Imputaron a Michetti por supuestas irregularidades en contrataciones de obras
La denuncia fue presentada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, al dar cuenta de la existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión.
BUENOS AIRES, (NA) - La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer a la exvicepresidenta Gabriela Michetti por supuestas irregularidades en contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción en el Senado de la Nación.
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Lo hizo al impulsar la investigación ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en la que además imputó al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo.
Junto con el impulso de la investigación, la fiscal pidió varias medidas de prueba, algunas de las cuales tendientes a tener la documentación relacionada con las licitaciones por las obras encaradas en la Cámara Alta.
La denuncia inicialmente había sido presentada por la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, al dar cuenta de la “existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.
Según la funcionaria, se evidenció “un estado de deterioro” en instalaciones muebles e inmuebles del Senado y presentó la denuncia luego de analizar la cuya licitación, adjudicación y ejecución de obras entre 2018 y 2019.
Concretamente, la sospecha está en tres obras “de magnitud” que fueron adjudicadas a la firma Dinale S.A., que -según la denuncia- “ni siquiera se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación y que no siempre había formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones”.
Entre las obras denunciadas, está la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del edificio anexo Alfredo Palacios; la reestructuración de las vías de escape, contra incendios, pleno de escalera y nuevo ascensor, Sector Solís; y la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios. Según la denuncia, el pago por las obras fue de 180 millones a la empresa que siquiera terminó las obras.