Juicio por apremios ilegales: cinco policías de la DDI y el GAD son juzgados en Pergamino
El juicio oral por el caso TAMEQU se desarrolla en el Juzgado Correccional 1. Los efectivos están acusados por un allanamiento ilegal y presuntas vejaciones a moradores en marzo de 2021.
El juicio oral por el caso TAMEQU, que involucra a cinco efectivos policiales de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), se desarrolla entre el miércoles y el jueves en los Tribunales de Pergamino.
El debate, a cargo del juez Carlos Picco, analiza las responsabilidades penales por un procedimiento realizado en marzo de 2021 en el predio de la antigua fábrica de los hermanos Quaglia, frente al ex Gabín Ferroviario.
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El procedimiento investigado
La acusación fiscal sitúa el primero de los hechos el 12 de marzo de 2021, alrededor de las 12:10, cuando efectivos de la DDI Pergamino, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía bonaerense, de la DDI de Moreno y del GAD Pergamino irrumpieron en el inmueble ubicado en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle Lucio V. Mansilla, donde había funcionado la empresa TAMEQU.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, el ingreso se habría concretado sin una orden judicial, sin que estuvieran acreditadas las circunstancias excepcionales que habilitan un procedimiento de urgencia y sin la autorización de los moradores. La intervención se habría realizado en el marco de una investigación por evasión que tramitaba en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
La fiscalía sostiene que esas circunstancias configuraron un allanamiento ilegal y que los efectivos involucrados deben responder penalmente por su actuación durante el procedimiento.
Las presuntas vejaciones
El segundo hecho incluido en la acusación se refiere al trato que habrían recibido las personas que se encontraban en el inmueble durante el operativo. Según la descripción fiscal, en ese contexto agentes del GAD Pergamino habrían ejercido violencia física y verbal contra los moradores.
La imputación contempla presuntos golpes, pisotones, maniobras de reducción contra el suelo y esposamientos, además de agresiones verbales y amenazas. Esas conductas habrían provocado lesiones calificadas como leves.
La acusación encuadra estos hechos como vejaciones y lesiones leves calificadas, atribuidas a varios de los efectivos en calidad de coautores y bajo las figuras penales señaladas por el Ministerio Público Fiscal. La determinación de las responsabilidades individuales dependerá de la prueba incorporada y valorada durante el debate oral.
Los policías acusados
En el requerimiento de la acusación se identifica a Marcelo Alberto Garrido como imputado por el delito de allanamiento ilegal en calidad de autor. Para él, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cumplimiento en suspenso, además de las accesorias legales y las costas del proceso. La documentación aportada no consigna la cantidad de años solicitada.
Por otra parte, Rubén Darío Alvarado, Guido Daniel Raimondi, Jonatan Javier Benítez y Emanuel Maximiliano González aparecen señalados por la presunta comisión de vejaciones y lesiones leves calificadas, en calidad de coautores, según la calificación legal planteada por la fiscalía.
El requerimiento acusatorio solicita penas de cumplimiento en suspenso para los efectivos mencionados, aunque el material disponible no permite establecer la cantidad de años pretendida para cada uno.
La decisión del juez Picco
Las audiencias que se desarrollan en el Juzgado Correccional 1 constituyen una instancia central para esclarecer las circunstancias del procedimiento efectuado en el predio TAMEQU y determinar si la actuación policial se ajustó a la ley.
Durante el juicio, las partes presentan y examinan las pruebas relacionadas con el ingreso al inmueble y el trato dispensado a sus ocupantes. Al finalizar el debate, el juez Carlos Picco deberá evaluar los elementos incorporados y resolver sobre la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
La causa tiene como eje dos aspectos diferenciados: la legalidad del ingreso al predio y las presuntas agresiones cometidas durante el operativo. La sentencia establecerá si los hechos atribuidos quedaron acreditados y, en su caso, cuáles son las consecuencias penales correspondientes.
Acusación fiscal
El fiscal Francisco Furnari, acompañado del fiscal Germán Guidi encabezan la acusación pública contra los policías.
En tanto, también intervienen como querellantes una organización de Derechos Humanos que brega contra la represión policial.
Abogados defensores
Los acusados están defendidos en su mayoría por abogados particulares durante las audiencias en el Juzgado Correccional 1.