo motivo de discusión.
El tercero es la continuidad. Representantes del sector que operan en el país señalaron que la estabilidad política y económica resulta determinante para este tipo de decisiones, y que esa condición debe sostenerse en el tiempo para generar confianza en los inversores.
El estado real de los anuncios
Conviene una precisión que el entusiasmo suele omitir. A más de un año del anuncio de Stargate Argentina, los avances públicos continúan siendo limitados. Ninguno de los proyectos mencionados pasó todavía a la etapa de construcción efectiva.
Eso no invalida el interés —las reuniones oficiales y las cartas de intención existen—, pero marca la distancia entre una carta de intención y una obra en marcha. En una industria donde los plazos de conexión a la red eléctrica se miden en años y donde a nivel global hay decenas de proyectos frenados por falta de suministro, esa distancia no es un detalle.
Lo que está en juego
La discusión excede a la Patagonia. La expansión de la capacidad de procesamiento tendría efectos indirectos sobre el conjunto del país: los polos tecnológicos y las economías agroindustriales del centro requieren conexiones de alta velocidad y baja latencia para escalar soluciones de computación en la nube, automatización y procesamiento de datos aplicados a la producción.
El planteo de fondo, tal como lo formulan quienes impulsan estos desarrollos, es si la Argentina puede pasar de exportar recursos naturales a exportar capacidad de cómputo. La respuesta no depende solo de las condiciones naturales, que están, sino de la infraestructura que falta y de las reglas que todavía no se escribieron.